EEUU: fin a las redadas y el trato inhumano con los
migrantes
Comunicado de prensa
Organizaciones
estadounidenses religiosas, de derechos humanos, de
derechos de las personas migrantes, y de solidaridad con
América Latina denuncian las redadas;
Hacen un llamado al alivio administrativo
y al fin de las políticas estadounidenses que conducen
al desplazamiento forzado de personas de Centroamérica y
México
En los días anteriores a la reunión del
vicepresidente Biden con los presidente de Honduras,
Guatemala y El Salvador, programada para el 14 de enero
y dedicada a las conversaciones sobre el polémico “Plan
Alianza para la Prosperidad”, más de veinte
organizaciones estadounidenses e internacionales
emitieron un pronunciamiento exhortando a la
administración de Obama a revisar y reconsiderar las
políticas estadounidenses que contribuyen al
desplazamiento de decenas de miles de personas de
Centroamérica, así como el cese inmediato de las redadas
de la agencia ICE (Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de los Estados Unidos) dirigidas hacia los
migrantes y refugiados de la región.
Laura Carlsen, Directora del programa CIP
Americas, describe las redadas como “parte de una
prolongada guerra en contra de las familias de migrantes
de las partes más violentas y económicamente
desfavorecidas América Central.”
Al hacer el llamado para la protección
humanitaria de los migrantes centroamericanos a través
del alivio administrativo, Oscar Chacón, Director
Ejecutivo de Alianza Américas, comentó, “El Presidente
Obama y el Secretario Jeh Johnson tienen que ser
lamentablemente ignorantes de las terribles
circunstancias que han obligado a estos niños y familias
a emprender el peligroso viaje a los Estados Unidos en
busca de refugio. Nuestro sistema actual no protege a
las familias que huyen de la violencia en los países del
‘Triángulo Norte de Centroamérica.’”
La carta señala dos políticas
estadounidenses que han contribuido a la crisis
humanitaria en la región: la guerra militarizada contra
el tráfico de drogas y “un modelo de desarrollo que
reduce las regulaciones del mercado y debilita las
protecciones laborales para atraer la inversión
extranjera directa que termina beneficiando a unos
pocos, y erosiona los servicios del sector público.”
Las organizaciones concluyen que la
respuesta militarizada de los Estados Unidos al tráfico
de drogas de “combatir el fuego con el fuego ha
resultado en una explosión de violencia armada que ha
alcanzado niveles insoportables en las comunidades
pobres,” despertando alarma sobre la decisión reciente
del Congreso de duplicar la ayuda militar y de seguridad
en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2016.
Políticas económicas como las
privatizaciones amplias y la extracción de recursos
naturales a gran escala, citadas por el grupo como
generadores de inestabilidad económica en la región, son
elementos fundamentales de la propuesta económica del
Plan Alianza para la Prosperidad que Biden ha estado
promoviendo desde noviembre del año pasado.
“El plan de Biden aparece tener un
enfoque primario en atraer formas inestables de
inversión extranjera directa que generan trabajos
precarios con sueldos de miseria y que pueden resultar
en grandes desplazamientos de trabajadores y
trabajadoras,” afirma Alexander Main, un analista con el
Centro de Investigación de Economía y Política.
En abril del año pasado, en una carta
entregada a los presidentes de los Estados Unidos,
México, El Salvador y Guatemala en la Cumbre de las
Américas, más de 75 organizaciones de protección del
medio ambiente, derechos humanos y derechos de la mujer
de los Estados Unidos, México y Centroamérica expresaron
preocupaciones sobre el Plan, señalando proyectos de
infraestructura como la construcción de un gasoducto
transportador de gas natural extraído por “fracking”,
desde México hasta Guatemala y Honduras, como un de alto
riesgo a desplazar aún más la población.
“Desafortunadamente ninguna de nuestras
preocupaciones han sido abordadas por la administración
de Obama,” dice Kathryn Johnson, del Comité Americano de
Servicio de los Amigos. “En lugar de examinar de cerca
las políticas propias de los Estados Unidos, el
Presidente lanzó un ataque agresivo contra miles de
familias que han estado sufriendo bajo las mismas.”
Raúl Grijalva (Arizona) y Keith Ellison
(Minnesota), los congresistas líderes del Grupo
Progresista del Congreso, que cuenta con 70 miembros
demócratas del Congreso, también exigieron un cese
inmediato a las redadas, describiendo como “inhumana”
la indiferencia de los funcionarios del Departamento de
Seguridad de la Patria (DHS) a las amenazas de violencia
y pobreza extremas enfrentadas por muchos migrantes
recientes.”
El año pasado, el Grupo Progresista
publicó recomendaciones sobre menores no acompañados que
hicieron un llamado a una revisión inmediata de la ayuda
de seguridad a los países del Triángulo Norte y México,
incluyendo CARSI y la Iniciativa Mérida, así como una
reforma de las políticas comerciales que han contribuido
a la migración forzada.
14 de enero de 2016
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