Activistas de SOAW ganan demanda contra
Departamento de Defensa
Con esta decisión se podrían conocer los listados de los más
de 16 mil soldados latinoamericanos que han recibido
entrenamiento, en la última década, en la tristemente
recordada “Escuela de las Américas”
Este
22 de abril la Jueza Phyllis J. Hamilton del Distrito Norte
de California, Estados Unidos, acogió favorablemente la
petición de las activistas de SOA Watch, Theresa Cameranesi
y Judith Liteky, quienes el 13 de febrero pasado se
presentaron ante el tribunal, junto a los abogados Kent
Spriggs y Duffy Carolan, para argumentar su demanda para que
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos revele los
nombres de los estudiantes e instructores extranjeros que
han realizado cursos en la Escuela de las Américas la que
hoy se le conoce como Instituto del Hemisferio Occidental
para la Cooperación en Seguridad.
El fallo dice, textualmente, que “El tribunal considera que
el Departamento de Defensa no ha demostrado de forma
suficiente que puede negar la información solicitada al
amparo de la Ley de Libertad de Información ya que no ha
demostrado que los intereses de privacidad avanzados son
sustanciales, y no ha demostrado a través de la
admisibilidad de la evidencia de que la divulgación de esta
información constituiría una clara injustificada invasión de
la intimidad personal, a la luz del fuerte interés público
en el acceso a esta información”.
Theresa Cameranesi, hoy en una Misión de Observación de
Derechos Humanos en Paraguay, sostuvo que “La decisión de la
Corte es un paso adelante y es esencial para una
transparencia verdadera, pero es sólo un primer paso.
Revelar los nombres, de los estudiantes y de los
instructores, es esencial para que el Congreso realice su
trabajo de fiscalización, bien informados, respecto del
entrenamiento que se da a ejércitos extranjeros”.
Desde el año 2004 que el Departamento de Defensa oculta los
nombres de los soldados e instructores latinoamericanos que
participan del entrenamiento en la Escuela de las Américas
lo que ha impedido monitorear el comportamiento y respeto de
los derechos humanos de los “estudiantes” que asisten a la
academia militar.
Anteriormente, desde los años 1946 al 2004, los nombres
fueron públicos lo que permitió saber a las organizaciones
qué soldados estuvieron implicados en violaciones a los
derechos humanos, y recibieron entrenamiento en EEUU, de El
Salvador, Guatemala, Chile, Argentina, entre otros.
La Escuela de las Américas, que es operada por el Ejército
de los Estados Unidos, fue fundada en 1946 en Panamá con el
objetivo de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas
de guerra y contrainsurgencia.
En 1996, la prensa norteamericana dio a conocer la
existencia de los Manuales de Entrenamiento, y que eran
utilizados en la academia militar, que aconsejaban
"...aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de
recompensa por enemigos muertos".
"La decisión del tribunal es una victoria para la
transparencia y los derechos humanos y contra el secreto del
gobierno ", señaló el fundador de SOA Watch el ex sacerdote
Roy Bourgeois.
En los últimos años graduados de la Escuela de las Américas
han participado en asesinatos en Colombia; han sido parte
del grupo narcotraficante Los Zetas en México; y han estado
involucrados en el golpe de estado en Honduras el 2009.
Los países de Argentina, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y
Bolivia han retirado su contingente militar del
entrenamiento en esta academia militar.
Accountable: Rendición de cuentas
La
jueza Phyllis J. Hamilton en su fallo recordó que la meta de
la Ley de Libertad de Información es “asegurar una
ciudadanía bien informada, cosa fundamental para el
funcionamiento de una sociedad democrática, necesaria para
frenar actos de corrupción como para sostener a los
gobernadores en condición de contabilidad de los
gobernados".
Anteriormente, en el año 2010 el secretario de Defensa,
Robert Gates, ignoró el derecho del público y determinó que
por "Seguridad Nacional" se debe negar a las organizaciones
de derechos humanos el acceso público a más información.
Finalmente, Theresa Cameranesi dice que “con esto renovamos
nuestro compromiso como ciudadanos para hacer seguimiento y
supervisión del Ejército que debe rendir cuentas al pueblo.
Hay una nueva generación de investigadores, como de
organizaciones, ávida por analizar los listados y denunciar
los vínculos del entrenamiento con las violaciones a los
derechos humanos que siguen sucediendo en Colombia, Honduras
y México”.
Fallo de la Jueza Phyllis J. Hamilton en inglés
