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SOA Watch
Oficina Latinoamericana
Colombia: Justicia y Paz responsabiliza a Uribe
Se�or Presidente
�lvaro Uribe V�lez
"�Ay de ustedes, que transforman las leyes en algo tan amargo como ajeno y tiran por el suelo la justicia. Ustedes calumnian y difaman al que defiende lo justo en el tribunal y maldicen a todo el que dice la verdad" Amos 5, 10
Reciba un respetuoso saludo y nuestra Constancia p�blica y Censura �tica ante la afirmaci�n que usted expres� hoy, en el marco de la conmemoraci�n del D�a de la Afrocolombianidad.
En la ciudad de Bogot� usted asever� que: " me parece muy grave que vengan nuevos conquistadores, as� se hagan llamar ONG, a disociar y a crear m�s problemas. La comunidad ha visto que el gobierno es su defensor frente a ese fraude, que se dej� cometer en el pasado con las tierras en Curvarad� y Jiguamiand�".
Respecto a estas graves declaraciones expresamos nuestra profunda objeci�n, porque ellas distorsionan y ocultan la grave vulneraci�n a los derechos fundamentales, de quienes fueron despojados de manera ilegal y violenta de sus tierras, para implementar en ellas cultivos de palma africana y ganader�a extensiva, que, valga decir, el gobierno financi� casi totalmente.
Su afirmaci�n pretende generar un clima de confusi�n y de deslegitimaci�n, frente a las exigencias que las v�ctimas de este despojo han hecho ante las estrategias ilegales y fraudulentas impulsadas por las empresas palmeras y de ganader�a extensiva, beneficiarias del paramilitarismo, buscando dar un rostro de legalidad y legitimidad a la criminalidad, como lo conoce el gobierno nacional.
Aunque en su alocuci�n usted s�lo se refiri� gen�ricamente a las �ONG del Choc�, para nosotros es evidente que se refer�a a nuestra organizaci�n, la cual ha venido acompa�ando a los miembros de los consejos comunitarios de Curvarad� y Jiguamiand�, algunos de ellos asociados en Zonas Humanitarias y de Biodiversidad.
Nuestra Comisi�n de Justicia y Paz acompa�a y representa jur�dicamente a estos grupos humanos en los procesos judiciales, que se adelantan por el despojo violento, desplazamiento forzado, da�os ambientales, fraude procesal a nivel nacional e internacional, as� como en un apoyo psicosocial, pedag�gico, y a iniciativas agroecol�gicas. Nuestro servicio en esta regi�n es una opci�n fundamentada en los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, inspirada en las fuentes del humanismo y la evang�lizaci�n prof�tica.
En el bajo Atrato hacemos presencia desde 1996, y gracias a ella hemos escuchado de manera directa los testimonios de las v�ctimas. Pero tambi�n nosotras y nosotros hemos sido testigos, hemos sido verificado y constatado el desarrollo de operaciones criminales que han contado con la participaci�n, la tolerancia y el accionar de las Brigadas 17, 15 y de la Polic�a del Urab�.
Bajo el pretexto de persecuci�n a las guerrillas de las Farc-Ep, la comisi�n de cr�menes de lesa humanidad ha generado el desplazamiento de miles de afrocolombianos, mestizos e ind�genas.
Durante los �ltimos 14 a�os se ha desatado un plan sistem�tico de exterminio con la pretensi�n de que luego del despojo violento, se inici� la colonizaci�n empresarial, protegida por el paramilitarismo y la fuerza p�blica, con la finalidad de imponer una econom�a a gran escala, basada en agronegocios de palma, de banano, de ganader�a extensiva, extracci�n minera, y de obras de infraestructura el�ctrica y vial con alt�simos costos humanos, ambientales y sociales en la Zona de Reserva Forestal.
La estrategia militar con operaciones paramilitares paso luego a una fase de control social, econ�mico y pol�tico. As�, las estructuras paramilitares, todav�a actuantes, crearon sus propias empresas o han protegido a otras empresas nacionales e internacionales. As� constituyeron organizaciones sociales como Asoprobeba, asociaciones campesinas y ONGs como Cordesvida, Asocom�n, y empresas como Multifruits Ltda.,adem�s de las conocidas como Urapalma, Palma de Cubarad�, Extractora Bajir� S.A., la Tukeka, entre otras, a trav�s de las cuales han pretendido legalizar y legitimar el despojo violento en Curvarad�, Jiguamiand� y Cacarica.
En Curbarad� y Jiguamiand� graves y sistem�ticas violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Humanitario se constatan en 142 asesinatos, 15 desplazamientos forzados, la ocupaci�n empresarial de mala fe de m�s de 7 mil hect�reas, proyectadas a 15 mil para la palma aceitera, y 14 mil para la extensi�n ganadera y la posible extracci�n minera .
Su aseveraci�n oculta la realidad que se vive en estas comunidades y cuestiona la independencia de poderes en Colombia. Pues su reacci�n adem�s parece ser una respuesta ante la decisi�n del Auto de mayo 18 de la Corte Constitucional que en derecho imposibilit� una restituci�n de los predios en contra de los derechos de los afrocolombianas.
Su apreciaci�n vulnerando las garant�as para nuestra presencia en esta conflictiva regi�n del pa�s. Pues como usted conoce, all� el conflicto armado persiste con actuaciones de las Farc-Ep, tanto como las operaciones del paramilitarismo en las que se devela una connivencia con la fuerza p�blica. El poder de influencia del paramilitarismo sobre las autoridades locales es evidente, con discretos funcionarios presos del temor del poder criminal.
Su afirmaci�n es grave porque falta a la verdad. Siendo usted el primer mandatario, deber�a asumir su responsabilidad �tica y pol�tica por apreciaciones tan equivocas y encubridoras de la realidad. Lamentablemente, su falsa apreciaci�n coincide con las difamaciones, campa�as medi�ticas de desprestigio, amenazas de muerte, orquestadas por militares, exmilitares, empresarios y paramilitares contra habitantes de esta regi�n del pa�s y contra las y los integrantes de nuestra Comisi�n de Justicia y Paz, raz�n de m�s para nuestra Censura �tica.
Por tal raz�n, le responsabilizamos de cualquier da�o irreparable, que implique la vulneraci�n de la vida e integridad personal de las y los habitantes de los Consejos Comunitarios, de las personas de organismos humanitarios internacionales y de las y los integrantes de nuestra Comisi�n de Justicia y Paz, que acompa�amos en Curbarad� y Jiguamiand� en el marco del derecho internacional y de la Constituci�n de 1991.
Con profunda preocupaci�n,