DENUNCIA DEL PRESIDENTE NICOL�S MADURO ANTE EL PA�S Y LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL SOBRE NUEVAS ACCIONES EN EL
MARCO DEL GOLPE CONTINUADO CONTRA LA REP�BLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA INJERENCIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AM�RICA
El
Presidente de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela,
Nicol�s Maduro, ha venido denunciando desde el a�o 2014
la actuaci�n de la derecha venezolana y de factores
extranjeros para derrocar al gobierno democr�ticamente
constituido en el pa�s. Las violentas agresiones contra
la democracia venezolana provienen de los sectores de la
ultraderecha extrema y violenta que han tenido como
objetivo amenazar la estabilidad del sistema
democr�tico, tratando de imponer su agenda por encima de
la voluntad popular que se ha ratificado sucesivamente
en las distintas elecciones de los �ltimos 15 a�os en el
pa�s.
Desde el 23 de enero del a�o 2014, estos grupos
desestabilizadores echaron a andar una nueva arremetida
contra la democracia venezolana.
El plan denominado �La Salida� hizo un llamado a
manifestaciones supuestamente pac�ficas. Sin embargo, la
acci�n orquestada por estos factores, pronto devino en
una ola de violencia desmedida en algunos estados y
municipios del pa�s, controlados por autoridades locales
contrarias al gobierno revolucionario.
En este contexto Leopoldo L�pez, dirigente del Partido
Voluntad Popular, declar� a trav�s de las redes
sociales: �Hemos
planteado la necesidad de una salida al desastre, una
salida que pasa por construir una fuerza popular que
est� activa en las calles� �Nos vemos en las calles de
Venezuela�, precis�,
al tiempo que manifest� que el pa�s se acerca a �La
Salida y al cambio�.
Este llamado fue secundado por distintos sectores de la
derecha venezolana que echaban a andar el plan
desestabilizador y que condujo a las acciones violentas
y vand�licas que comenzaron el 12 de febrero de 2014.
El
tr�gico saldo de la acci�n perpetrada por este grupo
dej� un total de 43 muertes, cientos de lesionados y
da�os incalculables al patrimonio p�blico.
Los acontecimientos violentos propiciados por estos
sectores de la oposici�n, fueron tergiversados por los
medios de comunicaci�n nacional e internacionales
haci�ndolos ver como manifestaciones �pac�ficas� que
fueron objeto de represi�n por parte del gobierno
venezolano, se�alando la acci�n de los agentes de orden
p�blico que ejercieron en defensa del pueblo y de la paz
del pa�s, como violatorias de los derechos humanos.
Una vez fracasada esa escalada de violencia sin sentido,
el presidente Nicol�s Maduro hizo un llamado sincero al
di�logo y al entendimiento. Con la participaci�n de la
UNASUR se impuls� una mesa en la cual se convocaron a
esos factores. Sin embargo, este esfuerzo fue depreciado
por parte de la oposici�n venezolana.
Una vez m�s la agenda que asumieron fue la de la acci�n
desestabilizadora. A partir de ese punto se recrudeci�
la acci�n del golpe continuado en el pa�s. Los sectores
de oposici�n, con apoyo del gobierno de los Estados
Unidos, han aplicado un plan para intentar vulnerar el
orden constitucional y derrocar al gobierno.
Debido al fracaso de la violencia creada en las calles,
la burgues�a desat� la guerra econ�mica contra el pueblo
venezolano,
buscando con ello crear un clima de insatisfacci�n en
los sectores populares que produjera saqueos y un
estallido social. De esta forma, por la v�a del
acaparamiento, la especulaci�n y el contrabando, se
quiso privar al pueblo venezolano de los principales
productos para la alimentaci�n y la higiene. Esta
acci�n, a�n en desarrollo, est� siendo desmontada por el
Gobierno Bolivariano, el cual ha dedicado grandes
esfuerzos por frenar la guerra contra la econom�a, que
afecta directamente al pueblo venezolano.
As� mismo, el Gobierno Bolivariano logr� desactivar una
nueva acci�n, esta vez concebida en el plano militar. Un
grupo de oficiales de la aviaci�n pretend�a provocar un
hecho violento contra el Presidente de la Rep�blica y
algunas instituciones fundamentales del Estado. El plan
golpista estuvo orquestado por sectores de la
ultraderecha venezolana quienes ofrecieron dinero y una
serie de prebendas a los oficiales que participar�an en
la acci�n. Todo esto cont� con el apoyo del Gobierno de
los Estados Unidos de Am�rica.
En dicho
plan golpista, cabe resaltar la existencia de un plan
para eliminar f�sicamente al dirigente opositor Leopoldo
L�pez, y con ello generar un mayor caos que facilitar�a
la ca�da definitiva del Gobierno. Asimismo, es
destacable que esta semana varios dirigentes opositores
habr�an suscrito un documento para la �transici�n�, en
la que participar�an voceros de la oposici�n pol�tica de
ultraderecha venezolana, tales como Mar�a Corina
Machado, Julio Borges, Antonio Ledezma, entre quienes se
formar�a la eventual Junta de Gobierno.
De igual
manera, este frustrado golpe de Estado ten�a como
objetivo la muerte de altos funcionarios del Gobierno
Bolivariano, tales como el Presidente Nicol�s Maduro,
Diosdado Cabello, Tibisay Lucena, Jorge Rodr�guez y
Tareck El Aissami.
En este
orden de ideas, es necesario informar que el
desmantelamiento de este golpe ha merecido hasta la
fecha, la privaci�n de libertad de 10 oficiales,
mientras se encuentran en fuga -fuera del pa�s- otros 3
militares.
Asimismo
se identificaron elementos electr�nicos como:
computadoras, sables, uniformes, tabletas, ropa usada
para el video, fotos de un alcalde de oposici�n (Antonio
Ledezma) y un documento para la �transici�n� ubicado
recientemente en un diario de circulaci�n nacional.
Adem�s, los detenidos confesaron que la publicidad en la
prensa era una de las se�ales para la actuaci�n.
En este contexto, se han observado las m�ltiples
declaraciones de los pol�ticos opositores, al Gobierno
venezolano, que reflejan claramente una postura hacia un
cambio de gobierno, al margen de la normativa
constitucional vigente, incluso haciendo llamados a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana para alterar el hilo
constitucional en el pa�s;
tal y como lo se�alara una organizaci�n de venezolanos
en los Estados Unidos de Am�rica en un comunicado donde
piden �liberarnos del yugo de la mafia totalitaria
que ejerce el poder y ha llevado a Venezuela a la ruina�;
o como se aprecia en las declaraciones efectuadas por el
due�o de un medio de comunicaci�n escrita el mismo d�a
en que se supone habr�a ocurrido el atentado golpista: �En
Venezuela hay
elecciones en 2018, pero la situaci�n es tan
catastr�fica, el descontento es tan grande en todos los
sectores, incluido el chavismo y las Fuerzas Armadas,
que puede pasar cualquier cosa�.
Todos
estos elementos, son una clara evidencia del plan
continuo por parte de sectores desestabilizadores en
Venezuela, que tienen como firme objetivo vulnerar el
orden constitucional del pa�s.
Paralelamente a la situaci�n que han intentado crear
estos grupos de derecha en nuestro pa�s, se observa una
marcada participaci�n o intervenci�n del Gobierno de los
Estados Unidos de Am�rica.
Sus principales representantes gubernamentales, se han
dado a la tarea de emitir juicios desproporcionados y
errados sobre la actuaci�n del Gobierno del Presidente
Nicol�s Maduro Moros, con miras a crear una matriz
internacional, para justificar un golpe de Estado, la
intervenci�n extranjera y una llamada �transici�n
pac�fica� a la democracia.
El Golpe continuado fue preparado por etapas, entre los
factores tanto nacionales como internaciones,
interesados en la �Salida� del Presidente Maduro y por
tanto del Gobierno Revolucionario.
El Gobierno de los Estados Unidos de Am�rica,
haciendo alarde de su pretendida hegemon�a, ha
venido incumpliendo sistem�ticamente con la obligaci�n
internacional de la no injerencia en los asuntos
internos de Venezuela, al desarrollar toda una l�nea de
acciones de car�cter declarativo y legislativo, con el
fin de desacreditar y perjudicar al Gobierno Bolivariano
del Presidente Nicol�s Maduro Moros y
la institucionalidad democr�tica venezolana, y con ello
subvertir el sistema
democr�tico participativo
y protag�nico constitucionalmente
vigente.
En efecto, el Gobierno estadounidense, mediante
pronunciamientos oficiales, ha mantenido desde el a�o
2014 su aviesa conducta de descalificar p�blicamente las
pol�ticas desarrolladas por el Estado venezolano, para
enfrentar las situaciones de crisis promovidas por el
sector de la ultraderecha pol�tica venezolana.
Ello se observa cuando, el Secretario de Estado, John
Kerry [21.05.2014], tergiversa situaciones puntuales de
violencia ocurridas en Venezuela, tild�ndolas de
manifestaciones pac�ficas, insiste en la falsa violaci�n
de los derechos pol�ticos en nuestro pa�s y se atreve a
exigir la liberaci�n de las personas que promovieron
actos criminales y de vandalismo, justific�ndolas en el
hecho de que �intentaban ejercer su derecho
democr�tico de expresar disentimiento�.
En igual sentido, el Vicepresidente estadounidense, Joe
Biden, durante su visita al Brasil [16 y 17.6.2014],
expresaba sin disimulo que el Gobierno de los Estados
Unidos de Am�rica consideraba que hab�a un
debilitamiento de las instituciones democr�ticas
venezolanas, lo que se traduc�a en una falta
de democracia y
en que no hab�a garant�a de los derechos humanos.
El 30 julio de 2014 el Departamento de Estado impon�a
restricciones al otorgamiento de visas para funcionarios
p�blicos venezolanos, bajo el pretexto de que exist�a
una intimidaci�n judicial de la disidencia pol�tica
venezolana, as� como un uso excesivo de la fuerza para
el control de las situaciones de violencia puntual que
apenas, para esa fecha, ocurr�an aisladamente en
entornos urbanos, y que ellos entend�an como protestas
pac�ficas, teniendo como objetivo dicha restricci�n
asegurar que los violadores
de derechos humanos rindan cuentas.
El Departamento de Estado, a trav�s de su vocera, Jen
Psaki, ha brindado declaraciones continuas y reiteradas
que sirven para sostener las falsas matrices de opini�n
sobre la situaci�n econ�mica en nuestro pa�s, as� como
ha construido una l�nea de opini�n que refiere a lasupuesta
criminalizaci�n de la disidencia pol�tica venezolana,
obviando los hechos delictivos y vand�licos que l�deres
pol�ticos de la ultraderecha venezolana alentaron y
promovieron directa y p�blicamente, siendo �stos la
verdadera raz�n de sus procesos judiciales.
En este mismo sentido, el Gobierno de los Estados Unidos
de Am�rica no ha escatimado oportunidades para
cuestionar la probidad del sistema judicial venezolano,
y en particular cuando se refiere al proceso judicial
del ciudadano Leopoldo L�pez.
Tambi�n es importante mencionar que, el Gobierno
estadounidense en su Estrategia
de Seguridad Nacional para el 2015, mantiene la
l�nea de opini�n tergiversada sobre la violaci�n de los
derechos humanos en Venezuela, la criminalizaci�n de la
disidencia pol�tica y la prohibici�n de la libertad de
expresi�n, lo cual tiene el agravante de que establece
como l�nea de acci�n, continuar apoyando a la oposici�n
pol�tica venezolana para el cambio del r�gimen
constitucional democr�tico, participativo y protag�nico
en Venezuela.
Por otra parte, es
imperioso referirse a la nefasta �Ley para la Defensa
de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela�,
sancionada por el Congreso estadounidense y puesta en
vigor por el Presidente Barack Obama en diciembre de
2014; pues esa �ley�, de eminente car�cter
intervencionista, encuentra sustento en la convicci�n
del Gobierno de ese pa�s de que el Gobierno Bolivariano
de Venezuela viola los derechos humanos al hacer cumplir
la ley y mantener la paz y la seguridad de todos los
venezolanos, aun cuando ello signifique impedir que
grup�sculos violentos pagados por la ultraderecha
pol�tica venezolana cometan acciones vand�licas y
delictivas.
Durante su tramitaci�n parlamentaria, el Gobierno de los
Estados Unidos de Am�rica manifest� ante el Congreso que
a trav�s de las sanciones establecidas en esta �ley�, se
favorecer�an las pretensiones de la oposici�n pol�tica
venezolana.
Es necesario mencionar que esa legislaci�n
estadounidense establece sanciones de car�cter
unilateral no autorizadas por el derecho internacional
contra los intereses de la Naci�n venezolana, lo cual,
seg�n la doctrina internacionalista contempor�nea,
sustentada en la reciente jurisprudencia de la Corte
Internacional de Justicia y en la pr�ctica de los
�rganos del sistema de las Naciones Unidas, es una
violaci�n del principio fundamental de la no
intervenci�n en los asuntos internos de otro Estado,
consagrado como obligaci�n universal en el derecho
internacional que rige las relaciones internacionales
entre los Estados, a fin de garantizar la paz y la
seguridad internacionales.
Adicionalmente, cabe se�alar que la citada ley tiene
como objetivo coaccionar al Gobierno Bolivariano de
Venezuela, a trav�s del �ataque selectivo�
a los intereses patrimoniales de ciudadanos venezolanos
se�alados sumaria y secretamente por el Departamento de
Estado (�rgano del Poder Ejecutivo), para aplicar
sanciones confiscatorias y violatorias de los derechos
fundamentales reconocidos en el mundo civilizado.
Esta acci�n injerencista del Gobierno de los Estados
Unidos de Am�rica ha sido reconocida y condenada
firmemente por los Estados de la regi�n,
siendo destacable los llamados al Gobierno de los
Estados Unidos de Am�rica para que respete, en sus
relaciones con los Estados de Latinoam�rica y del
Caribe, el compromiso de no intervenir directa o
indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro
Estado y observe los principios de soberan�a nacional,
la igualdad de derechos y la libre determinaci�n de los
pueblos (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribe�os �CELAC) y, se abstenga de imponer
sanciones unilaterales que vulneran el principio de la
no intervenci�n en los asuntos internos de otros Estados
(Uni�n de Naciones Suramericanas �UNASUR� y
Mercado Com�n del Sur �MERCOSUR).
Sin embargo, el Gobierno estadounidense hizo caso omiso
a este llamado al cumplimiento del derecho
internacional, y reiter� y ampli� las medidas
sancionatorias contra funcionarios del Gobierno
venezolano, las cuales fueron rechazadas nuevamente por
los organismos regionales antes se�alados, y de igual
forma se pronunci� la comunidad internacional a trav�s
del Movimiento de Pa�ses No Alineado (MNOAL), el
cual inst� �a derogar tales medidas coercitivas
ilegales que afectan el esp�ritu de di�logo y
entendimiento pol�tico entre Venezuela y los Estados
Unidos de Am�rica�.
A la luz de lo anterior, el Gobierno de la Rep�blica
Bolivariana de Venezuela solicita que la comunidad
internacional rechace en�rgicamente la injerencia
sistem�tica y continuada que mantiene el Gobierno de los
Estados Unidos de Am�rica en nuestros asuntos pol�ticos
internos, puesto que ello atenta contra los valores
fundamentales de la convivencia pac�fica entre los
Estados, y contraviene el derecho internacional
universal establecido en la Carta de las Naciones Unidas.
NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE LA NO INJERENCIA EN LOS
ASUNTOS INTERNOS DE LOS ESTADOS, VULNERADA POR EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS:
-
El numeral 7 del art�culo 2 de la Carta de las
Naciones Unidas, dispone claramente como principio
fundamental que regula el accionar, tanto de la
Organizaci�n como de sus pa�ses miembros, la
obligaci�n de no intervenir
en los asuntos que son esencialmente de la
jurisdicci�n interna de los Estados.
-
Este principio, est� plenamente desarrollado en la �Declaraci�n
sobre los Principios de Derecho Internacional
referentes a las Relaciones de Amistad y a la
Cooperaci�n entre los Estados de Conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas� (Resoluci�n de la
Asamblea General de la ONU N� 2625 (XXV) del 24 de
octubre de 1970), en la que se prev� lo siguiente:
�Ning�n Estado o grupo de Estados tiene derecho de
intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el
motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier
otro. Por tanto, no solamente la intervenci�n armada,
sino tambi�n cualesquiera otras formas de injerencia o
de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o
de los elementos pol�ticos, econ�micos y culturales que
lo constituyen, son violaciones del Derecho
Internacional.�
De igual manera, el art�culo 3 (e) de la Carta de la
Organizaci�n de los Estados Americanos establece como un
principio de obligatorio cumplimiento para todos los
miembros de la organizaci�n �la obligaci�n de no
intervenir en los asuntos de otro Estado�, y el art�culo
19 de la misma Carta, dispone expresamente que:
�Ning�n Estado o grupo de Estados tiene derecho de
intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere
el motivo, en los asuntos internos o externos de
cualquier otro. El principio anterior excluye no
solamente la fuerza armada, sino tambi�n cualquier otra
forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la
personalidad del Estado, de los elementos pol�ticos,
econ�micos y culturales que lo constituyen.�
La codificaci�n normativa de este principio hace
indudable su obligatoriedad para todos los pa�ses de la
regi�n, a fin de mantener una buena relaci�n que
propenda al aseguramiento de la paz y la seguridad
internacionales.
-
Otra manifestaci�n m�s de que este principio
universal constituye una costumbre hemisf�rica,
practicada con plena obligatoriedad por todos los
pa�ses de la regi�n americana, puede apreciarse en
el p�rrafo 23 de laDeclaraci�n de Caracas del
2 y 3 de diciembre de 2011, emanada de la Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe�os
(CELAC), en la cual este mecanismo pol�tico e
integracionista, que es el de mayor
representatividad americana, reconoci� como unos de
sus valores y principios orientadores, el respeto a
la soberan�a; el respeto a la integridad territorial
y; la no injerencia en los asuntos internos de cada
pa�s.
-
Siendo reafirmada esta postura principista en la Declaraci�n
Especial sobre la Democracia y el Orden
Constitucional en la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribe�os (CELAC) del
3 de diciembre de 2011, donde qued� expresado lo
siguiente:
�Ratificamos la vigencia del Estado de Derecho, el
respeto a la autoridades leg�timamente constituidas como
expresi�n de la voluntad soberana de los pueblos, la no
injerencia en los asuntos internos y la defensa de las
instituciones democr�ticas, que constituyen garant�as
indispensables para asegurar la paz, la estabilidad y la
prosperidad econ�mica y la justicia social��
-
De igual modo, en el �mbito regional, la Uni�n de
Naciones Suramericanas (UNASUR) ha reafirmado en
diversas ocasiones la convicci�n de sus Estados
miembros en relaci�n a la obligatoriedad para toda
la comunidad internacional del principio de la no
intervenci�n, el respeto irrestricto de la soberan�a
de los Estados, y la no injerencia en los asuntos
internos. Ello en aras de mantener la seguridad
regional y la paz internacional.
-
-
En la Decisi�n
para el Establecimiento del Consejo de Defensa
Suramericano de la UNASUR, del 16 de diciembre
2008, la Uni�n enf�ticamente dispuso en su art�culo
3, como principios rectores para la defensa
suramericana:
�(a) [El] respeto de manera irrestricta a la
soberan�a, integridad e inviolabilidad territorial de
los Estados, la no intervenci�n en sus asuntos internos
y la autodeterminaci�n de los pueblos.
(e) [La] salvaguarda de la plena vigencia del Derecho
Internacional, en concurrencia con los principios y
normas de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de
la Organizaci�n de los Estados Americanos y el Tratado
Constitutivo de UNASUR.
(m) Reafirmar la convivencia pac�fica de los pueblos, la
vigencia de los sistemas democr�ticos de gobierno y su
protecci�n, en materia de defensa, frente a amenazas o
acciones externas o internas, en el marco de las
normativas nacionales��
La Declaraci�n
Conjunta de la Reuni�n Extraordinaria del Consejo de
Jefas y Jefes de Estado de la Uni�n de Naciones
Suramericanas, del 28 de agosto de 2009, reiter� su
�nfasis a que �el irrestricto respeto a la soberan�a,
integridad e inviolabilidad territorial de los Estados,
la no injerencia en asuntos internos y la
autodeterminaci�n de los pueblos son esenciales para
consolidar la integraci�n regional�, y, en este orden de
ideas expres� la �disposici�n de consolidar en
Suram�rica una zona de paz, fundamento para el
desarrollo integral de nuestros pueblos, y la
preservaci�n de sus recursos naturales, a trav�s de la
prevenci�n de conflictos, la soluci�n pac�fica de las
controversias y la abstenci�n de recurrir a la amenaza o
el uso de la fuerza.�
Fuente: Embajada de la Rep�blica Bolivariana de
Venezuela ante el Reino de Espa�a.
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M�s Informaci�n en www.soawlatina.org
