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Nosotros, cristianos y cristianas pertenecientes a una diversidad de iglesias y organizaciones ecuménicas de Venezuela, América Latina, El Caribe y los Estados Unidos, concientes de nuestra responsabilidad ética frente a los acontecimientos que hoy sacuden a nuestros pueblos, en busca de ser una comunidad de vida, de honestidad y equidad queremos reconocer, en primer lugar, la presencia liberadora de Jesucristo en los eventos solidarios que afirman nuestra histórica decisión de ser pueblos libres, soberanos y dignos de vivir en una sociedad de justicia

Unimos nuestras voces a la de millones de cristianos y cristianas de Colombia víctimas de la guerra, a las iglesias de ese país comprometidas con los pobres, a los organismos de derechos humanos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que luchan para detener una de las guerras más largas y sangrientas de América Latina con más de 35.000 muertos, 15.000 desaparecidos y más de cuatro millones de desplazados.

Saludamos como muy positivo y esperanzador los esfuerzos de los gobiernos y pueblos latinoamericanos y caribeños destinados a lograr la paz y consolidar la integración. Nuestros pueblos tienen derecho a la autodeterminación solidaria, lo cual implica el establecimiento de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales justas e igualitarias, respetuosas de la diversidad, hermanados con los otros pueblos por una red de alianzas inquebrantables que nos permita caminar juntos hacia nuestra propia liberación.

Saludamos como muy positivos y esperanzadores los esfuerzos conducentes a un acuerdo humanitario en la hermana República de Colombia. La liberación de siete hermanos y hermanas, con la mediación del Presidente Chávez y de la senadora colombiana Piedad Córdova, son hechos concretos de amor que nos convocan a la unidad con esperanza y nos desafían a acompañar a nuestros pueblos en su largo caminar hacia la paz con justicia. Reconstruir la paz en Colombia y detener los intereses belicistas de quienes tratan de obstaculizar el acuerdo humanitario resulta un objetivo insoslayable y de alta prioridad para los pueblos de América Latina y El Caribe.

Nos sumamos a los pronunciamientos que rechazan el secuestro como arma de política, pero no desconocemos la voluntad de negociación mostrada por la dirigencia de la FARC, que ha dado como resultado la liberación unilateral de siete hermanos y hermanas colombianas. Unimos nuestras voces y voluntades por la liberación de Ingrid Betancourt y el resto de los secuestrados en poder de los insurgentes, así como de los prisioneros en las cárceles colombianas a causa de la guerra. Rechazamos las manipulaciones de los grandes medios de comunicación masiva controlados desde los centros de poder mundial y sus voceros nacionales en su afán por silenciar y mantener en la impunidad, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el ejercito regular de Colombia y los grupos paramilitares, traficantes de la muerte.

Estamos gratamente conmovidos por la discusión franca y de altura que se dio el día 7 de Marzo pasado en La República Dominicana en el marco de la Vigésima Cumbre de Jefes de Estado del Grupo de Río, que dio como resultado un acuerdo hacia una salida pacífica y dialógica del conflicto generado a raíz de la embestida de fuerzas militares colombianas a territorio ecuatoriano. Sabemos que hay mucho camino por recorrer, muchos obstáculos que sortear para que los intereses guerreristas, ajenos a la vocación de paz de nuestros pueblos, no conviertan los esfuerzos por un acuerdo humanitario en una negociación rígida, estacionaria, inhumana e infructuosa. La paz comenzará a vislumbrarse cuando cada una de las partes en conflicto estén preparadas para reconocer al otro.

Rechazamos las acciones unilaterales de cualquier gobierno que con vocación imperial se considere con el derecho a transgredir la soberanía de otros pueblos en nombre de su seguridad. Ante los graves acontecimientos que resultaron en la violación flagrante de la soberanía de Ecuador y el asesinato de más de veinte personas, estimamos que las medidas diplomáticas tomadas por los Presidentes Rafael Correa de Ecuador, Hugo Chávez de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, así como los acuerdos logrados por el Grupo de Río en República Dominicana, constituyen una reafirmación de nuestras soberanías, una acción pacífica en defensa de la integración solidaria, la autodeterminación, el derecho internacional humanitario de todos los pueblos de América Latina y El Caribe y un contundente rechazo a la doctrina de guerra preventiva que trata de imponernos el gobierno de los Estados Unidos.

Solicitamos a los jefes de gobierno de Ecuador, Venezuela y Colombia dar pasos orientados a normalizar las relaciones entre los Estados directamente involucrados a fin de salvaguardar las relaciones solidarias entre nuestros pueblos y, sobre todo, que no sea injustamente afectado el derecho de los más pobres. Pedimos perdón a los hermanos y hermanas de Colombia quienes durante mucho tiempo y en forma reiterada, nos han exhortado a tomar conciencia de la grave situación que vive su país y nos han exigido, con toda razón, no dar la espalda a este conflicto.

Llamamos a las comunidades cristianas y a todas las fuerzas religiosas y éticas del continente, incluyendo a las de Estados Unidos, a orar y trabajar a favor de las iniciativas humanitarias realizadas por el gobierno de Venezuela y otros gobiernos de la región y a promover la conformación de una misión continental de paz que favorezca las salidas diplomáticas y políticas fundamentadas en la solidaridad y el bien común, así como el establecimiento de un bloque solidario activo que promueva una ética vinculante para todas nuestras naciones, que haga de este continente un modelo de convivencia, reconciliación libertad y paz con justicia.

Caracas, Marzo de 2008.