Tegucigalpa.-(mi�rcoles 1 de julio 2009).- A petici�n del presidente de facto Roberto Micheletti, el Congreso Nacional aprob� hoy un decreto que suspende las garant�as constitucionales de la ciudadan�a y que pondr�a en peligro las vidas de quienes exigen la repatriaci�n del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales.

 

Las garant�as estar�n suspendidas mientras dure el toque de queda que ha sido implantado  hasta segunda orden en horario de 10:00 de la noche a 5:00 de la ma�ana y que se hizo efectivo desde el 30 de junio, fecha en que el presidente constitucional de Honduras Manuel Zelaya fue capturado y expulsado a San Jos� Costa Rica.

 

El decreto  fue aprobado en un solo debate (ya que se mocion� para dispensar los primeros dos debates) por los diputados y diputadas al Congreso Nacional, a excepci�n del partido Unificaci�n Democr�tica (UD) a trav�s de la diputada Doris Guti�rrez, que es la �nica que ha asistido a las sesiones.

 

Los derechos constitucionales suspendidos por la C�mara Legislativa son el 71, 78, 79, 81 y 99 de la Constituci�n de la Rep�blica.

 

El art�culo 71 establece que ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por m�s de 72 horas sin ser puesta a la orden de la autoridad competente para su juzgamiento.

 

La violaci�n a este derecho individual violenta el principio de legalidad porque dejar�a "indefinido el tiempo de detenci�n de un ciudadano o ciudadana. Esta acci�n ha sido calificada por el Comit� de Familiares de Detenidos Desaparecidos como una violaci�n grav�sima, no solo a la legislaci�n vigente sino ante la comunidad internacional.

 

Por otra parte el art�culo 78 sostiene que se garantizan las libertades de asociaci�n y de reuni�n siempre que no sean contrarias al orden p�blico y a las buenas costumbres.

 

En este aspecto, la suspensi�n de esta garant�a deber�a ser bajo ciertos par�metros, pero el decreto aprobado por el legislativo, mediante iniciativa del presidente de facto  Roberto Micheletti,  limitar�a la libertad de reuni�n pac�fica, sin armas y la manifestaci�n p�blica.

 

Aspectos, que no est�n contemplados en la Constituci�n como facultad del Consejo de Ministros ni del presidente de la Rep�blica , ni est� tampoco contemplado dentro de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos.

 

Expertos en el tema, consideran que el derecho a reunirse pac�ficamente (art�culo 79) que tienen los ciudadanos y ciudadanas es un derecho universal, por lo que no se entiende por qu� el Poder Legislativo a iniciativa del presidente Micheletti lo hayan limitado bajo el argumento de preservar la tranquilidad y seguridad ciudadana.

 

En la C�mara Legislativa se ha suspendidoel derecho de los ciudadanos y ciudadanas a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la ley se�ala.

 

Este derecho, es un derecho humano fundamental que genera cierta duda, si puede ser o no limitado o el permanecer en el domicilio que es otra de las garant�as que se pretende restringir con esta propuesta de decreto.

 

Un experto consultado sobre la suspensi�n del art�culo 71 constitucional,  sostuvo que de acuerdo a la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos se estar�a violentando el art�culo 27 numeral 2 que establece que existen algunos derechos y garant�as que no pueden ser limitadas.

 

Tal es el caso del reconocimiento a la persona humana como tal, el derecho a la vida, a que se respete la integridad f�sica, la libertad y seguridad personal. Tambi�n a no ser sometido a una detenci�n o encarcelamiento de manera arbitraria que es uno de los aspectos torales que tocar�a el decreto en menci�n.

 

Por otro lado, el experto que pidi� mantener su nombre en anonimato, a�adi� que el derecho a ser llevado sin demora ante la autoridad competente se estar�a violando y que directamente tambi�n ataca ese art�culo 7 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos.

 

La Convenci�n tambi�n establece en su art�culo 6, el derecho a recurrir ante un tribunal para que se decida en torno a la legalidad de la detenci�n, se ve tambi�n comprometida con la aprobaci�n del virtual decreto.

 

Asimismo conforme al art�culo 9 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a no ser detenido m�s que por delitos o acciones que la misma ley interna las se�ale como delito, est� b�sicamente prohibido.

 

Por otro lado, el experto apunt� que "creo que se cometer�a tambi�n una violaci�n flagrante a la Constituci�n , puesto que la misma establece que una medida de este tipo solo puede ser dictada en caso de una invasi�n y no estamos en un caso de invasi�n al territorio nacional".

 

"Una perturbaci�n grave de la paz generada por esa invasi�n, lo cual no tiene tampoco alcances o una calamidad general, supuestos que de momento no veo y si consideramos que el presente Consejo de Ministros de hecho y no de derecho o sea un Consejo de Ministros de facto, no tiene b�sicamente esa atribuci�n", sostuvo.

 

Refiri�ndose a la suspensi�n del art�culo 99 constitucional que establece que el domicilio es inviolable y que ning�n ingreso o registro podr� verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita, el experto dijo que "b�sicamente esa garant�a quedar�a a libre arbitrio de quienes nos est�n gobernando actualmente y b�sicamente del ej�rcito y polic�a".

 

A�adi� que "es una discrecionalidad bastante amplia que opera muy en contra de los ciudadanos y ciudadanas que durante el toque de queda (de 10:00 de la noche a 5:00 de la ma�ana) podemos estar en nuestro domicilio y perfectamente pueden amparados en eso, cualquier elemento de la autoridad sacarnos".

 

"Pueden entrar a nuestras casas, pueden detenernos el tiempo que ellos quieran y b�sicamente eso ser�a una arbitrariedad enorme. Nadie puede andar en la calle durante el toque de queda y ni siquiera en su domicilio, porque este derecho se ve comprometido con los alcances de este decreto", advirti� el defensor de derechos humanos y profesional del derecho.

 

Consultado si estar�an en peligro dirigentes y dirigentas del movimiento social que en su momento apoyaron la encuesta de opini�n del presidente Manuel Zelaya, el abogado expres� que "si usted hace lectura de los antecedentes con los cuales fue detenido el presidente Zelaya, estar�amos en la misma situaci�n, ser�a una regla similar aplicable a todos los ciudadanos y ciudadanas de este pa�s honestos, que quiz�s no tenemos vinculaci�n para nada con el actual conflicto".

 

"El ejemplo de lo que aconteci� el domingo pasado en la casa del presidente, ser�a un ejemplo de la forma de actuar que dejar�a, de llegar a aprobarse un decreto de este tipo", se�al�.

 

La aprobaci�n del decreto que conculca las garant�as constitucionales de la ciudadan�a hondure�a  estar�a recibiendo la condena internacional en las pr�ximas horas.

 

Se conoci� que el gobierno de Dinamarca ha solicitado que se habilite la Corte Penal Internacional (CPI) para que revise este tipo de actuaciones que en su mayor�a han sido ejecutadas por miembros del ej�rcito.

 

"El rechazo internacional volver�a nuevamente a ser un�nime y el Estado de Honduras quedar�a como un estado violador de los derechos humanos, violador de las garant�as elementales de cualquier ciudadano y ampliar�a a�n m�s la fuerza coercitiva que los estados en este momento, est�n haciendo como medida de presi�n para eliminar el gobierno que ha dado el golpe de Estado".

 

Consultado en torno al peligro de presentarse torturas y desapariciones forzadas a ra�z de la aplicaci�n del decreto por fuerzas policiales y militares, el experto se�al� que "bueno, con una discrecionalidad como la que se est� pretendiendo, por ejemplo con el ingreso al domicilio va un allanamiento, probablemente va una detenci�n, esa detenci�n que no va a poder ser comunicada a la autoridad competente, queda a discrecionalidad de poder depositar a las personas en cualquier lugar y no en los centros de detenci�n oficialmente reconocidos por la ley; en fin yo creo que ah� tenemos colateralmente un sinn�mero de violaciones graves a los derechos elementales de las personas".

 

La madrugada del domingo 28 de junio de 2009, alrededor de las 5:00 de la ma�ana, en la colonia 3 Caminos de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, un comando policial irrumpi� intempestivamente en la residencia del mandatario y arrest� al presidente Zelaya.

 

Posterior a la captura efectivos militares lo trasladaron hacia la base de la Fuerza A�rea , desde donde el mandatario fue trasladado en avi�n a  San Jos� Costa Rica.

 

El procedimiento utilizado por polic�as y militares ha sido cuestionado y criticado tanto a nivel nacional como internacional y el gobierno de "hecho" (facto) de Roberto Micheletti no est� siendo reconocido internacionalmente.

 

A partir de la expulsi�n del pa�s del presidente constitucional de la Rep�blica Manuel Zelaya, se han presentado una serie de multitudinarias manifestaciones  en las principales ciudades del pa�s que han recibido la brutal represi�n de las fuerzas policiales y militares y que han dejado decenas de personas heridas y centenares de detenidas.

 

La orden de reprimir a la ciudadan�a que exige la repatriaci�n de Zelaya, ha venido directamente del presidente Roberto Micheletti que asest� el golpe de Estado apoyado por el Congreso Nacional, las fuerzas policiales y los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas, junto a los grupos de poder, temerosos a la encuesta popular que pretend�a realizar el presidente Zelaya.

 

La encuesta popular buscaba la opini�n del pueblo en torno a instalar una cuarta urna en el proceso eleccionario de noviembre pr�ximo, con miras a instalar una Asamblea Nacional Constituyente que creara una nueva constituci�n.

 

En las �ltimas horas se ha informado que el presidente Manuel Zelaya Rosales estar�a arribando al pa�s el pr�ximo s�bado acompa�ado del Secretario General de la Organizaci�n de Estados Americanos (OEA) y de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner que actuar�a como observadora del organismo continental que en un comunicado conden� el golpe de Estado y solicit� la restituci�n del presidente Manuel Zelaya.