EFRAÍN OLIVERA - URUGUAY

1) ¿Cuál es la situación de militarización en su país, con enfoque en lo que se relacione con los EE.UU? En el año 1947 se aprobó el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca). Abarca toda América y las aguas que la rodean hasta 300 millas de la costa. Uruguay lo suscribió, lo mismo que todos los países miembros de la OEA.

En los años '60

En la mitad del pasado siglo XX, en Uruguay se empezó a notar la reducción de la bonanza económica que se había vivido. En la segunda mitad de la década del '60 se dieron varios hechos:

Se instaló un gobierno legal pero sumamente conservador, que entre otras cosas congeló salarios y reprimió fuertemente todas las protestas y gobernó por medio de decretos.

Surgió una guerrilla urbana denominada MLN-Tupamaros que fue combatida por la policía y juzgada por la justicia ordinaria.

EE.UU. a través de la AID proporcionó a la policía equipamiento (sobre todo vehículos y material de comunicaciones) y entrenamiento, tanto en Uruguay como en EE.UU. El entrenamiento incluyó técnicas de tortura.

Finalmente el parlamento declaró el Estado de Guerra Interno y encargó a las Fuerzas Armadas y la justicia militar del combate a la guerrilla, la que terminó derrotada.

Como culminación del proceso, en 1973 las Fuerzas Armadas junto a sectores civiles dieron un golpe de Estado. Se disolvió el parlamento, se estableció censura de prensa, se prohibió la actividad gremial y casi todo tipo de actividad social.

Se persiguió a toda la izquierda, como en otros países de América Latina basándose en la Doctrina de la Seguridad Nacional, llegándose en un momento a que Uruguay fuera el país del mundo que tuviera la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. En casi todos los casos se aplicaron aberrantes torturas, desapariciones, violaciones y tratamientos arbitrarios sin ninguna garantía.

Finalmente, durante el gobierno de Carter, EE.UU. retiró la ayuda militar.

Las FF.AA. del Cono Sur implementaron el Plan Cóndor que produjo miles de muertos, desaparecidos y torturados. Se dice que aún en la actualidad el Plan Cóndor mantiene cierto funcionamiento más allá de los gobiernos civiles.

Después de la dictadura

En Uruguay las FF.AA. nunca fueron depuradas ni juzgadas.

En 1986 fue promulgada la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por la que el Estado renunció a su potestad y obligación de punir los delitos -en el caso de lesa humanidad- si ellos hubieran sido cometidos por militares y policías. Por lo tanto no se pudo hacer justicia ni investigar lo sucedido, como sería el saber lo ocurrido a la mayoría de los detenidos-desaparecidos.

Desde esa época ha habido grandes movilizaciones para anular esa ley -que además va contra tratados internaciones firmados por Uruguay- por todos los medios constitucionales y legales.

Como la ley permite que sea el Poder Ejecutivo quien determine si ciertos delitos están comprendidos dentro de ella, en los últimos años el gobierno del Frente Amplio ha permitido el juzgamiento del ex-presidente Bordaberry -el del golpe del '73- y de su canciller, también del Gral. Gregorio Álvarez -el último dictador y de varios militares implicados en desapariciones y traslados clandestinos desde Argentina.

En estos momentos

La cooperación de EE.UU. estaría centrada en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, en el sentido abarcativo que se le da hoy.

No se estaría mandando militares a la Escuela de las Américas.

Sí se manda gente a otros lugares de entrenamiento como el Centro Hemisférico de Defensa, en Washington.

No sabemos que pasa con la ILEA, que funciona en El Salvador y en Lima.

Por parte de Uruguay se estaría tratando de cambiar el sentido de los cursos. Recientemente se firmó un acuerdo con Venezuela y se estaría tratando de establecer otros con Argentina, Brasil, Perú y otros países de la región.

Hoy las FF.AA. de Uruguay están integradas por unos 14.000 efectivos del Ejército, 6.000 de la Armada y 3.000 de la Fuerza Aérea.

Su mantenimiento absorbe un 1.6% del PBI y del presupuesto nacional un 5%, que no es poco (aunque al fin de la dictadura era el 18%). La mayor parte del gasto lo representan los sueldos. Los del personal de tropa -que es rentado ya que en Uruguay nunca funcionó el servicio militar obligatorio- son bajísimos.

Las Misiones de Paz son muy importantes dentro de las FF.AA. Tradicionalmente han participado en misiones en Asia, África y América, pero en los últimos veinte años su crecimiento ha sido notorio. En este momento hay más de 2.600 militares en varias partes del mundo. En el Congo hay más de 1.600 y en Haití más de 1.000. Según datos del 2005, de los países de Sud América que envían personal a las misiones. Uruguay aporta el 43%, Brasil el 22, Argentina 18, Chile 9, Bolivia 4 y Perú 4.

Es muy discutido a quién sirven las Misiones de Paz. Se dice que sobre todo a los países desarrollados ya que derivan misiones complicadas y no inmediatamente estratégicas a países del tercer mundo mientras ellos se ocupan de otras que les importan más.

2) ¿Cómo incide ella en la situación de los derechos humanos?

La impunidad de la mayoría de quienes cometieron delitos de lesa humanidad no es un buen ejemplo de sociedad igualitaria, con diversas consecuencias.

3) ¿Cómo han enfrentado esos temas? ¿Cuál ha sido su experiencia de resistencia? (aciertos, errores, debilidades)

La Ley de Caducidad -ya antes mencionada- también conocida como ley de impunidad, se aprobó en diciembre de 1986 en medio de fuertes presiones militares, admitidas como tales por el gobierno civil y legal.

Inmediatamente, diversas organizaciones y movimientos de la sociedad civil y miembros de los partidos políticos decidieron movilizarse por todos los medios legales y no violentos para dejar sin efecto la ley. Para ello se formó una Comisión Pro Referendum integrada por respetadas personas de diversos sectores.

La constitución de Uruguay permite que las leyes puedan dejarse sin efecto dentro del año de su promulgación a través de referéndums. El mecanismo obliga a la presentación de una cantidad muy elevada de firmas para que la Corte Electoral después llame a plebiscitar la propuesta por medio del voto de los ciudadanos.

Se consiguió la cantidad de firmas necesarias, de las que una vez presentadas se anuló una parte importante, por lo hubo que hacer otra campaña para ratificarlas.

Finalmente, tres años después, en 1989 fue aprobado el llamado a votación. La campaña para ella fue muy dificultada. Se habló del peligro de volver a hechos a los que nadie querría que se repitieran, creándose un clima de temor. En la votación un 57% de las personas votaron por mantener la ley y 43% por dejarla sin efecto. Fue notorio que esta última posición ganara en Montevideo y perdiera en el interior menos informado. Naturalmente, la injusta ley quedó más reforzada que antes, que era uno de los peligros que considerábamos quienes trabajamos por su derogación, entre ellos el SERPAJ.

En 2007, ya con el Frente Amplio en el gobierno, se inició una nueva campaña por una reforma de la constitución por la que se anularan ciertos artículos de la Ley de Caducidad permitiendo el enjuiciamiento de los acusados por terribles violaciones a los derechos humanos e investigación de lo ocurrido. De nuevo trabajamos la mayoría de los que lo habíamos hecho años atrás, además de jóvenes que no habían vivido los hechos del pasado. Ahora no existía el clima amenazante del otro plebiscito, se sabía mucho más cosas que en aquel momento, como los vuelos de la muerte, pero estaba la desventaja de que no se votaría por Si o por No. La consulta se haría junto a las elecciones nacionales. Habría que llegar al 50% + 1 del total de los votos, contándose en contra los de quienes no se hubieran pronunciado y los anulados y votos en blanco. Se llegó a obtener el 47.98% de los votos.

Independiente de las votaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que la ley es incompatible con compromisos asumidos previamente por Uruguay y ha instado al gobierno a investigar y proceder de acuerdo a los tratados.

También la Suprema Corte de Justicia de Uruguay ha emitido un fallo declarando que la ley es inconstitucional.

Además, en los últimos años hemos organizado actividades contra la presencia de tropas uruguayas en Haití. Por mi parte, en el 2005, participé en una Misión Internacional de Observación y Apoyo al Pueblo Haitiano.

4) ¿Qué acciones podemos hacer juntos para enfrentar esta situación y así contribuir a la paz y soberanía de nuestros países?

Creo que es un tema para tratarlo en nuestro Encuentro, junto a la problemática de los demás países.