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El Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL) , preocupado por la grave situación denunciada por diversas organizaciones de la hermana República de Honduras sobre los crímenes cometidos en contra de la población civil, y que afectan en particular a familias campesinas de la zona del Bajo Aguan, expresa su profunda solidaridad con el pueblo hondureño. En el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se denunció el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación. A esto deben sumarse los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos -iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzosos y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros. Los campesinos se encuentran indefensos ante el saqueo de sus tierras por personajes ligados al régimen político instaurado tras del golpe de estado de 2009. Según informes disponibles, son más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que el Estado hondureño propicie ninguna estrategia que permita solucionar este grave problema social. El conflicto agrario se polarizó a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebalsar los topes existentes a la tenencia de la tierra, y dio lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes ligados al actual régimen. El gobierno, en vez de responder por estas violaciones graves y sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales de la población, inició la operación conjunta Xatruch II, que desde mediados de agosto desplegó en la zona unos mil efectivos policiales y militares de la Fuerza Naval y del Batallón de Infantería con sede en el Aguan, y el Operativo Relámpago –a partir de noviembre del 2011-, bajo la justificación de “disminuir la ola de asesinatos y secuestros en el país”, generando nuevas y graves denuncias sobre torturas de campesinos por parte de agentes de la dicha Operación, con el asesoramiento al Ejército y a guardias privadas de los terratenientes, por marines norteamericanos y paramilitares colombianos; así como la presencia de los paramilitares ligados al narcotráfico conocidos como “los zetas” de México. El presidente Porfirio Lobo responde a los reclamos por la situación de indefensión de la población, a manos de miembros policiales que integran bandas de secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes, presentando al Congreso el pasado 15 de noviembre la iniciativa de convocar a las fuerzas armadas a la lucha contra el crimen. Los 11.000 efectivos de las Fuerzas Armadas podrán, según este proyecto, “participar en forma permanente en la lucha contra el narcotráfico” y “cooperar en el combate al terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, a petición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad”. Mientras tanto, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) divulgó en octubre un informe sobre 207 países según el cual Honduras ocupa el primer lugar con 82,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguida por El Salvador con 66. Este informe parecería ser un marco adecuado para la implementación de la cooperación estadounidense a Honduras, la iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica bajo la premisa de las "amenazas trasnacionales a la seguridad regional", y la permanencia del Comando Sur en territorio hondureño. La "cooperación" estadounidense abarca actividades de entrenamiento bilateral, intercambios educacionales y de conocimiento, misiones de asistencia humanitaria y ejercicios bilaterales y multinacionales de capacitación. La cooperación se extiende al Centro de Adiestramiento para Operaciones de Mantenimiento de Paz en Támara, al norte de Tegucigalpa, con la donación de equipos que apoyan la logística, protección del personal y la efectividad operacional de las fuerzas de seguridad y defensa en Honduras. Esta es la respuesta que ofrece el actual gobierno hondureño a la grave situación social que afecta a su pueblo. A cambio de la implementación de programas que permitan asegurar la paz social, que aseguren el respeto a los derechos humanos, sociales y culturales, ofrece presencia militar extranjera, represión y miseria. Buenos Aires, 23 de noviembre de 2001 Mopassol, Mesa Directiva Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (Mopassol) Paso 493, 3º B, CABA Correo-e: [email protected]
SOA Watch: Oficina América Latina / Calle 34 No. 18-70 - Apartado Postal 437 - Barquisimeto, Lara, VENEZUELA - Teléfono: 58-416-607-0972
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