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Militarizaci�n: del Discurso a la Realidad
Para entender de manera adecuada el fen�meno de la militarizaci�n, debemos analizarlo bajo una l�nea que integra al libre mercado con sus intereses econ�micos y pol�ticos, el tipo de guerra que efect�an los ej�rcitos, la guerra sucia, la guerra de Calder�n contra el narcotr�fico, contra los luchadores sociales y las consecuencias que tiene esta pol�tica en contra de la poblaci�n.
El modelo econ�mico neoliberal ha mostrado en la pr�ctica su incapacidad de crear los mecanismo que garanticen una vida digna para los habitantes de este pa�s. Por el contrario, se separan m�s los polos sociales, los pobres m�s pobres y los ricos en mayor opulencia lo cual trae como consecuencia que los hombres en el poder direccionen la pol�tica social para incrementar sus riquezas.
Cuando las contradicciones mismas del mercado provocan grandes crisis econ�micas, es cuando la capacidad b�lica se pone en marcha (Kuwuait, Irak, Palestina son claro ejemplo de una �seg�n Estados Unidos- supuesta guerra preventiva que arrasa con comunidades enteras, la caracterizaci�n real de dichos actos es: genocidio y crimen de lesa humanidad) bajo el argumento de la guerra contra el terrorismo (el "terrorismo" fue una creaci�n del poder de las elites mundiales para descalificar ciertos grupos, y no fue resultado del surgimiento de una realidad criminal evidente o de una intencionalidad comprobable de causar terror como fin principal. [1]), el coloso del norte lanza una campa�a internacional a la cual deben supeditarse, salvo honrosas excepciones, los gobiernos latinoamericanos y del mundo.
En el caso de M�xico, la guerra de Calder�n contra el crimen organizado y el narcotr�fico encuentra sus antecedentes en la �poca de la vergonzante guerra sucia cuando el ejercito realizaba de manera abierta torturas, encarcelamientos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; lo que obligo a personas y comunidades al uso de la autodefensa, amparados en la Constituci�n Pol�tica de los Estados Unidos Mexicanos.
D�cadas m�s tarde los comandos entrenados por las agencias estadounidenses continuaron realizando actividades il�citas estando a la cabeza oficiales del ej�rcito militar, bajo la protecci�n que el Estado les otorgaba. Un dato que corrobora esta afirmaci�n, es el caso del General Mario Acosta Chaparro liberado el pasado 28 de junio del presente a�o, acusado de nexos con el narcotr�fico, quedando impune los cr�menes cometidos por ser el creador de la brigada blanca y uno de los responsable de al menos 600 desapariciones forzadas y de 300 casos de personas torturadas; su injusta libertad es efectuada el mismo d�a en que se conmemoraban 12 a�os de la masacre de 17 campesinos de la Organizaci�n Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en el vado de Aguas Blancas en Guerrero, caso en el que el ex-gobernador Rub�n Figueroa Alcocer es acusado de ser el autor intelectual de dicho crimen de lesa humanidad. Cabe destacar que a la fecha, a la OCSS le han asesinado selectivamente 48 militantes, principalmente los coordinadores responsables en las comunidades s�lo por el hecho de defender los bosques ante la tala inmoderada de �rboles por parte de trasnacionales, por la defensa de los recursos ecol�gicos y por la b�squeda de subsidios para los ind�genas-campesinos de las comunidades. A 12 a�os de impunidad se ha incrementado de manera alarmante la militarizaci�n en esa zona de Guerrero, efectuando una campa�a permanente de hostigamiento e investigaci�n para saber quienes son los dem�s representantes comunales. Con esta supuesta guerra contra el narcotr�fico �nos dice Don Hilario Mesino- se incrementa la hostilidad en contra de nuestra organizaci�n, la OCSS. Este hecho constituye un acto de impunidad y un mensaje al movimiento social y de derechos humanos de que la guerra sucia se incrementar� y profundizar�.
El ejercito se caracteriza por ser coercitivo, esta entrenado para matar, para aniquilar al enemigo, en este caso el enemigo que les cre� el Estado. Por ello, patria y soberan�a son conceptos a los que se les dan interpretaciones acordes a los intereses econ�micos que existen en nuestro pa�s. As�, el ej�rcito cumple indebidamente tareas de la polic�a civil, lo cual garantiza impunidad por cada acto delictivo que cometan, ya que no ser�n juzgados en tribunales civiles, sino en tribunales militares. O probioso para los derechos humanos es el C�digo de Justicia Militar, que en su art�culo 57, fracci�n II inciso a, establece que deben ser investigados en el fuero militar aquellos casos del orden com�n o federal que sean cometidos por militares "en cumplimiento de servicio o con motivo de actos del mismo". Recordemos adem�s que la constituci�n mexicana establece en el art�culo 129 que: "en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer m�s funciones que las que tengan exacta conexi�n con la disciplina militar...", por lo que infracciones a la ley debieran ser confrontadas por cuerpos polic�acos debidamente preparados, que respeten puntualmente toda ley aplicable como lo estipula el art�culo 21: "...la seguridad p�blica es una funci�n a cargo de la Federaci�n, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta constituci�n se�ala. La actuaci�n de las instituciones policiales se regir�n por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez..." En este contexto, el primero en violar la Constituci�n, es el propio presidente Felipe Calder�n, adem�s de que la informaci�n de las tareas y programas que actualmente lleva el ej�rcito en coordinaci�n con corporaciones de otros pa�ses son nulas. Datos escuetos son sobre el presupuesto destinado con un 34% a los militares, en contraste con los $2 pesos de aumento al salario m�nimo, o como el hecho de que los gastos de un estudiante militar equivale al de 150 estudiantes civiles; lo que es m�s preocupante es la creaci�n de una superpolic�a al mando de la Polic�a Federal Preventiva, militares vestidos de gris, la cual ha ampliado sus facultades al grado de realizar actos de espionaje y cateos sin ordenes previas de un juez; todo ello tra�do a la pr�ctica como parte de la puesta en marcha del Plan Colombia en M�xico, cabe recordar que el Plan Colombia ha provocado desplazamientos de comunidades enteras, aumento de grupos paramilitares, mayor afluencia del narcotr�fico, lo cual ubica a ese pa�s en los primeros lugares a nivel mundial con una grave situaci�n de violaciones a los derechos humanos. Con una campa�a medi�tica el presidente Felipe Calder�n pretende crear las condiciones para ligar narcotr�fico, movimiento insurgente, lucha social y defensa de derechos humanos como generadores de violencia y as� justificar las acciones militares.
Las graves violaciones a los derechos humanos por la presente administraci�n en los casos Atenco-Texcoco, Estado de M�xico; con los militantes de la APPO en Oaxaca; los asesinatos de civiles en Sinaloa y Guerrero a manos del ej�rcito; la participaci�n de miembros del ej�rcito en el caso de Ernestina Ascencio en Zongolica, Estado de Veracruz; el ultraje de mujeres, tambi�n por parte de militares en Michoac�n; la desaparici�n forzada desde el pasado 25 de mayo, de Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz S�nchez y Edmundo Reyes Amaya en el Estado de Oaxaca, reivindicados como sus militantes por el Partido Democr�tico Popular Revolucionario.(PDPR); la represi�n en contra de los Dorados de Villa, adherentes a la otra campa�a, donde fue desaparecido Gabino Flores Cruz en el Estado de Veracruz; y la reciente desaparici�n de Roberto Paredes Nieto, en Molino de Flores, Texcoco, Estado de M�xico; casos que se unen a los m�s de 500 presos pol�ticos y de conciencia que existen en el pa�s, a los 1400 detenidos-desaparecidos dados a conocer, desde la guerra sucia hasta la actualidad. Los asesinatos de defensores de los derechos humanos como Digna Ochoa y Placido, Griselda Tirado Evangelio, as� como las amenazas constantes contra defensores de derechos humanos, como en el Caso de los Hnos. Cerezo Contreras amenazados por correo electr�nico (se anexa) el pasado 26 de mayo, el seguimiento a Alejandro Cerezo Contreras el 12 de junio cuando asist�a a su consulta m�dica, y un supuesto mensaje de voz por parte de Emiliana Cerezo (hecho negado por ella misma) a Alejandro Cerezo en el celular que le fue otorgado por parte del Estado mexicano como parte de las medidas cautelares, es importante mencionar que dichos n�meros son de car�cter confidencial. Todo lo anterior evidencia que existe una campa�a de hostigamiento en contra de los defensores de los derechos humanos y una creciente criminalizaci�n de la protesta social.
En Puebla encontramos antecedentes de violaciones a los derechos humanos con Lydia Cacho, caso que al ser turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Naci�n, demostr� que dicha instancia gubernamental se encuentra supeditada a los intereses y acuerdos entre partidos pol�ticos; a Mart�n Barrios en Tehuacan, encarcelado por el hecho de defender a trabajadores textileros de la brutal explotaci�n y denigrantes condiciones laborales en las que se encuentran; la incursi�n militar se manifiesta con el cord�n de vigilancia que mantienen en las zonas colindantes de Puebla con Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Morelos; preocupa el incremento velado de la vigilancia en la capital del Estado, as� como la creaci�n de m�s dependencias polic�acas como la polic�a metropolitana; de igual manera, las manifestaciones en semanas pasadas de los polic�as de la capital confirman la injerencia del gobierno del estado en el conflicto de Oaxaca; otro problema latente son los casos en contra de la poblaci�n por recursos naturales como el agua en Ocotlan, en Axocopan, en la regi�n de Tepeaca por mencionar algunos, en los cuales el gobierno del estado ha privilegiado la violencia al di�logo pol�tico; aunado se encuentran los casos de reporteros golpeados, amenazados y con averiguaciones previas por el hecho de realizar su trabajo de manera �tica, objetiva y profesional.
La Historia ha demostrado que cuando las instancias gubernamentales dejan de cumplir las aspiraciones de la poblaci�n y utilizan la represi�n como di�logo, entonces la poblaci�n se organiza para crear sus propias instancias gubernamentales entre ellas los defensores del pueblo, los tribunales populares, el ejercito popular, etc. Que les permitan garantizar la satisfacci�n de sus demandas, derecho estipulado en el Art�culo 39 de la Constituci�n que a la letra dice: "La soberan�a nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder p�blico dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."
Por lo anterior, hacemos un exhorto a los militares a reflexionar su actuar, a que antepongan su calidad como seres humanos, a no volverse c�mplices generadores de la violencia institucionalizada, el terrorismo de Estado; de igual manera, llamamos a la solidaridad de la comunidad internacional para frenar esta ola de violencia en contra de la poblaci�n; y a los intelectuales, catedr�ticos, personas progresistas, y organizaciones sociales, populares y de defensa de los derechos humanos a brindar apoyo a las victimas que ven violentados sus derechos humanos por parte del Estado mexicano.
Atentamente
C�tedra: Teor�a y Praxis de los Derechos Humanos
Comit� Pro-Liberaci�n "Hnos. Cerezo Contreras"-Puebla.
Responsable: Israel Sampedro
�LIBERTAD PRESOS POL�TICOS Y DE CONCIENCIA!
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