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Militarización: del Discurso a la Realidad
Para entender de manera adecuada el fenómeno de la militarización, debemos analizarlo bajo una línea que integra al libre mercado con sus intereses económicos y políticos, el tipo de guerra que efectúan los ejércitos, la guerra sucia, la guerra de Calderón contra el narcotráfico, contra los luchadores sociales y las consecuencias que tiene esta política en contra de la población.
El modelo económico neoliberal ha mostrado en la práctica su incapacidad de crear los mecanismo que garanticen una vida digna para los habitantes de este país. Por el contrario, se separan más los polos sociales, los pobres más pobres y los ricos en mayor opulencia lo cual trae como consecuencia que los hombres en el poder direccionen la política social para incrementar sus riquezas.
Cuando las contradicciones mismas del mercado provocan grandes crisis económicas, es cuando la capacidad bélica se pone en marcha (Kuwuait, Irak, Palestina son claro ejemplo de una –según Estados Unidos- supuesta guerra preventiva que arrasa con comunidades enteras, la caracterización real de dichos actos es: genocidio y crimen de lesa humanidad) bajo el argumento de la guerra contra el terrorismo (el "terrorismo" fue una creación del poder de las elites mundiales para descalificar ciertos grupos, y no fue resultado del surgimiento de una realidad criminal evidente o de una intencionalidad comprobable de causar terror como fin principal. [1]), el coloso del norte lanza una campaña internacional a la cual deben supeditarse, salvo honrosas excepciones, los gobiernos latinoamericanos y del mundo.
En el caso de México, la guerra de Calderón contra el crimen organizado y el narcotráfico encuentra sus antecedentes en la época de la vergonzante guerra sucia cuando el ejercito realizaba de manera abierta torturas, encarcelamientos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; lo que obligo a personas y comunidades al uso de la autodefensa, amparados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Décadas más tarde los comandos entrenados por las agencias estadounidenses continuaron realizando actividades ilícitas estando a la cabeza oficiales del ejército militar, bajo la protección que el Estado les otorgaba. Un dato que corrobora esta afirmación, es el caso del General Mario Acosta Chaparro liberado el pasado 28 de junio del presente año, acusado de nexos con el narcotráfico, quedando impune los crímenes cometidos por ser el creador de la brigada blanca y uno de los responsable de al menos 600 desapariciones forzadas y de 300 casos de personas torturadas; su injusta libertad es efectuada el mismo día en que se conmemoraban 12 años de la masacre de 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en el vado de Aguas Blancas en Guerrero, caso en el que el ex-gobernador Rubén Figueroa Alcocer es acusado de ser el autor intelectual de dicho crimen de lesa humanidad. Cabe destacar que a la fecha, a la OCSS le han asesinado selectivamente 48 militantes, principalmente los coordinadores responsables en las comunidades sólo por el hecho de defender los bosques ante la tala inmoderada de árboles por parte de trasnacionales, por la defensa de los recursos ecológicos y por la búsqueda de subsidios para los indígenas-campesinos de las comunidades. A 12 años de impunidad se ha incrementado de manera alarmante la militarización en esa zona de Guerrero, efectuando una campaña permanente de hostigamiento e investigación para saber quienes son los demás representantes comunales. Con esta supuesta guerra contra el narcotráfico –nos dice Don Hilario Mesino- se incrementa la hostilidad en contra de nuestra organización, la OCSS. Este hecho constituye un acto de impunidad y un mensaje al movimiento social y de derechos humanos de que la guerra sucia se incrementará y profundizará.
El ejercito se caracteriza por ser coercitivo, esta entrenado para matar, para aniquilar al enemigo, en este caso el enemigo que les creé el Estado. Por ello, patria y soberanía son conceptos a los que se les dan interpretaciones acordes a los intereses económicos que existen en nuestro país. Así, el ejército cumple indebidamente tareas de la policía civil, lo cual garantiza impunidad por cada acto delictivo que cometan, ya que no serán juzgados en tribunales civiles, sino en tribunales militares. O probioso para los derechos humanos es el Código de Justicia Militar, que en su artículo 57, fracción II inciso a, establece que deben ser investigados en el fuero militar aquellos casos del orden común o federal que sean cometidos por militares "en cumplimiento de servicio o con motivo de actos del mismo". Recordemos además que la constitución mexicana establece en el artículo 129 que: "en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar...", por lo que infracciones a la ley debieran ser confrontadas por cuerpos policíacos debidamente preparados, que respeten puntualmente toda ley aplicable como lo estipula el artículo 21: "...la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirán por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez..." En este contexto, el primero en violar la Constitución, es el propio presidente Felipe Calderón, además de que la información de las tareas y programas que actualmente lleva el ejército en coordinación con corporaciones de otros países son nulas. Datos escuetos son sobre el presupuesto destinado con un 34% a los militares, en contraste con los $2 pesos de aumento al salario mínimo, o como el hecho de que los gastos de un estudiante militar equivale al de 150 estudiantes civiles; lo que es más preocupante es la creación de una superpolicía al mando de la Policía Federal Preventiva, militares vestidos de gris, la cual ha ampliado sus facultades al grado de realizar actos de espionaje y cateos sin ordenes previas de un juez; todo ello traído a la práctica como parte de la puesta en marcha del Plan Colombia en México, cabe recordar que el Plan Colombia ha provocado desplazamientos de comunidades enteras, aumento de grupos paramilitares, mayor afluencia del narcotráfico, lo cual ubica a ese país en los primeros lugares a nivel mundial con una grave situación de violaciones a los derechos humanos. Con una campaña mediática el presidente Felipe Calderón pretende crear las condiciones para ligar narcotráfico, movimiento insurgente, lucha social y defensa de derechos humanos como generadores de violencia y así justificar las acciones militares.
Las graves violaciones a los derechos humanos por la presente administración en los casos Atenco-Texcoco, Estado de México; con los militantes de la APPO en Oaxaca; los asesinatos de civiles en Sinaloa y Guerrero a manos del ejército; la participación de miembros del ejército en el caso de Ernestina Ascencio en Zongolica, Estado de Veracruz; el ultraje de mujeres, también por parte de militares en Michoacán; la desaparición forzada desde el pasado 25 de mayo, de Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya en el Estado de Oaxaca, reivindicados como sus militantes por el Partido Democrático Popular Revolucionario.(PDPR); la represión en contra de los Dorados de Villa, adherentes a la otra campaña, donde fue desaparecido Gabino Flores Cruz en el Estado de Veracruz; y la reciente desaparición de Roberto Paredes Nieto, en Molino de Flores, Texcoco, Estado de México; casos que se unen a los más de 500 presos políticos y de conciencia que existen en el país, a los 1400 detenidos-desaparecidos dados a conocer, desde la guerra sucia hasta la actualidad. Los asesinatos de defensores de los derechos humanos como Digna Ochoa y Placido, Griselda Tirado Evangelio, así como las amenazas constantes contra defensores de derechos humanos, como en el Caso de los Hnos. Cerezo Contreras amenazados por correo electrónico (se anexa) el pasado 26 de mayo, el seguimiento a Alejandro Cerezo Contreras el 12 de junio cuando asistía a su consulta médica, y un supuesto mensaje de voz por parte de Emiliana Cerezo (hecho negado por ella misma) a Alejandro Cerezo en el celular que le fue otorgado por parte del Estado mexicano como parte de las medidas cautelares, es importante mencionar que dichos números son de carácter confidencial. Todo lo anterior evidencia que existe una campaña de hostigamiento en contra de los defensores de los derechos humanos y una creciente criminalización de la protesta social.
En Puebla encontramos antecedentes de violaciones a los derechos humanos con Lydia Cacho, caso que al ser turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, demostró que dicha instancia gubernamental se encuentra supeditada a los intereses y acuerdos entre partidos políticos; a Martín Barrios en Tehuacan, encarcelado por el hecho de defender a trabajadores textileros de la brutal explotación y denigrantes condiciones laborales en las que se encuentran; la incursión militar se manifiesta con el cordón de vigilancia que mantienen en las zonas colindantes de Puebla con Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Morelos; preocupa el incremento velado de la vigilancia en la capital del Estado, así como la creación de más dependencias policíacas como la policía metropolitana; de igual manera, las manifestaciones en semanas pasadas de los policías de la capital confirman la injerencia del gobierno del estado en el conflicto de Oaxaca; otro problema latente son los casos en contra de la población por recursos naturales como el agua en Ocotlan, en Axocopan, en la región de Tepeaca por mencionar algunos, en los cuales el gobierno del estado ha privilegiado la violencia al diálogo político; aunado se encuentran los casos de reporteros golpeados, amenazados y con averiguaciones previas por el hecho de realizar su trabajo de manera ética, objetiva y profesional.
La Historia ha demostrado que cuando las instancias gubernamentales dejan de cumplir las aspiraciones de la población y utilizan la represión como diálogo, entonces la población se organiza para crear sus propias instancias gubernamentales entre ellas los defensores del pueblo, los tribunales populares, el ejercito popular, etc. Que les permitan garantizar la satisfacción de sus demandas, derecho estipulado en el Artículo 39 de la Constitución que a la letra dice: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno."
Por lo anterior, hacemos un exhorto a los militares a reflexionar su actuar, a que antepongan su calidad como seres humanos, a no volverse cómplices generadores de la violencia institucionalizada, el terrorismo de Estado; de igual manera, llamamos a la solidaridad de la comunidad internacional para frenar esta ola de violencia en contra de la población; y a los intelectuales, catedráticos, personas progresistas, y organizaciones sociales, populares y de defensa de los derechos humanos a brindar apoyo a las victimas que ven violentados sus derechos humanos por parte del Estado mexicano.
Atentamente
Cátedra: Teoría y Praxis de los Derechos Humanos
Comité Pro-Liberación "Hnos. Cerezo Contreras"-Puebla.
Responsable: Israel Sampedro
¡LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
http://www.espora.org/vientodelibertad
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