En octubre, un tribunal hondure�o retir� a los abogados que representan a la familia de la l�der ind�gena Berta C�ceres y al �nico testigo ocular del asesinato de Berta, Gustavo Castro, del caso legal contra las primeras 8 personas acusadas del asesinato. El juicio comenz� poco despu�s de esta decisi�n extrema e irregular, en completa violaci�n de los derechos de las v�ctimas. En el sistema judicial hondure�o, no s�lo hay un fiscal del gobierno, sino que las v�ctimas tienen derecho a abogados que act�an como fiscales.
La remoci�n de los fiscales que representan a los hijos y la madre de Berta, as� como a Gustavo Castro, es la �ltima de una serie de acciones sistem�ticas que mantienen la impunidad de la estructura criminal que asesin� a Berta y neg� a las v�ctimas su derecho a la verdad y la justicia.
El equipo legal para la familia de Berta y COPINH, parte del Movimiento por la Dignidad y la Justicia (MADJ), han exigido que se presente toda la evidencia del caso, que el gobierno se ha negado sistem�ticamente a entregar.
En agosto, despu�s de m�s de un a�o de solicitudes, los fiscales admitieron que ni siquiera hab�an analizado la informaci�n de numerosas computadoras, tel�fonos y otros dispositivos electr�nicos incautados cuando los acusados fueron arrestados hace m�s de dos a�os.
En particular, los fiscales del gobierno no realizaron una prueba de
bal�stica con un arma incautada en la casa de Mariano D�az graduado de la
Escuela de las Am�ricas. Tampoco examinaron la informaci�n en una
computadora, tel�fono y otros productos electr�nicos de la casa de D�az.
Adem�s, no examinaron la informaci�n de las computadoras y otros
dispositivos electr�nicos incautados en las oficinas de DESA, la compa��a
hidroel�ctrica que construye la represa a la que Berta se opuso en el
momento de su asesinato.
Los fiscales del gobierno no proporcionaron toda esta informaci�n a pesar de las m�ltiples �rdenes judiciales. Finalmente, a pedido de los abogados de las v�ctimas, los expertos juraron analizar la informaci�n de numerosas computadoras, tel�fonos y otros dispositivos electr�nicos a fines de agosto. Sin embargo, con la decisi�n de la Corte de retirar al equipo legal de las v�ctimas, esta informaci�n no se incluy� como prueba en el caso.
La remoci�n por parte de la Corte de los abogados de las v�ctimas se produjo mientras ten�an una moci�n legal pendiente en una corte superior relacionada con su solicitud de recusar a los jueces que escuchaban el caso, dado que los jueces se han negado a hacer cumplir las �rdenes judiciales.
El Tribunal abri� el juicio a pesar de haber declarado el d�a anterior que no ten�a la autoridad para hacerlo debido a las mociones legales pendientes. Convenientemente, con los equipos legales de las v�ctimas que ya no pueden participar, s�lo se ha presentado cierta informaci�n como evidencia.
Las ilegalidades e irregularidades que han marcado la investigaci�n y el caso legal sirven para proteger a los autores intelectuales y la estructura criminal responsable del asesinato de Berta y una serie de ataques contra COPINH. Los Estados Unidos tambi�n tienen la responsabilidad de apoyar al gobierno hondure�o y financiar su sistema de justicia mientras construye la impunidad a trav�s de una farsa de un proceso legal, que ha violado repetidamente el debido proceso y los derechos de las v�ctimas.
En solidaridad,
SOA Watch
Siga el caso en: berta.copinh.org � Twitter COPINH
