Chile: Exigen renuncia de
Izurieta por vinculación a ex agentes de la DINA y CNI
Raúl Martínez /Pablo Ruiz
Parlamentarios
y agrupaciones de derechos humanos emplazaron al subsecretario
de Defensa, Óscar Izurieta, a renunciar a su cargo por haber
contratado como asesores a ex agentes de la DINA y la CNI.
Los efectivos
fueron destituidos por orden del ministro de Defensa, Andrés
Allamand, quien a poco tiempo de haber asumido su cargo, está
implementando una nueva política de personal.
Recordemos que
los agentes de la DINA y la CNI están sindicados en la mayoría
de los procesos judiciales por violaciones a los derechos
humanos sucedidos en Chile.
Al menos uno de
cada cuatro agentes de la policía secreta de Pinochet,
articulados en la DINA, pero también en la CNI, fueron
entrenados en la Escuela de las Américas donde se descubrieron
manuales de entrenamiento que aconsejaban aplicar tortura a los
detenidos.
El mismo Oscar
Izurieta, es un graduado de la Escuela de las Américas, en 1975,
al igual que el ex general Le Dantec, en 1974, recientemente
renunciado por estar involucrado en la compra de una casa de un
millón de dólares para residir y que fue objetada por la
Contraloría.
La dirigenta de
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Mireya
García, sostuvo que de esta forma queda de manifiesto que el
propio Izurieta mintió cuando era Comandante en Jefe del
Ejército del entonces ministro de Defensa, Francisco Vidal, ya
que se les aseguró que no había ex agentes en esta rama
castrense.
“Se nos mintió
porque no era así. Ellos se mantenían y estas mismas personas
hoy son parte de la subsecretaría porque el señor Vidal además
es asesor de Izurieta. No entiendo cómo se siguen reproduciendo
las mentiras y esta complicidad con los violadores de derechos
humanos”, manifestó.
De
izquierda a derecha, la primera mujer es la dirigenta Mireya
García de la AFDD, al medio Alicia Lira de la AFEP.
Foto de los Observadores de la Escuela de las Américas en Chile.
Por su parte, el
abogado y diputado Hugo Gutiérrez, aseguró que el ex Comandante
en Jefe del Ejército debería presentar su renuncia, ya que tiene
una clara responsabilidad en las contrataciones de estos
asesores que fueron integrantes de los organismos represivos del
régimen militar.
“La
responsabilidad del mando está clara. Izurieta debería salir del
cargo que detenta porque es de confianza del ministro de Defensa
y es obvio que gran parte de los asesores han sido removidos de
sus cargos”, dijo el presidente de la comisión de Derechos
Humanos de la Cámara.
A poco de asumir
en el ministerio de Defensa, Andrés Allamand ordenó una nueva
política de personal con lo que dispuso la salida de tres
asesores de Óscar Izurieta por estar vinculados a la DINA y la
CNI.
De esa forma
fueron destituidos los generales en retiro Alejandro Romero
Peragallo (graduados en la Escuela de las Américas en 1974) y
Orlando Carter Cuadra ( graduado en 1970), quien es yerno del ex
director de la DINA Manuel Contreras, además del coronel en
retiro José Pérez Manríquez (graduado en 1975).
Ministro
en visita
Continúan las
diligencias para investigar las distintas irregularidades que se
han detectado en las ramas de las Fuerzas Armadas.
Este lunes, el
Pleno de la Corte Suprema – respondiendo una petición realizada
por el Consejo de Defensa del Estado – resolvió designar al juez
de la Corte Marcial, Juan Manuel Muñoz Pardo, como ministro en
visita para investigar los sobreprecios que habrían pagado
algunos oficiales del Comando Aéreo del Ejército para repuestos
de helicópteros al interior del Comando Aéreo del Ejército de
Rancagua,
Este caso fue
investigado en un comienzo por el juez Manuel Valderrama, quien
se declaró incompetente para conocer los antecedentes que,
finalmente, pasaron a la fiscalía militar de Rancagua.
De esta forma el
CDE decidió solicitar un ministro en visita luego que la
investigación no lograra resultados satisfactorios para el
organismo. Muñoz Pardo dejará de cumplir funciones en este
tribunal el 28 de febrero, por lo cual se determinó que a partir
de esa fecha será reemplazado en esa investigación por el
ministro Juan Cristóbal Mera.