Del 26 de junio al 1ro de julio del 2015 una delegación del
Observatorio por el Cierre de la escuela de las Américas
visitó México por primera vez. País donde, bajo el
falso discurso de una guerra contra las drogas, se ha
impuesto un modelo de seguridad basado en la militarización
de las fuerzas de seguridad del estado. Dicho modelo de
guerra es financiado por Estados Unidos, quien ha
destinado a través de la Iniciativa Mérida, símil del Plan
Colombia, más de 3 mil millones de dólares en equipo y
entrenamiento de los cuerpos de seguridad. Desde entonces se
ha desatado una espiral de violencia en la que más de 164
mil personas han perdido la vida y miles han sido
desaparecidas. Día a día el “saldo” de esta
repugnable guerra va en aumento.
En las Instalaciones de la UNAM, lugar donde la delegación
se reunión con investigadores del Observatorio
Latinoamericano de Geopolítica
A pesar de este escalofriante escenario, el modelo de
seguridad es celebrado y considerado exitoso por
ambos gobiernos. La supuesta guerra contra las drogas es, en
realidad, un negocio que se alimenta de la expansión de la
violencia, diseñado no para ponerle
fin al tráfico y producción
de drogas sino para perpetuarse a sí mismo. La
militarización ha venido acompañada de la imposición
de un conjunto de reformas estructurales de carácter
neoliberal, que han desatado un proceso de mercantilización
y privatización de la tierra y otros recursos
geoestratégicos hasta ahora cerrados al mercado, todo en
beneficio de grandes corporaciones transnacionales. En esta
guerra de despojo y control, grupos del crimen organizado
son utilizados para inducir miedo, violencia, caos y
confusión con el fin de destruir el tejido social y
desmovilizar cualquier tipo de resistencia organizada,
obligando a las comunidades a abandonar sus tierras, ricas
en recursos naturales codiciados por la minería y otras
industrias.
La policía comunitaria es un modelo ciudadano de seguridad y
justicia exitoso basado en “usos y costumbres”. En Guerrero,
nos reunimos con integrantes de la Policía Comunitaria de
Olinalá, quienes han puesto un alto al crimen organizado y
han jugado un papel importante en la defensa del territorio
frente a la instalación de distintas empresas mineras de
capital transnacional. El estado ha emprendido una
estrategia de criminalización en contra de las policías
comunitarias, ya que estas representan una amenaza a los
oscuros intereses económicos que se ciernen sobre la región
y han puesto en evidencia la inutilidad de la seguridad
pública.
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Tlapa, Guerrero. Centro de Derechos Humanos Tlachinollan
donde la delegación se reunió con integrantes de la Policía
Comunitaria de Olinalá
La delegación visitó en prisión a Nestora Salgado,
comandanta de la policía comunitaria en Olinalá quien al
igual que otros 12 integrantes de dicha organización son
considerados criminales de alto riesgo, por lo que
han sido privados de su libertad bajo los terribles
cargos de terrorismo, secuestro, robo agravado y portación
de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
Su injusta detención y su arbitrario proceso demuestran que
las distintas experiencias de seguridad comunitaria, al
mantener la paz sin militarización, son consideradas una
amenaza al modelo de guerra impuesto por el Plan Mérida.
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La delegación reunida con Matilde Salgado, hermana de
Nestora, a las afueras del Reclusorio Femenil Tepepan.
Durante el transcurso de la guerra, las ejecuciones
extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas a
manos de agentes del estado se han convertido en
prácticas sistemáticas e impunes. En la normal de
Ayotzinapa escuchamos de la voz de los padres y madres de
los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos a manos del
estado el 26 de septiembre pasado, cómo la
normal rural, cuna de legendarios luchadores sociales, ha
sido un obstáculo para los grupos de poder dominantes por
décadas. Por lo qué a diez meses del crimen de estado,
los padres de los estudiantes desaparecidos rechazan
“la versión oficial” y exigen se abran nuevas líneas de
investigación que incluyan al ejército y a la Policía
Federal, ya que hay evidencias de su participación
en el crimen. La
desaparición de los estudiantes reveló el objetivo real de
la militarización: aniquilar las resistencias de
todos aquellos que se opongan a los intereses económicos
trasnacionales y luchen por la defensa de su territorio, sus
recursos y sus derechos.
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Compartiendo dolor de la sombría impunidad
Desafortunadamente la Iniciativa Mérida también representa
una amenaza de muerte para miles de migrantes, expulsados
por la violencia y la marginación en sus países, que en su
camino a Estados Unidos transitan por México. El Plan Sur,
subconjunto de la Iniciativa Mérida ha destinado millones de
dólares para el control y militarización de la frontera.
Hasta ahora el Pentágono ha gastado más de $90 millones de
dólares en el entrenamiento de agentes del Instituto
Nacional de Migración por expertos militares estadounidenses
y el número de mecanismos e instrumentos para controlar,
reprimir y criminalizar el flujo migratorio ha aumentado
significativamente.
El Observatorio condena directamente la cláusula de la
Iniciativa Mérida sobre el financiamiento y el entrenamiento
de policías, elementos de las fuerzas armadas mexicanas y
agentes migratorios en instituciones militares y/o por
mandos militares estadounidenses. Algunos de estos elementos
han pasado a engrosar las filas del crimen organizado
después de recibir entrenamiento militar en Estados Unidos.
Debido a la relación directa entre el entrenamiento y
armamento de las fuerzas de seguridad mexicanas financiadas
por la Iniciativa Mérida, y el escalofriante aumento en las
violaciones de derechos humanos, el Observatorio por el
cierre de la Escuela de las Américas denuncia que dicho
adiestramiento es una amenaza en contra de niños, jóvenes,
hombres, mujeres mexicanos y migrantes centroamericanos, y
condena la impunidad con la que fuerzas de seguridad siguen
operando.
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Acción Global por Ayotzinapa a 10 meses del crimen de
Estado.
El control territorial y la eliminación de las resistencias,
y de todos y todas aquellas que con su mera existencia
obstruyen y amenazan la imposición del proyecto económico
dominante, son los verdaderos objetivos detrás de la
militarización impulsada por Estados Unidos en México bajo
la Iniciativa Mérida. Resistencias que hacen frente a la
violencia del Estado, que luchan por la defensa de sus
territorios ancestrales y recursos naturales y que,
apostando a la autonomía, han construido alternativas de
seguridad, gobierno y vida, las cuales celebramos y
defendemos.
¡Por Una América Latina Libre de Militarización!
Evalejandra Chávez -
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
México, Distrito Federal, Agosto 2015
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Delegación en la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, donde
se reunieron con los Padres y Madres de los desaparecidos e
integrantes del Consejo Popular de Tixtla.
