Los torturadores no nacen: alguien los educa, los entrena y los apoya. En muchos países dependen de la voluntad de gobiernos extranjeros dispuestos a proporcionarles no sólo material, sino también personal, instrucción y conocimientos y experiencia". Poner fin a la tortura implica no sólo poner fin al comercio del material destinado a ese fin, sino también acabar con el comercio que contribuye a crear "torturadores profesionales".

Estados Unidos, China, Francia, Rusia y el Reino Unido son algunos de los principales proveedores mundiales de instrucción destinada a las fuerzas militares, de seguridad y policiales de países extranjeros. Parte de esta instrucción podría beneficiar a las comunidades receptoras si les proporcionara unas fuerzas militares, de seguridad y policiales mejor preparadas, respetuosas del Estado de derecho y promotoras y protectoras de los derechos de la población civil. Sin embargo, a menos que esta instrucción esté estrictamente controlada y supervisada de forma independiente, existe el peligro de que se emplee para facilitar las violaciones de derechos humanos. Por desgracia, gran parte de esta formación se imparte en secreto, por lo que los ciudadanos y los legisladores de los países implicados rara vez saben quién la recibe, qué conocimientos se transmiten y quién los imparte. Tanto los Estados donantes como los receptores suelen hacer todo lo posible para ocultar la transferencia de conocimientos que se emplean para facilitar violaciones graves de derechos humanos. Sin embargo, a veces se hace un poco de luz en este mundo de sombras…

Durante los 30 años de conflicto civil en Guatemala, decenas de miles de personas fueron víctimas de torturas, homicidios y "desaparición" a manos de las fuerzas de seguridad gubernamentales o de grupos paramilitares. Aunque sus torturadores nunca fueron identificados, la historia de la religiosa Dianna Ortiz ilustra los muchos informes recibidos sobre el papel que desempeñó Estados Unidos en facilitar la tortura. La hermana Ortiz, ciudadana estadounidense, trabajaba en San Miguel Acatán, una zona rural pobre de Guatemala, enseñando a leer a niños mayas. Había recibido numerosas amenazas de muerte debido a su trabajo y fue secuestrada en noviembre de 1989.

Fui secuestrada en el patio trasero de la Posada de Belén, un centro de retiro de Antigua, por miembros de las fuerzas de seguridad guatemaltecas. Me llevaron a una prisión clandestina donde me torturaron y me violaron varias veces. Me quemaron con cigarrillos la espalda y el pecho más de 111 veces. Me bajaron a una fosa llena de cuerpos humanos: cuerpos de niños, mujeres y hombres, algunos decapitados, algunos boca arriba y cubiertos de sangre, algunos muertos, algunos vivos, y todo plagado de ratas.

Después de horas de tortura, me devolvieron a la habitación donde me interrogaron al principio. Allí conocí a Alejandro, un hombre alto de tez clara. Cuando mis torturadores empezaron a violarme de nuevo, le dijeron: "Alejandro, ven y diviértete ". Lo llamaban "jefe". Alejandro maldijo en un inglés americano inconfundible y les ordenó que se detuvieran porque yo era una monja norteamericana y mi desaparición se había hecho pública [...].

Alejandro dijo que estaba preocupado por el pueblo de Guatemala y que por eso trabajaba para liberarlo del comunismo. Continuó diciéndome en mal español que lamentaba lo que me había ocurrido [...]. Le pregunté qué les iba a pasar a las demás personas a las que había visto torturadas. Entonces empezó a hablar en un inglés americano inconfundible. Me dijo que no me preocupase por ellos [...].

Nunca se ha podido confirmar plenamente la identidad de Alejandro. Sin embargo, los datos obtenidos en los años noventa corroboraron que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) había prestado ayuda a las fuerzas militares guatemaltecas reforzando su aparato nacional de información e instruyendo al cuerpo de oficiales en técnicas brutales de contrainsurgencia, ya en los años sesenta. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico creada posteriormente en Guatemala para investigar los abusos cometidos contra los derechos humanos durante el conflicto civil, concluyó: La política anticomunista promovida por los Estados Unidos en el marco de sus relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de los partidos políticos de derecha y los diversos sectores de poder guatemaltecos, mientras aquel país se mostró dispuesto a brindar su respaldo a regímenes militares fuertes en su traspatio estratégico. En el caso guatemalteco se concretó en el plano militar mediante asistencia destinada a reforzar los aparatos de Inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la guerra contrainsurgente, factores claves que incidieron en las violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado.

En 1991, en una demanda civil, un tribunal de justicia estadounidense declaró al ex ministro de Defensa guatemalteco, general Héctor Gramajo, responsable del secuestro y la violación de la hermana Ortiz. El general Gramajo es uno de los literalmente cientos de graduados de la Escuela de las Américas, la tristemente célebre institución estadounidense, que han estado implicados en violaciones de derechos humanos en diversos países latinoamericanos. La Escuela de las Américas, ubicada en Fort Benning, Georgia, es el más conocido de los centros estadounidenses de instrucción militar, pero hay más de 150 centros en Estados Unidos y en otros países donde se imparte formación a militares extranjeros. En septiembre de 1996, el Departamento de Defensa estadounidense dio a conocer datos según los cuales, entre 1982 y 1991, la Escuela había utilizado unos "manuales de instrucción sobre técnicas de inteligencia" que propugnaban las ejecuciones, la tortura, las palizas y el chantaje. Los manuales, redactados en español, se emplearon para capacitar a miles de agentes de las fuerzas de seguridad latinoamericanas, y se distribuyeron ejemplares en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú.

Al parecer, los manuales no se habían descubierto hasta 1991, en el curso de unos procesos de revisión internos. Ese mismo año se notificó el hallazgo a los comités del Congreso pertinentes, aunque no se hizo pública la existencia de los manuales. De hecho, cuando en julio de 1996 las organizaciones no gubernamentales estadounidenses -como SOA Watch- dieron a conocer dicha existencia en una campaña, el portavoz oficial de la Escuela negó que se hubieran utilizado. Dos meses después, en septiembre de 1996, el Pentágono dio a conocer algunos ejemplares de los manuales. Varias investigaciones oficiales han puesto de relieve que, aunque los manuales contenían material indebido, su elaboración, distribución y uso no habían infringido ninguna ley estadounidense. En consecuencia, no se han exigido responsabilidades a nadie por su elaboración y su utilización. De hecho, las autoridades estadounidenses se negaron a castigar a los responsables de producir y utilizar estos manuales porque no había existido "un intento deliberado de vulnerar" la política estadounidense.

Extractos del libro "UN COMERCIO EXECRABLE: EL COMERCIO DE LA TORTURA" - Índice AI: ACT 40/002/2001/s