Misión
internacional de observación de denuncias de violaciones de
derechos humanos en el caso Curuguaty y monitoreo de
elecciones en Paraguay
17 al 22 de abril de 2013
SOA WATCH
Informe en PDF
Introducción
Desde el 17 al 22 de
abril, la Misión de Observación de derechos humanos de la
SOA Watch (Observatorio de la Escuela de las Américas)
realizó una visita al Paraguay reuniéndose con organismos de
derechos humanos y agrupaciones sociales para conocer in
situ la situación de los derechos humanos y que preocupan a
la organización internacional.
Curuguaty
La Misión de
SOA Watch visitó a los y
las campesinas/os judicializados/as por el caso de la
masacre de Curuguaty, los que se encuentran en situación
carcelaria en
Coronel Oviedo.
Visitando a los campesinos en
Cárcel de Coronel Oviedo
La delegación
fue acompañada por
el premio Nobel alternativo de la Paz, Martín Almada.
También
realizó una visita a la ciudad de Curuguaty, para conocer el
sitio de la Masacre de junio de 2012 en Marina Cué, y
poblaciones afectadas como Brítez Cue e Yvy Pyta, así como a
las personas que se encuentran con prisión domiciliaria.
A nivel
internacional, a organismos de derechos humanos han llegado
denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos
arbitrarios, torturas y la
parcialidad de la investigación desarrollada por la fiscalía
general de Paraguay en el caso.
Antecedentes
11 campesinos
y 6 policías murieron en un intento de desalojo que conllevó
a una balacera en Marina Cue, en la localidad de Curuguaty,
250 km al noreste de Asunción. Esto, durante la incursión de
una comitiva policial fuertemente armada. Los campesinos y
campesinas habían ocupado las tierras alegando que habían
sido usurpadas al Estado por parte del empresario y político
colorado Blas N. Riquelme.
La derivación
principal de la masacre fue el
“juicio político” al entonces presidente Fernando Lugo. La
destitución ha sido cuestionada por la comunidad nacional e
internacional por no respetar las normas de un debido
proceso.
Recientemente,
el informe del Comité de derechos humanos de las
Naciones Unidas sobre Paraguay, ha expresado su preocupación
por este caso (Curuguaty) “por la información recibida que
demuestra falta de imparcialidad e independencia en los
procesos de investigación desarrollados”.
Naciones
Unidas también “expresa su particular preocupación por los
recientes homicidios de Vidal Vega, líder campesino y
testigo en el caso Curuguaty, y de Benjamín Lezcano,
Secretario General de la Coordinadora Campesina “Dr. Gaspar
Rodríguez de Francia”.
Tras la
matanza, la fiscalía se abocó a investigar solo a los
campesinos. Hay 14 acusados por asociación criminal,
invasión de inmueble y homicidio doloso (tentativa en
algunos casos); y frustración de la persecución y ejecución
penal. La investigación oficial se basa en un testigo cuya
identidad se ignora, y sostiene la tesis de que hubo una
emboscada de parte de los campesinos hacia policías.
Tras los
encarcelamientos, los campesinos y campesinas han llegado a
optar por medidas extremas como la huelga de hambre, para
exigir justicia y denunciar irregularidades.
Elecciones
La Misión de
Observación de SOA Watch a Paraguay también estuvo
monitoreando el desarrollo de las elecciones nacionales de
este domingo 21 de abril que dio por ganador a Horacio
Cartes, de la Asociación Nacional Republicana (Partido
Colorado).
Dichas elecciones se dan luego de la cuestionada destitución del
presidente Fernando Lugo de
junio de 2012.
Consideraciones y preocupaciones
En relación a
las denuncias e informaciones recibidas, tras reunirse con
organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos,
víctimas, presos, presas y familiares, la SOA Watch
manifiesta lo siguiente:
1-Preocupa
la falta de asistencia por parte del Estado a los familiares
y víctimas de la masacre de Curuguaty.
Un caso
concreto es el de Juana Evangelista Martínez viuda de Ruíz,
quien perdió a su marido, quedando con 6 hijos, y
prácticamente sin posibilidades de ingresos económicos para
sostenerlos. Las edades de los niños oscilan entre 6 y 12
años. Actualmente vive de esporádicos ingresos que le genera
lavar ropas a sus vecinos, y gracias a la solidaridad de
algunas organizaciones que les asisten con algunos víveres.
Otros casos
resaltantes son los de Luis Olmedo, su esposa Dolores López,
y Fanny Olmedo (hermana de Luis). Ellos viven junto a la
madre de los Olmedo, dos niñas menores y el recién nacido
hijo de Dolores y Luis. Se encuentran con prisión
domiciliaria de manera “preventiva” (aguardan juicio), y no
se les permite ir ni a la despensa que está en frente.
Debido a esta condición, no pueden salir a trabajar y
generar ingresos para subsistir. También deben sobrevivir
gracias a la solidaridad de algunas organizaciones.
Fanny está en
los últimos meses de embarazo, mientras Dolores dio a luz el
15 de abril, y se encuentra aun en puerperio. Ambas
estuvieron presas en violación al Código Civil paraguayo, y
liberadas tras la denuncia por parte de organizaciones
sociales y ciudadanos asociados a la causa, en organismos
internacionales, y mediante la realización de una huelga de
hambre por parte de los presos que exigían la liberación de
las mismas.
El Estado
tiene la obligación de brindarles asistencia. Pedimos la
reparación gubernamental para las familias, a fin de que
puedan proteger sus necesidades básicas.
2-Preocupa
la situación de los presos del caso Curuguaty. No se puede
privar de su libertad a personas por acusaciones genéricas,
sin elementos concluyentes ni certeza de individualización
de los presuntos ejecutores.
Consideramos
un grave atentado a los derechos humanos mantener en prisión
a personas sin tener pruebas, y en varios casos de manera
arbitraria.
A modo de
ejemplo citamos el caso de Felipe Benítez, quien ni siquiera
era ocupante de Marina Cué. El mismo había ido a visitar a 3
sobrinos al campamento, donde se quedó a pescar y pasar la
noche, el día antes de la tragedia.
Tanto Benítez,
como Adalberto Castro y Arnaldo Quintana, quienes se
encuentran en la Penitenciaria de Coronel Oviedo, además de
negar haber participado en enfrentamiento alguno,
testimonian haber sido torturados (estando heridos de bala 2
de ellos) por policías al ser arrestados y llevados al borde
de la ejecución sumaria por parte sus captores. Diversos
testimonios campesinos, así como investigaciones paralelas a
la de la fiscalía denuncian la ejecución sumaria de varios
de los 11 campesinos fallecidos.
Hemos
constatado a través de las declaraciones públicas de las
autoridades, que no se respeta la presunción de inocencia de
los campesinos y la existencia de una manifiesta
parcialidad.
Llamamos al
gobierno, al Poder judicial, a mostrar evidencia concreta, o
de manera contraria darles la libertad como corresponde.
3-Consideramos
que la violación de un derecho fundamental, estipulado en el
artículo 114 de la Constitución paraguaya, que garantiza la
distribución y tenencia de tierras de manera equitativa a
través de la Reforma Agraria, es el principal detonante de
la tragedia de Curuguaty. La injusta condición social a la
que están sometidos muchos campesinos y campesinas de
Paraguay. El 80 % de las tierras cultivables están en manos
de 2 % de propietarios, mientras unos 300 mil labriegos no
tienen dónde cultivar.
Citamos
nuevamente el caso de Juana Evangelista Martínez, quien vive
en un terreno prestado donde no pueden cultivar. La
condición de desposeídos llevó a su marido a la decisión de
sumarse a los ocupantes de Marina Cué, 8 días antes de la
imprevista matanza, “por querer alimentar a su familia”,
según dice la viuda.
También es el
caso de Luis Olmedo, quien vive en un pequeño terreno,
“sitio”, que no tiene título ni espacio para cultivos.
4-
Consideramos que la tragedia de Curuguaty, desde las
gestiones jurídicas que la posibilitaron tienen graves
irregularidades que demuestran la instrumentalización del
Estado por poderes fácticos y mafiosos. Según han declarado
días atrás Ministros de la Corte Suprema de Justicia, las
tierras de Marina Cué no son propiedad de la Familia
Riquelme. Fueron donados por la Industrial Paraguaya al
Estado Paraguayo, quien nunca tituló a su nombre las
tierras. Es decir, ni el Estado ni los Riquelme tenían los
títulos de la propiedad. De esta manera, la incursión
policial (disfrazada de allanamiento) para desalojar a los
ocupantes es a todas luces ilegal.
Esta condición
deja sin argumentos a uno de los principales puntos de
imputación de los campesinos y campesinas, la “invasión de
inmueble”.
Una
investigación imparcial debería apuntar a los sectores de
poder que manipularon la justicia para sus intereses
particulares. Entre ellos: el propietario que ordenó el
desalojo y el juez que dio la orden.
Es sumamente
sospechoso que el principal instigador del desalojo ilegal,
el fallecido Blas. N. Riquelme, sea del mismo partido
político que posteriormente utilizó la tragedia para
impulsar el juicio político a Fernando Lugo. Deben ser
objeto de investigación también los sectores políticos
beneficiados por la tragedia, cuyos referentes se conoce que
realizaron gestiones a través del Congreso paraguayo para
desalojar a los campesinos y campesinas de Marina Cué, y
beneficiar a Riquelme.
Su vinculación
con el sector político de la familia Riquelme, desautoriza
al fiscal del caso Jalil Rachid, amigo de la familia e hijo
del también político colorado Bader Rachid (a su vez amigo
del Fallecido Blas N. Riquelme). Lo desautoriza como figura
neutral para investigar un caso con intereses tan complejos.
Lamentamos que
por intereses mezquinos se haya producido la pérdida de 17
vidas humanas.
Los sucesos
del 15 de junio de 2012 demuestran la existencia de una
conducta política y jurídica preeminentemente abocada a la
defensa de sectores poderosos, y en contrapartida, dedicada
a reprimir y judicializar a sectores vulnerables que
reclaman sus derechos, y que son mayoría.
La
movilización de 300 efectivos policiales, acompañados de un
despliegue bélico, con helicóptero, armas de guerra, montada
y ambulancias, para desalojar de manera ilegal a unos 45
campesinos pobres demuestran el poderío de los sectores que
manejan la justicia para sus intereses particulares.
5-Encontramos
insostenible la tesis de la fiscalía respecto a la presunta
emboscada organizada por los campesinos. La situación de
precariedad y la presencia de mujeres embarazadas y niños en
el campamento hacen poco creíble la versión de que se haya
premeditado un campo de batalla.
Elecciones
La SOA Watch
también estuvo monitoreando las elecciones nacionales de
este domingo 21 de abril en Paraguay.
En ese
sentido, reconocemos la tranquilidad con la que se
desarrolló el sufragio.
No obstante,
dejamos constancia de nuestra preocupación por el retorno al
poder de un sector político que implantó por 35 años una
dictadura que materializó violaciones de derechos humanos,
persecuciones, exilio, torturas y crímenes de lesa
humanidad.
Un signo
político bajo cuyo gobierno de “transición democrática” se
mantuvo un modelo económico-político clientelista y corrupto
que tuvo excluido de sus derechos básicos a los sectores más
vulnerables de la población paraguaya. Se mantuvieron
también actos de represión contra organizaciones sociales,
que quedan constatadas en los más de 100 líderes campesinos
fallecidos en el marco de la lucha por la tierra.
Nos preocupa
fuertemente la simpatía y la reivindicación de la dictadura
expresada en medios de prensa durante su campaña por parte
del presidente electo Horacio Cartes. Este reivindicó la
“Paz y progreso” (slogan de la dictadura) que “brindó” el
Partido Colorado en sus 60 años anteriores en el poder.
También vemos preocupantes sus expresiones de desprecio
hacia las personas con distinta opción sexual, los
sindicatos y sus intenciones de instalar en el poder a su
partido “para siempre”, las que denotan aspiraciones
excluyentes y totalitarias. Todo esto sin contar con sus
vínculos con sectores retardatarios.
Las denuncias
de sus vínculos con sectores ilegales como el narcotráfico,
el contrabando y el lavado de dinero, deja mucha duda
respecto a que el mismo pueda o quiera cambiar el modelo
político y económico que estableció su partido por 60 años.
Expresamos
nuestro deseo de que Paraguay no retorne a los años más
oscuros de violación de derechos humanos.
Respecto al
desarrollo de las elecciones, acotamos como hecho irregular
el anuncio por parte del Ministro del Tribunal Superior de
Justicia Electoral Juan Manuel Morales, quien en horas de la
mañana estaba indicando quien iba ganar las elecciones. En
flagrante violación del Código Electoral, desanimando a que
algunos sectores acudan a votar.
Sobre SOA
Watch
SOA Watch, con
oficina en Washington DC, y también en Venezuela y
Chile, fue fundado en 1990 por el sacerdote Maryknoll Roy
Bourgeois. Es una organización de activistas no violentos
preocupados por los derechos humanos y que monitorean el
comportamiento de soldados latinoamericanos, egresados e
instructores, que son entrenados por el Ejército de Estados
Unidos en la Escuela de las Américas. La Escuela de las
Américas, denominada también "Escuela de asesinos" o
“Escuela de los golpes”, fue el centro de formación de los
más grandes represores y torturadores de las dictaduras
latinoamericanas, y sigue en funciones.
Observadores de la Misión SOA Watch en Paraguay fueron:
Theresa
Cameranesi
Susan Lagos
Emily Creigh
Cristian Sánchez
Frank Schneider
Gary Hagermann
William Karr
