Publicación de
un informe de Observación judicial
–
París-Ginebra-Tegucigalpa, 22 de septiembre
de 2016 – Cuatro años después del asesinato
del abogado y defensor de derechos humanos
Antonio Trejo, nuestras organizaciones
denuncian que su crimen permanece en la
impunidad. Antonio Trejo fue asesinado, el
22 de septiembre de 2012, un mes después de
ser acusado de manifestación ilícita y daños
en perjuicio de la seguridad interior del
Estado de Honduras junto con otros 25
defensores de derechos humanos y campesinos
del Bajo Aguán. Este juicio se terminó en
junio de 2016 con el reconocimiento de la
inocencia de los defensores y campesinos.
Nuestras organizaciones publican hoy el
informe “Criminalización en el Bajo Aguán:
Justicia a medias”, que analiza este juicio
y que también denuncia la ausencia de
justicia en el caso de Antonio Trejo.
“La situación de impunidad en el Bajo Aguán
es alarmante. Desde hace cuatro años la
investigación por el asesinato de Antonio
Trejo no ha avanzado. Si no avanza en este
caso que conmovió al mundo en su momento,
que podemos esperar de los numerosos casos
de defensores de derechos humanos asesinados
en Honduras recientemente? Nos preguntamos
si el Estado de Honduras quiere y puede
investigar estos graves crímenes y sancionar
debidamente a sus autores” señaló Dimitris
Christopoulos, Presidente de la FIDH.
El informe detalla las numerosas
vulneraciones a los derechos humanos
presentadas en el proceso, desde la
detención de los 25 defensores y campesinos
el 21 de agosto de 2012, hasta su absolución
el 14 de junio de 2016 y que dan cuenta
además del contexto de riesgo y
estigmatización contra ellos, que por un
lado han incrementado las tensiones sociales
existentes y que al tiempo, continúan
generando una crisis de legitimidad del
sistema judicial hondureño, que es percibido
como un actor generador de nuevos conflictos
y no como un instrumento de defensa de
derechos.
“La criminalización de estas 25 personas no
debió haber ocurrido. Han perdido más de 3
años de sus recursos y energía para
defenderse y durante este tiempo estuvieron
sometidos a medidas limitativas de su
libertad individual. Además del grave y
perjudicial mensaje intimidatorio que se
envía a los defensores y aquellos que se
valen del derecho a la protesta pacífica
para reivindicar sus derechos”señaló Bertha
Oliva, Coordinadora General de COFADEH.
En el Informe se concluye que los derechos
humanos de estas personas han sido
vulnerados por las autoridades, que la
protesta social en Honduras es gravemente
reprimida y que su sistema penal demuestra
graves deficiencias. Esta situación impacta
gravemente en el trabajo de defensa de
derechos humanos y vulnera específicamente
los derechos al debido proceso y las
garantías judiciales.
“En el marco de la actual discusión y
aprobación del Código Penal, solicitamos a
las autoridades hondureñas incluir las
observaciones de la sociedad civil, así como
atender las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el
sentido de derogar el artículo 331 del
Código Penal de Honduras, que criminaliza el
derecho legítimo de la protesta pacífica”,
concluyó Gerald Staberock Secretario General
de la OMCT.
Antecedentes:
Antonio Trejo representaba a campesinos en
causas judiciales por reivindicaciones de
las empresas de propiedad de los empresarios
privados Miguel Facussé y René Morales,
logrando que los jueces reconocieran la
propiedad de las cooperativas campesinas
sobre las tierras de los empresarios en
2010, 2011 y 2012. Desde el 2011 el abogado
denunció las numerosas amenazas recibidas en
razón de su trabajo en donde responsabilizó
a empresarios de la zona y pidió que se
investigara la participación de miembros del
Ejército (Batallón Nº 15) y de la Policía de
Tocoa, Colón. El Estado no adoptó ninguna
medida de protección. Ello a pesar de que el
peligro que corría Antonio Trejo era de
público conocimiento. Su asesinato envió un
mensaje de advertencia muy fuerte a los
campesinos y a quien se atreviera a asumir
su defensa. 5 meses después su hermano, José
Trejo fue igualmente asesinado.
En 2012, en el Bajo Aguán, varias familias
campesinas fueron desalojadas violentamente
por policías y militares, tras haberse
revertido ilegalmente las sentencias que les
otorgaba la titularidad y tenencia de sus
tierras, pues fue durante la vacancia
judicial y contra las sentencias de los
campesinos que estaban en firme, pues no
cabía ningún recurso contra ellas. Ante esta
situación, Antonio Trejo había solicitado
una audiencia ante la Corte Suprema en
Tegucigalpa. A pesar de haber sido concedida
la audiencia para el 21 de agosto de 2012,
la misma no se realizó por negativa del
Presidente de la Corte, posteriormente a
haberse reunido con los abogados de los
empresarios. Ante esta situación, los
campesinos iniciaron una manifestación
pacífica, por la que Antonio Trejo y otros
campesinos fueron detenidos siendo acusados
de manifestación ilícita y daños en
perjuicio de la seguridad interior del
Estado de Honduras. Si bien fueron liberados
con medidas provisionales el 22 de agosto el
juicio continuó hasta Junio de 2016.
Descargue aquí el Informe completo
El Observatorio para la Protección de los
Defensores de Derechos Humanos (el
Observatorio) es un programa creado en 1997
por la FIDH y la Organización Mundial Contra
la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo
intervenir para prevenir o remediar
situaciones concretas de represión contra
los defensores y defensoras de los derechos
humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de
ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la
Unión Europea para Defensores de Derechos
Humanos implementado por sociedad civil
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