La semana pasada, SOA Watch llamó
a sus activistas a realizar llamadas a sus
congresistas en EEUU para patrocinar el proyecto de
Ley HR 5474 llamado por muchos “Ley Berta Cáceres”
en homenaje de la líder de COPINH, asesinada el 2 de
marzo pasado, y como forma concreta de impulsar
acciones para terminar con los crímenes de
activistas en Honduras.
Foto: Ted Majdosz
El llamado, al mismo tiempo, se
ha realizado en los días que se recuerda el tercer
aniversario del asesinato del líder indígena Tomás
García crimen donde están involucrados militares
hondureños que reprimieron una protesta pacífica
contra la construcción de la represa de Agua Zarca y
que le costo la vida a este activista social.
Tomas García, era un líder de la
comunidad y padre de siete hijos. Tomas y Berta son
sólo uno más de muchos hondureños que son
perseguidos y asesinados por las fuerzas de
seguridad de Honduras por el simple hecho de luchar
por sus derechos.
Berta Cáceres, antes de su
asesinato, había sido detenida por los militares
hondureños con cargos falsos en un intento por
desacreditar su lucha y callarla. Cuando eso no
funcionó, fue asesinada.
El mayor del Ejército Mariano
Díaz – un graduado del curso de formación de fuerzas
especiales, que fue creado por los Rangers del
Ejército de Estados Unidos – ha sido detenido y
acusado por el asesinato de Berta, lo que suscita
graves preocupaciones con respecto a la cadena de
mando y la implicación del ejército hondureño en
acciones que violan los derechos humanos.
A tal fin, COPINH y familiares de
Berta insisten en que debe haber una investigación
internacional e independiente de los niveles más
altos del gobierno de Honduras y de las Fuerzas
Armadas para asegurar que todos los que ordenaron el
asesinato sean llevados ante la justicia y
procesados.
Las fuerzas de seguridad de
Honduras también se han relacionado con numerosos
asesinatos de pequeños agricultores de la región del
Bajo Aguan en Honduras, y un reciente artículo
publicado en The Guardian revela que Berta, así como
líderes campesinos destacados en el Aguán,
“aparecieron en una lista negra distribuida a
unidades de fuerzas especiales de las fuerzas
armadas de Honduras”.
Después que ella ganó el Premio
Ambiental Goldman 2015, Berta Cáceres se reunió con
miembros del Congreso de EEUU y les pidió que
dejaran de financiar y apoyar al gobierno represivo
de Honduras incluyendo a sus fuerzas de seguridad.
A mitad de junio, Tomás Gómez, de
COPINH viajó a Washington para hacer lo mismo,
señalando que Berta había estado en Washington un
año antes para informarles de los asesinatos de
Tomás García y otros activistas. Ahora era el turno
de Tomas Gómez para informarles de la muerte de
Berta Cáceres.
El dirigente mencionó que si el
apoyo al régimen de Honduras no se detiene, otra
persona tendrá que venir el año que viene con la
noticia de su asesinato. Y que iban a seguir
viniendo y denunciando asesinato tras asesinato de
líderes indígenas y sociales en Honduras hasta que
no quedara nadie.
Pocos días después, otra líder
hondureña -activa opositora de un proyecto
hidroeléctrico en territorio Lenca – fue asesinada.
Su nombre: Lesbia Yaneth Urquía de 49 años, madre de
dos hijas y un hijo, del municipio de Marcala, La
Paz, Honduras.
¿Cuántas personas más deben morir
para que el Congreso de EEUU deje de financiar y dar
entrenamiento a las fuerzas de seguridad de
Honduras?
Ley Berta Cáceres
El proyecto de Ley HR 5474
llamado por muchos “Ley Berta Cáceres” ha sido
patrocinado o apoyado, hasta la semana pasada, por
24 congresistas de EEUU y busca “suspender la ayuda
de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas
militares de Honduras hasta que cesen las
violaciones de los derechos humanos por parte de las
fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los
autores sean llevados ante la justicia”.
El proyecto, de ser aprobado,
obligara a suspender la ayuda a Honduras mientras el
departamento de estado determine y certifique “un
veredicto en contra de quienes ordenaron y
ejecutaron” el asesinato de Berta Cáceres el 2 de
marzo de 2016; el asesinato de más de 100 activistas
campesinos en el Valle del Aguán; los asesinatos de
Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de
diciembre de 2015; y el atentado contra Félix Molina
el 3 de mayo de 2016 y se haya “investigado y
enjuiciado exitosamente a los miembros de las
fuerzas militares y de la policía sobre los que
pesan sospechas fundadas de haber violado a los
derechos humanos”, entre otras condiciones para
levantar las suspensiones y restricciones al
gobierno de Honduras.
PDF: Proyecto-Ley-Berta-Caceres
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