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Campa�a memorias contra el silencio y la impunidad nunca mas cr�menes de estado
Nos unimos para contribuir a la recuperaci�n de la memoria hist�rica de los cr�menes de lesa humanidad en Antioquia a partir de la verdad de las v�ctimas, sensibilizando a la sociedad sobre los efectos que ha provocado la estrategia paramilitar del Estado y la fase de legitimaci�n del modelo de control social, pol�tico y econ�mico que beneficia a los responsables de graves y persistentes violaciones de los Derechos Humanos
COMUNICADO PUBLICO
La campa�a "Memorias contra el silencio y la impunidad: nunca m�s cr�menes de Estado" se permite manifestar su oposici�n a las recientes medidas implementadas por la Gobernaci�n de Antioquia y la Secretar�a de Gobierno de Medell�n que van en contrav�a de la participaci�n de las v�ctimas en el procedimiento de la Ley de Justicia y Paz y su leg�timo derecho a la memoria hist�rica y la verdad.
Vemos con indignaci�n y preocupaci�n como se acumulan situaciones que por acci�n y por omisi�n obstaculizan de forma seria el ejercicio de todos los derechos de las v�ctimas. Entre ellos a su leg�tima expresi�n en el espacio p�blico con pleno respeto de quienes todav�a hoy justifican y festejan los miles y variados cr�menes cometidos en el pasado reciente contra personas y comunidades enteras. Es as� como el Estado colombiano en sus diversas expresiones est� en la obligaci�n de garantizar el leg�timo derecho de las v�ctimas a su expresi�n, demanda y movilizaci�n.
Ahora las instituciones Estatales so pretexto de lograr el respeto a las v�ctimas ante los �ltimos hechos donde personal desmovilizado de los paramilitares realizaron actos de festejo en desarrollo de la audiencia de versi�n libre de Fredy Rend�n, alias El Alem�n, han tomado la determinaci�n de prohibir los actos p�blicos que se desarrollan en la Plazoleta de La Dignidad del Edificio de la Justicia, incluyendo la acci�n leg�tima de las v�ctimas para dar a conocer la verdad de los cr�menes cometidos por el paramilitarismo.
La determinaci�n de la administraci�n departamental y municipal equipara a las v�ctimas y a los victimarios y se une a otros mecanismos implementados por la Fiscal�a General de La Naci�n que revictimizan y obstruye la participaci�n de las v�ctimas, haciendo el proceso hu�rfano de ellas. Pretenden las autoridades administrativas igualar los festejos por los cr�menes cometidos a las manifestaciones de dolor e indignaci�n de las v�ctimas y las organizaciones sociales que exigen el pleno reconocimiento de sus derechos. De ninguna manera puede operar el principio de igualdad cuando lo que est� en evidencia es la estrategia de los jefes paramilitares de acallar la voz y la verdad de las v�ctimas. Adem�s es abiertamente ilegal, pues contradice el mandato constitucional fundamental del art�culo 37 de la Carta Pol�tica de 1991.
Las autoridades ante las amenazas y dem�s hechos que ponen en riesgo la integridad de las v�ctimas y su derecho a manifestarse est�n obligados a emprender acciones dirigidas a preservar sus derechos y garant�as de movilizaci�n, participaci�n y denuncia, rode�ndolos de adecuadas medidas de seguridad y protecci�n.
A pesar de que la Ley de Justicia y Paz no incluye verdaderos mecanismos de participaci�n, de que las acciones gubernamentales y de la Fiscal�a General de la Naci�n buscan evitar que las v�ctimas se expresen, las victimas nos negamos a renunciar a nuestros derechos, entre ellos es poder participar y realizar acciones tendientes a que se conozca la verdad. Por tal raz�n informamos a las autoridades administrativas, judiciales y de control del Estado, a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, as� como a la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos que continuaremos con la realizaci�n de los actos p�blicos de memoria, verdad y exigencia de la justicia en la plazoleta de la Dignidad del edificio de la Justicia en el Centro Administrativo de la Alpujarra, como en otros lugares de la ciudad.
Llamamos a las autoridades para que se abstengan de reprimir dichos actos y a la utilizaci�n de acciones, y por el contrario brinden las garant�as de seguridad para evitar que las v�ctimas contin�en siendo objeto de hostigamientos y de actos de intimidaci�n. As� mismo rechazamos la posici�n asumida por la Comisi�n Nacional de Reparaci�n y Reconciliaci�n al legitimar este tipo de medidas y pretender asumir la vocer�a de las v�ctimas.
Solicitamos el acompa�amiento solidario de las organizaciones sociales, de derechos humanos y la comunidad internacional en el justo y leg�timo reclamo por nuestros derechos.
Suscriben,
Asamblea Regional de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de V�ctimas de Cr�menes de Estado, Asociaci�n de Familiares de Detenidos desaparecidos (Asfaddes), Asamblea Regional de Derechos Humanos de Antioquia, Nodo Antioquia de la Coordinaci�n Colombia Estados Unidos, Colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad (CODEHSEL), Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Asociaci�n de Institutores de Antioquia (ADIDA), Asonal Judicial, Red Juvenil de Medell�n, Grupo interdisciplinario por los derechos humanos (GIDH), Cap�tulo de derechos humanos del Polo Democr�tico Alternativo, Corporaci�n El Solar, FASOL, Comit� Permanente H�ctor Abad G�mez, Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia, Corporaci�n Cultural La Aldaba, Asociaci�n Campesina de Antioquia, Comit� de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, Campa�a por la Vida y la Libertad, Fundaci�n Comit� de Solidaridad con los Presos Pol�ticos, Contracorriente, Fundaci�n Sumapaz, Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz, Corporaci�n Jur�dica Libertad.
Medell�n, 13 de junio de 2007
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