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Campaña memorias contra el silencio y la impunidad nunca mas crímenes de estado
Nos unimos para contribuir a la recuperación de la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad en Antioquia a partir de la verdad de las víctimas, sensibilizando a la sociedad sobre los efectos que ha provocado la estrategia paramilitar del Estado y la fase de legitimación del modelo de control social, político y económico que beneficia a los responsables de graves y persistentes violaciones de los Derechos Humanos
COMUNICADO PUBLICO
La campaña "Memorias contra el silencio y la impunidad: nunca más crímenes de Estado" se permite manifestar su oposición a las recientes medidas implementadas por la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Gobierno de Medellín que van en contravía de la participación de las víctimas en el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz y su legítimo derecho a la memoria histórica y la verdad.
Vemos con indignación y preocupación como se acumulan situaciones que por acción y por omisión obstaculizan de forma seria el ejercicio de todos los derechos de las víctimas. Entre ellos a su legítima expresión en el espacio público con pleno respeto de quienes todavía hoy justifican y festejan los miles y variados crímenes cometidos en el pasado reciente contra personas y comunidades enteras. Es así como el Estado colombiano en sus diversas expresiones está en la obligación de garantizar el legítimo derecho de las víctimas a su expresión, demanda y movilización.
Ahora las instituciones Estatales so pretexto de lograr el respeto a las víctimas ante los últimos hechos donde personal desmovilizado de los paramilitares realizaron actos de festejo en desarrollo de la audiencia de versión libre de Fredy Rendón, alias El Alemán, han tomado la determinación de prohibir los actos públicos que se desarrollan en la Plazoleta de La Dignidad del Edificio de la Justicia, incluyendo la acción legítima de las víctimas para dar a conocer la verdad de los crímenes cometidos por el paramilitarismo.
La determinación de la administración departamental y municipal equipara a las víctimas y a los victimarios y se une a otros mecanismos implementados por la Fiscalía General de La Nación que revictimizan y obstruye la participación de las víctimas, haciendo el proceso huérfano de ellas. Pretenden las autoridades administrativas igualar los festejos por los crímenes cometidos a las manifestaciones de dolor e indignación de las víctimas y las organizaciones sociales que exigen el pleno reconocimiento de sus derechos. De ninguna manera puede operar el principio de igualdad cuando lo que está en evidencia es la estrategia de los jefes paramilitares de acallar la voz y la verdad de las víctimas. Además es abiertamente ilegal, pues contradice el mandato constitucional fundamental del artículo 37 de la Carta Política de 1991.
Las autoridades ante las amenazas y demás hechos que ponen en riesgo la integridad de las víctimas y su derecho a manifestarse están obligados a emprender acciones dirigidas a preservar sus derechos y garantías de movilización, participación y denuncia, rodeándolos de adecuadas medidas de seguridad y protección.
A pesar de que la Ley de Justicia y Paz no incluye verdaderos mecanismos de participación, de que las acciones gubernamentales y de la Fiscalía General de la Nación buscan evitar que las víctimas se expresen, las victimas nos negamos a renunciar a nuestros derechos, entre ellos es poder participar y realizar acciones tendientes a que se conozca la verdad. Por tal razón informamos a las autoridades administrativas, judiciales y de control del Estado, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continuaremos con la realización de los actos públicos de memoria, verdad y exigencia de la justicia en la plazoleta de la Dignidad del edificio de la Justicia en el Centro Administrativo de la Alpujarra, como en otros lugares de la ciudad.
Llamamos a las autoridades para que se abstengan de reprimir dichos actos y a la utilización de acciones, y por el contrario brinden las garantías de seguridad para evitar que las víctimas continúen siendo objeto de hostigamientos y de actos de intimidación. Así mismo rechazamos la posición asumida por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación al legitimar este tipo de medidas y pretender asumir la vocería de las víctimas.
Solicitamos el acompañamiento solidario de las organizaciones sociales, de derechos humanos y la comunidad internacional en el justo y legítimo reclamo por nuestros derechos.
Suscriben,
Asamblea Regional de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Asociación de Familiares de Detenidos desaparecidos (Asfaddes), Asamblea Regional de Derechos Humanos de Antioquia, Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Estados Unidos, Colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), Asonal Judicial, Red Juvenil de Medellín, Grupo interdisciplinario por los derechos humanos (GIDH), Capítulo de derechos humanos del Polo Democrático Alternativo, Corporación El Solar, FASOL, Comité Permanente Héctor Abad Gómez, Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Corporación Cultural La Aldaba, Asociación Campesina de Antioquia, Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Campaña por la Vida y la Libertad, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Contracorriente, Fundación Sumapaz, Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz, Corporación Jurídica Libertad.
Medellín, 13 de junio de 2007
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