SOA Watch quiere manifestar a la comunidad
internacional su rechazo a las condenas, que van
desde los 4 a los 35 a�os de c�rcel, en que han sido
sentenciados los campesinos y campesinas en Paraguay
por el juicio de los hechos de la �Masacre de
Curuguaty� ocurridos el 15 de junio de 2012 y donde
resultaron muertos 6 polic�as y 11 campesinos en una
acci�n de desalojo ordenada por las autoridades.
Estos lamentables hechos, recordemos, se utilizaron
como argumento para iniciar un juicio pol�tico
�express� al presidente Fernando Lugo, sin las
debidas garant�as de un juicio justo e imparcial, y
que terminaron destituy�ndolo del cargo lo que por
muchos ha sido considerado un verdadero golpe de
estado.
Es importante mencionar, sobre el juicio a las y los
campesinos, que ning�n oficial de la polic�a
paraguaya fue investigado por la justicia por la
muerte de los campesinos en la �Masacre de
Curuguaty� pese a la presunci�n que pudieron haber
sido ejecutados extrajudicialmente, posteriormente,
varios de los campesinos muertos.
Debemos recordar que una Misi�n
de Observaci�n de SOAW visit� el Paraguay, en abril
del 2013, donde expresamos nuestra preocupaci�n por
este caso se�alando en un Informe P�blico que:
�No se puede privar de su libertad a personas por
acusaciones gen�ricas, sin elementos concluyentes ni
certeza de individualizaci�n de los presuntos
ejecutores. Consideramos un grave atentado a los
derechos humanos mantener en prisi�n a personas sin
tener pruebas y en varios casos de manera
arbitraria�.
La Misi�n de Observaci�n de SOAW recibi�
testimonios de torturas en contra de los campesinos
detenidos y �diversos testimonios, as� como
investigaciones paralelas a la de la fiscal�a, que
denuncian la ejecuci�n sumaria de varios de los 11
campesinos fallecidos�.
�Consideramos que la tragedia de Curuguaty, desde
las gestiones jur�dicas que la posibilitaron, tienen
graves irregularidades que demuestran la
instrumentalizaci�n del Estado por poderes f�cticos
y mafiosos. Seg�n han declarado Ministros de la
Corte Suprema de Justicia, las tierras de Marina Cu�
no son propiedad de la Familia Riquelme sino que
fueron donadas por la Industrial Paraguaya al Estado
Paraguayo, quien nunca, sin embargo, titul� a su
nombre las tierras. Es decir, ni el Estado ni los
Riquelme ten�an los t�tulos de la propiedad. De esta
manera, la incursi�n policial (disfrazada de
allanamiento) para desalojar a los ocupantes es a
todas luces ilegal�, se�alamos en el informe
cuestionando la legalidad del procedimiento policial
el que llev� a esta masacre.
Luego de m�s de cuatro a�os de estos hechos, debemos
decir que la justicia no ha llegado para las y los
campesinos condenados.
Uno de sus abogados defensores, V�ctor Azuaga, ha
se�alado a la prensa que la condena es lamentable
por la falta de pruebas: �No hay medios probatorios.
Y las pruebas materiales tampoco son fiables. Las
armas que fueron incautadas, seg�n la propia
Fiscal�a, no (fueron las que) dispararon, ya que la
prueba de la parafina realizada a los campesinos
muertos (y que supuestamente habr�an disparado a los
polic�as) fue negativa y eso quiere decir que no
pudieron ser responsables de los hechos punibles�.
Por lo anterior, queremos expresar nuestra
solidaridad con las y los campesinos condenados, con
sus familiares, y con las organizaciones sociales y
de derechos humanos que los han acompa�ado todos
estos a�os clamando por justicia.
Nos sumamos a nuestros aliados de SERPAJ
Paraguay que
rechazan de �forma rotunda la sentencia� y pedimos,
junto a ellos, �la revisi�n de la causa y la nulidad
del juicio por vicios de origen que le impiden
responder adecuadamente a condiciones b�sicas de
imparcialidad y exhaustividad�.
Finalmente, sigue pendiente que el Estado del
Paraguay responda de manera clara y objetiva �Qu�
pas� en Curuguaty?
Sigue pendiente que llegue la justicia�
En solidaridad,
SOA Watch
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Foto de: http://latincorrespondent.com/2016/07/campesinos-carcel-masacre-curuguaty/
