Costa Rica:
El aparato castrense del país sin Ejército
Por Luis Roberto Zamora Bolaños
El autor, el abogado costrarricense Luis Roberto
Zamora Bolaños, en un evento en Washington D.C.
Es claro que tomar la decisión de proscribir un ejército
nacional es una medida que requiere gran determinación y
valor, pero que depende del respaldo del pueblo y sus
valores más sagrados. Costa Rica adoptó la proscripción
del ejército en 1948, delineando con claridad meridiana
la vocación pacifista de su pueblo. Incluso, la Corte
Suprema se refirió a la paz como un “valor fundante de
nuestra Nación”.
Lastimosamente, este “valor fundante” ha venido
sufriendo duros embates por parte de las autoridades
costarricenses, incluso vaciando de contenido y
propósito el hito de la abolición del ejército en este
país de paz.
Hasta el año 2003, Costa Rica fue referente indiscutible
de paz, tanto en la vida social así como eje del actuar
gubernamental. A partir de ahí, y con evento de la
invasión a Irak, la guerra también comenzó aquí, pero
contra la paz misma.
El gobierno de Abel Pacheco apoyó la invasión
británico-estadounidense en un acto violatorio tanto de
nuestro espíritu pacifista como de nuestra obligación de
neutralidad. Dichosamente y ante el amplísimo
descontento popular, la Corte Suprema anuló tal decisión
ante una demanda presentada por el escritor, en un fallo
histórico para el país.
Posteriormente, el gobierno de Oscar Arias abandonando
el espíritu y las políticas pacifistas de Costa Rica,
autorizó la extracción de uranio y la fabricación de
combustibles y reactores nucleares para fines bélicos,
lo cual resulta además contrario al sistema
internacional de las Naciones Unidas. Ante otra demanda
presentada por quien escribe, también la Corte Suprema
anuló la autorización y reconoció constitucionalmente la
existencia del derecho a la paz en Costa Rica.
Las amenazas a la paz continuaron, sin que en adelante
la Corte Suprema defendiera la constitución ni las
leyes, ni mucho menos el espíritu de su pueblo. Así, con
la aquiescencia de la Corte Suprema, el país sin
ejército actualmente se arma de un aparato de seguridad
castrense.
El artículo 12 de la Constitución costarricense, a la
vez que proscribe el ejército establece que para
preservación y conservación del orden público, “habrá
las fuerzas de policía necesarias” y que en caso
necesario, las fuerzas militares que transitoriamente se
establezcan estarán siempre subordinadas al poder civil.
La profundidad de tal determinación difícilmente puede
exagerarse, por cuanto el artículo 12 no sólo proscribe
el ejército, sino que delinea con firmeza y claridad uno
de los pilares centrales del Estado, como lo es su
política de seguridad interna basada en el poder civil.
Costa Rica, como República civil, democrática, pacifista
y desarmada ha decidido delegar en la policía civil la
conservación del orden nacional.
Lo anterior hace eco de la abolición del ejército como
acto que encierra un gran simbolismo en rechazo del
ejército y sus mecanismos, tal y como la misma Corte
Suprema estableció en sentencia 9992-04. El artículo 12
no sólo abolió el ejército, sino también sus medios.
No obstante lo anterior, desde el 2010 se autoriza la
realización de actividad policial por parte de soldados
estadounidenses (sobre lo cual existe litigio
pendiente). Desde el 2007 la aquiescencia del presidente
Arias permitió el entrenamiento militar de policías
costarricenses en la Escuela de las Américas (WHINSEC),
hecho que fue dado a conocer en el 2011, gracias a
cables de Wikileaks. Al respecto de esto último existe
litigio pendiente ante la Corte Suprema. Que la policía
costarricense reciba entrenamiento militar es
inconstitucional. Que la policía reciba entrenamiento de
cualquier tipo en la Escuela de las Américas es
necesariamente también inconstitucional.
La Escuela de las Américas (WHINSEC), también conocida
como la Escuela de Asesinos o la Escuela de Dictadores,
es un centro de adoctrinamiento y entrenamiento político
militar perteneciente al ejército de los Estados Unidos
y ubicada en éste mismo país. Durante su existencia, ha
entrenado a más de 8 dictadores y a personal que ha
participado en más de 11 dictaduras en América Latina.
Los objetivos de la Escuela de las Américas han sido
claros. Mantener la hegemonía de Estados Unidos a través
de gobiernos títeres con líderes de su predilección.
Para ello recurrieron con éxito y frecuencia a golpes de
Estado con aplicación de tácticas terroristas, como la
tortura, el asesinato, el secuestro y la violación entre
otros.
La contradicción aparece de manera grosera ¿Para que un
país sin ejército entrena a sus policías en escuelas
militares y tácticas terroristas? ¿Por qué en la Escuela
de las Américas?
La excusa oficial para el patrullaje de soldados y el
entrenamiento militar de policías es la supuesta “guerra
contra las drogas”, pero en la Escuela de las Américas
también han entrenado a narcotráficantes. Incluso el más
grande de los narcos, Manuel Antonio Noriega, exdictador
de Panamá, es graduado de la Escuela de las Américas.
Evidentemente la excusa oficial no es creíble y así,
mediante delegación de labores de policía en soldados
extranjeros y entrenamiento de policías en tácticas
terroristas y militares, Costa Rica–el país sin
ejército–está formando un cuerpo de seguridad castrense,
con lo cual declaramos y ejecutamos la paz al mundo con
un ejército encargado de sus ciudadanos (o cargando
contra sus ciudadanos).
Qué contradictorio resulta que el país de paz esté en
guerra consigo mismo, destruyendo lo que tanto beneficio
social trajo al país y tanta gloria nos dio en el
concierto de las Naciones. Costa Rica, país sin ejército
pero con policía castrense.
Luis Roberto Zamora Bolaños es abogado litigante en su
natal Costa Rica. Ha litigado exitosamente ante la Corte
Suprema a favor y defensa de la paz, logrando el retiro
del apoyo de Costa Rica a la coalición que invadiera
Irak y el reconocimiento constitucional del derecho a la
Paz. Especialista en paz y desarme, Zamora actualmente
mantiene procesos legales contra el gobierno de Costa
Rica por sus recientes actividades contrarias a la paz
constitucionalmente reconocida en el 2008.
Fuente:
http://www.cipamericas.org/es/archives/5911
