COFADEH

Por la comisi�n de los delitos contra la forma de gobierno, falsificaci�n de documentos p�blicos, terrorismo, detenci�n ilegal, rebeli�n, abuso de autoridad, traici�n a la patria y allanamiento de morada han sido denunciados ante la Fiscal�a General de la Rep�blica el Presidente Roberto Micheletti, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo V�squez Vel�squez.

Adem�s de ellos, han sido denunciados, Jos� Alfredo Saavedra, presidente del Congreso Nacional y los diputados, Ram�n Vel�squez Nazar, Juan Orlando Hern�ndez, Toribio Aguilera, Martha Lorena Alvarado y todos los dem�s diputados y diputadas que participaron y aprobaron la resoluci�n o decreto mediante la cual se destituy� al ciudadano Manuel Zelaya Rosales de su condici�n de Presidente Constitucional de la Rep�blica.

Asimismo fueron denunciados los oficiales del alto mando, Miguel Garc�a Padgett, Juan Pablo Rodr�guez Rodr�guez y Luis Javier Prince, miembros del Estado Mayor Conjunto de las FFAA.

La denuncia fue interpuesta por los fiscales V�ctor Fern�ndez y Jari Dixon, el juez Guillermo L�pez Lone de la Asociaci�n de Jueces por la Democracia (AJD), la magistrada Tirza Flores, la abogada Claudia Hermandorfer del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la Coordinadora del Comit� de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva.

Y por las ciudadanas y ciudadanos: Foad Alejandro Castillo, Marco Tulio Padilla Mendoza, Hermes An�bal Reyes Navarrete, Mar�a del Rosario Roiz Andino, Myrna Isabel Mej�a, Lidia C�lix y Marcela Guzm�n Melghem.

La denuncia de los ciudadanos y ciudadanas establece que "los bienes jur�dicos quebrantados son la existencia y la seguridad del Estado, la seguridad interior del Estado de Honduras, la libertad y la dignidad de las personas y de la patria".

Cabe se�alar que las instalaciones del Ministerio P�blico permanecen fuertemente custodiadas por efectivos militares, al igual que el resto de instituciones estatales del pa�s.

Alrededor del mediod�a y luego de presentar la denuncia ante el Fiscal General Luis Alberto Rub�, la abogada Claudia Hermannsdorfer del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) expres� que el Fiscal General "va a conocer la denuncia, que le va a dar el tr�mite m�s r�pido posible, como le ha dado tr�mite a las otras denuncias que ha recibido en �stos d�as y que va a proceder conforme a derecho; estamos esperando que proceda".

Si el Fiscal General, Luis Alberto Rub� "va a actuar, tiene que actuar en igualdad de condiciones y tiene que actuar tan r�pidamente como actu� en los otros casos".

Se conoci� a trav�s de un fiscal que pidi� el anonimato que la Fiscal�a contra la Corrupci�n estaba preparando requerimientos con fechas anteriores a la de este d�a, para que en los tribunales de justicia se libraran �rdenes de captura contra el presidente Manuel Zelaya y su gabinete.

Consultada por la prensa nacional en torno a la pretensi�n de la denuncia, Hermansdorfer sostuvo que queremos "que se restituya en el pa�s la institucionalidad y el estado de derecho, y el estado de derecho significa que se reinstale al presidente electo por el pueblo de Honduras, para que cumpla su per�odo".

Por su parte la magistrada Tirza Flores sostuvo que el presidente de la Rep�blica Manuel Zelaya Rosales "en ning�n momento debi� ser objeto de los hechos que han sido ejecutados tanto por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas como por los diputados al Congreso Nacional, ellos han roto la institucionalidad y en nombre de la legalidad, dicen ellos, entre comillas, que han realizado acciones que nosotros consideramos que son delitos".

Flores a�adi� que "tenemos la palabra del Fiscal General y del Fiscal Adjunto que van a proceder a la investigaci�n de estos actos de una manera imparcial y con la celeridad del caso. Creemos que esta es una prueba a la institucionalidad del pa�s porque yo, repito, no estamos defendiendo al presidente constitucional de la Rep�blica, estamos defendiendo la institucionalidad y la democracia de nuestro pa�s".

"Si el presidente incurri� en il�citos penales, no debi� ser objeto de una expatriaci�n como ha sido en este momento. El art�culo 81y 102 de la Constituci�n garantizan el derecho, a todos los ciudadanos y ciudadanas de residir libremente en el territorio nacional y de no ser objetos de una expatriaci�n ilegal como lo fue Manuel Zelaya Rosales", recalc� la jueza.

El domingo 28 de junio de 2009, alrededor de las 5:00 de la ma�ana, en la colonia 3 Caminos de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, con instrucciones del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Un contingente de militares ingres� violentamente a la residencia del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales con el fin de darle captura, acci�n en la cual se produjo un enfrentamiento con armas de fuego entre los agresores y efectivos de la Guardia de Honor Presidencial, los cuales al final fueron reducidos a la impotencia.

Posterior a la captura de Manuel Zelaya Rosales, el presidente fue trasladado a la Base Hern�n Acosta Mej�a de la Fuerza A�rea Hondure�a y luego puesto en un avi�n que lo traslad� a San Jos� de Costa Rica.

Ese mismo d�a la corte Suprema de Justicia emiti� un comunicado en el que rese�aba la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Francisco Moraz�n, en la que ordenaba la suspensi�n de la encuesta de opini�n denominada "cuarta urna" y el decomiso de las urnas, papeletas y todo el material relacionado con la llamada consulta popular.

Los denunciantes se�alan que dicho juzgado no tiene facultades para decretar la detenci�n de ninguna persona, por lo que la captura del presidente Manuel Zelaya Rosales se produjo sin la orden respectiva que en todo caso debi� ser producto de un proceso bien definido por el C�digo Procesal Penal en sus art�culos 417 y siguientes.

Y sin lugar a dudas, la detenci�n justificada de cualquier persona en la Rep�blica de Honduras, implica su puesta a disposici�n de las autoridades competentes, lo que en este caso, claramente no sucedi�.

Tegucigalpa.

Departamento de Divulgaci�n y Prensa del Comit� de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)