DENUNCIA DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO ANTE EL PAÍS Y LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL SOBRE NUEVAS ACCIONES EN EL
MARCO DEL GOLPE CONTINUADO CONTRA LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA INJERENCIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
El
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, ha venido denunciando desde el año 2014
la actuación de la derecha venezolana y de factores
extranjeros para derrocar al gobierno democráticamente
constituido en el país. Las violentas agresiones contra
la democracia venezolana provienen de los sectores de la
ultraderecha extrema y violenta que han tenido como
objetivo amenazar la estabilidad del sistema
democrático, tratando de imponer su agenda por encima de
la voluntad popular que se ha ratificado sucesivamente
en las distintas elecciones de los últimos 15 años en el
país.
Desde el 23 de enero del año 2014, estos grupos
desestabilizadores echaron a andar una nueva arremetida
contra la democracia venezolana.
El plan denominado “La Salida” hizo un llamado a
manifestaciones supuestamente pacíficas. Sin embargo, la
acción orquestada por estos factores, pronto devino en
una ola de violencia desmedida en algunos estados y
municipios del país, controlados por autoridades locales
contrarias al gobierno revolucionario.
En este contexto Leopoldo López, dirigente del Partido
Voluntad Popular, declaró a través de las redes
sociales: “Hemos
planteado la necesidad de una salida al desastre, una
salida que pasa por construir una fuerza popular que
esté activa en las calles” “Nos vemos en las calles de
Venezuela”, precisó,
al tiempo que manifestó que el país se acerca a “La
Salida y al cambio”.
Este llamado fue secundado por distintos sectores de la
derecha venezolana que echaban a andar el plan
desestabilizador y que condujo a las acciones violentas
y vandálicas que comenzaron el 12 de febrero de 2014.
El
trágico saldo de la acción perpetrada por este grupo
dejó un total de 43 muertes, cientos de lesionados y
daños incalculables al patrimonio público.
Los acontecimientos violentos propiciados por estos
sectores de la oposición, fueron tergiversados por los
medios de comunicación nacional e internacionales
haciéndolos ver como manifestaciones “pacíficas” que
fueron objeto de represión por parte del gobierno
venezolano, señalando la acción de los agentes de orden
público que ejercieron en defensa del pueblo y de la paz
del país, como violatorias de los derechos humanos.
Una vez fracasada esa escalada de violencia sin sentido,
el presidente Nicolás Maduro hizo un llamado sincero al
diálogo y al entendimiento. Con la participación de la
UNASUR se impulsó una mesa en la cual se convocaron a
esos factores. Sin embargo, este esfuerzo fue depreciado
por parte de la oposición venezolana.
Una vez más la agenda que asumieron fue la de la acción
desestabilizadora. A partir de ese punto se recrudeció
la acción del golpe continuado en el país. Los sectores
de oposición, con apoyo del gobierno de los Estados
Unidos, han aplicado un plan para intentar vulnerar el
orden constitucional y derrocar al gobierno.
Debido al fracaso de la violencia creada en las calles,
la burguesía desató la guerra económica contra el pueblo
venezolano,
buscando con ello crear un clima de insatisfacción en
los sectores populares que produjera saqueos y un
estallido social. De esta forma, por la vía del
acaparamiento, la especulación y el contrabando, se
quiso privar al pueblo venezolano de los principales
productos para la alimentación y la higiene. Esta
acción, aún en desarrollo, está siendo desmontada por el
Gobierno Bolivariano, el cual ha dedicado grandes
esfuerzos por frenar la guerra contra la economía, que
afecta directamente al pueblo venezolano.
Así mismo, el Gobierno Bolivariano logró desactivar una
nueva acción, esta vez concebida en el plano militar. Un
grupo de oficiales de la aviación pretendía provocar un
hecho violento contra el Presidente de la República y
algunas instituciones fundamentales del Estado. El plan
golpista estuvo orquestado por sectores de la
ultraderecha venezolana quienes ofrecieron dinero y una
serie de prebendas a los oficiales que participarían en
la acción. Todo esto contó con el apoyo del Gobierno de
los Estados Unidos de América.
En dicho
plan golpista, cabe resaltar la existencia de un plan
para eliminar físicamente al dirigente opositor Leopoldo
López, y con ello generar un mayor caos que facilitaría
la caída definitiva del Gobierno. Asimismo, es
destacable que esta semana varios dirigentes opositores
habrían suscrito un documento para la “transición”, en
la que participarían voceros de la oposición política de
ultraderecha venezolana, tales como María Corina
Machado, Julio Borges, Antonio Ledezma, entre quienes se
formaría la eventual Junta de Gobierno.
De igual
manera, este frustrado golpe de Estado tenía como
objetivo la muerte de altos funcionarios del Gobierno
Bolivariano, tales como el Presidente Nicolás Maduro,
Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Jorge Rodríguez y
Tareck El Aissami.
En este
orden de ideas, es necesario informar que el
desmantelamiento de este golpe ha merecido hasta la
fecha, la privación de libertad de 10 oficiales,
mientras se encuentran en fuga -fuera del país- otros 3
militares.
Asimismo
se identificaron elementos electrónicos como:
computadoras, sables, uniformes, tabletas, ropa usada
para el video, fotos de un alcalde de oposición (Antonio
Ledezma) y un documento para la “transición” ubicado
recientemente en un diario de circulación nacional.
Además, los detenidos confesaron que la publicidad en la
prensa era una de las señales para la actuación.
En este contexto, se han observado las múltiples
declaraciones de los políticos opositores, al Gobierno
venezolano, que reflejan claramente una postura hacia un
cambio de gobierno, al margen de la normativa
constitucional vigente, incluso haciendo llamados a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana para alterar el hilo
constitucional en el país;
tal y como lo señalara una organización de venezolanos
en los Estados Unidos de América en un comunicado donde
piden “liberarnos del yugo de la mafia totalitaria
que ejerce el poder y ha llevado a Venezuela a la ruina”;
o como se aprecia en las declaraciones efectuadas por el
dueño de un medio de comunicación escrita el mismo día
en que se supone habría ocurrido el atentado golpista: “En
Venezuela hay
elecciones en 2018, pero la situación es tan
catastrófica, el descontento es tan grande en todos los
sectores, incluido el chavismo y las Fuerzas Armadas,
que puede pasar cualquier cosa”.
Todos
estos elementos, son una clara evidencia del plan
continuo por parte de sectores desestabilizadores en
Venezuela, que tienen como firme objetivo vulnerar el
orden constitucional del país.
Paralelamente a la situación que han intentado crear
estos grupos de derecha en nuestro país, se observa una
marcada participación o intervención del Gobierno de los
Estados Unidos de América.
Sus principales representantes gubernamentales, se han
dado a la tarea de emitir juicios desproporcionados y
errados sobre la actuación del Gobierno del Presidente
Nicolás Maduro Moros, con miras a crear una matriz
internacional, para justificar un golpe de Estado, la
intervención extranjera y una llamada “transición
pacífica” a la democracia.
El Golpe continuado fue preparado por etapas, entre los
factores tanto nacionales como internaciones,
interesados en la “Salida” del Presidente Maduro y por
tanto del Gobierno Revolucionario.
El Gobierno de los Estados Unidos de América,
haciendo alarde de su pretendida hegemonía, ha
venido incumpliendo sistemáticamente con la obligación
internacional de la no injerencia en los asuntos
internos de Venezuela, al desarrollar toda una línea de
acciones de carácter declarativo y legislativo, con el
fin de desacreditar y perjudicar al Gobierno Bolivariano
del Presidente Nicolás Maduro Moros y
la institucionalidad democrática venezolana, y con ello
subvertir el sistema
democrático participativo
y protagónico constitucionalmente
vigente.
En efecto, el Gobierno estadounidense, mediante
pronunciamientos oficiales, ha mantenido desde el año
2014 su aviesa conducta de descalificar públicamente las
políticas desarrolladas por el Estado venezolano, para
enfrentar las situaciones de crisis promovidas por el
sector de la ultraderecha política venezolana.
Ello se observa cuando, el Secretario de Estado, John
Kerry [21.05.2014], tergiversa situaciones puntuales de
violencia ocurridas en Venezuela, tildándolas de
manifestaciones pacíficas, insiste en la falsa violación
de los derechos políticos en nuestro país y se atreve a
exigir la liberación de las personas que promovieron
actos criminales y de vandalismo, justificándolas en el
hecho de que “intentaban ejercer su derecho
democrático de expresar disentimiento”.
En igual sentido, el Vicepresidente estadounidense, Joe
Biden, durante su visita al Brasil [16 y 17.6.2014],
expresaba sin disimulo que el Gobierno de los Estados
Unidos de América consideraba que había un
debilitamiento de las instituciones democráticas
venezolanas, lo que se traducía en una falta
de democracia y
en que no había garantía de los derechos humanos.
El 30 julio de 2014 el Departamento de Estado imponía
restricciones al otorgamiento de visas para funcionarios
públicos venezolanos, bajo el pretexto de que existía
una intimidación judicial de la disidencia política
venezolana, así como un uso excesivo de la fuerza para
el control de las situaciones de violencia puntual que
apenas, para esa fecha, ocurrían aisladamente en
entornos urbanos, y que ellos entendían como protestas
pacíficas, teniendo como objetivo dicha restricción
asegurar que los violadores
de derechos humanos rindan cuentas.
El Departamento de Estado, a través de su vocera, Jen
Psaki, ha brindado declaraciones continuas y reiteradas
que sirven para sostener las falsas matrices de opinión
sobre la situación económica en nuestro país, así como
ha construido una línea de opinión que refiere a lasupuesta
criminalización de la disidencia política venezolana,
obviando los hechos delictivos y vandálicos que líderes
políticos de la ultraderecha venezolana alentaron y
promovieron directa y públicamente, siendo éstos la
verdadera razón de sus procesos judiciales.
En este mismo sentido, el Gobierno de los Estados Unidos
de América no ha escatimado oportunidades para
cuestionar la probidad del sistema judicial venezolano,
y en particular cuando se refiere al proceso judicial
del ciudadano Leopoldo López.
También es importante mencionar que, el Gobierno
estadounidense en su Estrategia
de Seguridad Nacional para el 2015, mantiene la
línea de opinión tergiversada sobre la violación de los
derechos humanos en Venezuela, la criminalización de la
disidencia política y la prohibición de la libertad de
expresión, lo cual tiene el agravante de que establece
como línea de acción, continuar apoyando a la oposición
política venezolana para el cambio del régimen
constitucional democrático, participativo y protagónico
en Venezuela.
Por otra parte, es
imperioso referirse a la nefasta «Ley para la Defensa
de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela»,
sancionada por el Congreso estadounidense y puesta en
vigor por el Presidente Barack Obama en diciembre de
2014; pues esa “ley”, de eminente carácter
intervencionista, encuentra sustento en la convicción
del Gobierno de ese país de que el Gobierno Bolivariano
de Venezuela viola los derechos humanos al hacer cumplir
la ley y mantener la paz y la seguridad de todos los
venezolanos, aun cuando ello signifique impedir que
grupúsculos violentos pagados por la ultraderecha
política venezolana cometan acciones vandálicas y
delictivas.
Durante su tramitación parlamentaria, el Gobierno de los
Estados Unidos de América manifestó ante el Congreso que
a través de las sanciones establecidas en esta “ley”, se
favorecerían las pretensiones de la oposición política
venezolana.
Es necesario mencionar que esa legislación
estadounidense establece sanciones de carácter
unilateral no autorizadas por el derecho internacional
contra los intereses de la Nación venezolana, lo cual,
según la doctrina internacionalista contemporánea,
sustentada en la reciente jurisprudencia de la Corte
Internacional de Justicia y en la práctica de los
órganos del sistema de las Naciones Unidas, es una
violación del principio fundamental de la no
intervención en los asuntos internos de otro Estado,
consagrado como obligación universal en el derecho
internacional que rige las relaciones internacionales
entre los Estados, a fin de garantizar la paz y la
seguridad internacionales.
Adicionalmente, cabe señalar que la citada ley tiene
como objetivo coaccionar al Gobierno Bolivariano de
Venezuela, a través del “ataque selectivo”
a los intereses patrimoniales de ciudadanos venezolanos
señalados sumaria y secretamente por el Departamento de
Estado (órgano del Poder Ejecutivo), para aplicar
sanciones confiscatorias y violatorias de los derechos
fundamentales reconocidos en el mundo civilizado.
Esta acción injerencista del Gobierno de los Estados
Unidos de América ha sido reconocida y condenada
firmemente por los Estados de la región,
siendo destacable los llamados al Gobierno de los
Estados Unidos de América para que respete, en sus
relaciones con los Estados de Latinoamérica y del
Caribe, el compromiso de no intervenir directa o
indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro
Estado y observe los principios de soberanía nacional,
la igualdad de derechos y la libre determinación de los
pueblos (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños –CELAC) y, se abstenga de imponer
sanciones unilaterales que vulneran el principio de la
no intervención en los asuntos internos de otros Estados
(Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR— y
Mercado Común del Sur –MERCOSUR).
Sin embargo, el Gobierno estadounidense hizo caso omiso
a este llamado al cumplimiento del derecho
internacional, y reiteró y amplió las medidas
sancionatorias contra funcionarios del Gobierno
venezolano, las cuales fueron rechazadas nuevamente por
los organismos regionales antes señalados, y de igual
forma se pronunció la comunidad internacional a través
del Movimiento de Países No Alineado (MNOAL), el
cual instó “a derogar tales medidas coercitivas
ilegales que afectan el espíritu de diálogo y
entendimiento político entre Venezuela y los Estados
Unidos de América”.
A la luz de lo anterior, el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela solicita que la comunidad
internacional rechace enérgicamente la injerencia
sistemática y continuada que mantiene el Gobierno de los
Estados Unidos de América en nuestros asuntos políticos
internos, puesto que ello atenta contra los valores
fundamentales de la convivencia pacífica entre los
Estados, y contraviene el derecho internacional
universal establecido en la Carta de las Naciones Unidas.
NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LA NO INJERENCIA EN LOS
ASUNTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS, VULNERADA POR EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS:
-
El numeral 7 del artículo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas, dispone claramente como principio
fundamental que regula el accionar, tanto de la
Organización como de sus países miembros, la
obligación de no intervenir
en los asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados.
-
Este principio, está plenamente desarrollado en la «Declaración
sobre los Principios de Derecho Internacional
referentes a las Relaciones de Amistad y a la
Cooperación entre los Estados de Conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas» (Resolución de la
Asamblea General de la ONU N° 2625 (XXV) del 24 de
octubre de 1970), en la que se prevé lo siguiente:
«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de
intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el
motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier
otro. Por tanto, no solamente la intervención armada,
sino también cualesquiera otras formas de injerencia o
de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o
de los elementos políticos, económicos y culturales que
lo constituyen, son violaciones del Derecho
Internacional.»
De igual manera, el artículo 3 (e) de la Carta de la
Organización de los Estados Americanos establece como un
principio de obligatorio cumplimiento para todos los
miembros de la organización «la obligación de no
intervenir en los asuntos de otro Estado», y el artículo
19 de la misma Carta, dispone expresamente que:
«Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de
intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere
el motivo, en los asuntos internos o externos de
cualquier otro. El principio anterior excluye no
solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra
forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la
personalidad del Estado, de los elementos políticos,
económicos y culturales que lo constituyen.»
La codificación normativa de este principio hace
indudable su obligatoriedad para todos los países de la
región, a fin de mantener una buena relación que
propenda al aseguramiento de la paz y la seguridad
internacionales.
-
Otra manifestación más de que este principio
universal constituye una costumbre hemisférica,
practicada con plena obligatoriedad por todos los
países de la región americana, puede apreciarse en
el párrafo 23 de laDeclaración de Caracas del
2 y 3 de diciembre de 2011, emanada de la Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), en la cual este mecanismo político e
integracionista, que es el de mayor
representatividad americana, reconoció como unos de
sus valores y principios orientadores, el respeto a
la soberanía; el respeto a la integridad territorial
y; la no injerencia en los asuntos internos de cada
país.
-
Siendo reafirmada esta postura principista en la Declaración
Especial sobre la Democracia y el Orden
Constitucional en la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) del
3 de diciembre de 2011, donde quedó expresado lo
siguiente:
«Ratificamos la vigencia del Estado de Derecho, el
respeto a la autoridades legítimamente constituidas como
expresión de la voluntad soberana de los pueblos, la no
injerencia en los asuntos internos y la defensa de las
instituciones democráticas, que constituyen garantías
indispensables para asegurar la paz, la estabilidad y la
prosperidad económica y la justicia social…»
-
De igual modo, en el ámbito regional, la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) ha reafirmado en
diversas ocasiones la convicción de sus Estados
miembros en relación a la obligatoriedad para toda
la comunidad internacional del principio de la no
intervención, el respeto irrestricto de la soberanía
de los Estados, y la no injerencia en los asuntos
internos. Ello en aras de mantener la seguridad
regional y la paz internacional.
-
-
En la Decisión
para el Establecimiento del Consejo de Defensa
Suramericano de la UNASUR, del 16 de diciembre
2008, la Unión enfáticamente dispuso en su artículo
3, como principios rectores para la defensa
suramericana:
«(a) [El] respeto de manera irrestricta a la
soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de
los Estados, la no intervención en sus asuntos internos
y la autodeterminación de los pueblos.
(e) [La] salvaguarda de la plena vigencia del Derecho
Internacional, en concurrencia con los principios y
normas de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de
la Organización de los Estados Americanos y el Tratado
Constitutivo de UNASUR.
(m) Reafirmar la convivencia pacífica de los pueblos, la
vigencia de los sistemas democráticos de gobierno y su
protección, en materia de defensa, frente a amenazas o
acciones externas o internas, en el marco de las
normativas nacionales…»
La Declaración
Conjunta de la Reunión Extraordinaria del Consejo de
Jefas y Jefes de Estado de la Unión de Naciones
Suramericanas, del 28 de agosto de 2009, reiteró su
énfasis a que «el irrestricto respeto a la soberanía,
integridad e inviolabilidad territorial de los Estados,
la no injerencia en asuntos internos y la
autodeterminación de los pueblos son esenciales para
consolidar la integración regional», y, en este orden de
ideas expresó la «disposición de consolidar en
Suramérica una zona de paz, fundamento para el
desarrollo integral de nuestros pueblos, y la
preservación de sus recursos naturales, a través de la
prevención de conflictos, la solución pacífica de las
controversias y la abstención de recurrir a la amenaza o
el uso de la fuerza.»
Fuente: Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela ante el Reino de España.
Reenviada por Ojos para la Paz
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