Soldados de
la Escuela de las Américas implicados en muerte de niño
de 15 años en Honduras
Hace un año, el 27 de Mayo de 2012, el joven Ebed Yanes,
de 15 años, estaba en camino a su casa, en la
motocicleta de su papá, en la capital de Honduras,
cuando no paró en un reten de control. Siete militares
le persiguieron en un vehículo pick up Ford 350 donado
por los Estados Unidos.
Entre ellos, el subteniente Josué Antonio Sierra, quien
se graduó el 2011 en WHINSEC, el nuevo nombre para la
Escuela de las Américas (SOA), fue quien dio la orden de
abrir fuego mientras que también él mismo bajó del carro
y comenzó también a disparar. El joven indefenso murió
inmediatamente.
El subteniente Sierra es miembro del Primer Batallón de
Fuerzas Especiales del Ejército, una unidad certificada
por los Estados Unidos tras verificar que sus oficiales
ni soldados violan los derechos humanos. Así, pueden
recibir ayuda militar de los EEUU como el vehículo que
usaron para perseguir y asesinar a Ebed.
Cuando los soldados informaron al oficial supervisor del
reten, graduado de la SOA, Teniente Coronel Juan Rubén
Girón, que habían matado a un niño, el arregló un
encubrimiento.
Soldados involucrados en la operación dijeron que él les
ordenó volver al lugar para levantar las evidencias. "El
fue quien nos dijo que teníamos que decir... que no
debíamos decirle a nadie lo que había sucedido."
Coronel Reynel Fúnes Ponce, también graduado de la SOA,
fue el Comandante del Primer Batallón de Fuerzas
Especiales, ordenó el cambio de las armas para que las
pruebas balísticas no dieran resultados.
Funes Ponce fue certificado por los EEUU por no ser
corrupto ni violar los derechos humanos; recibió esta
certificación a pesar de su papel previo como Comandante
de la Batallón XV, que ha sido vinculado con muchas
violaciones de derechos humanos, incluso ejecuciones
extrajudiciales de campesinos en el Bajo Aguan.
Coronel de artillería Jesús A. Mármol Yanes, quien
asistió 3 veces a la Escuela de las Américas y quien la
SOA considera un "Graduado Distinguido" dijo a los
investigadores que nunca fue informado de la muerte de
Ebed a pesar de testimonio al contrario y el registro de
esa noche.
Cuando la Fiscalía empezó la investigación, él y Fúnes
Ponce entregaron armas carabinas A2 en lugar de los
fusiles Pietro Bereta M-16 que utilizaron los militares
en el reten.
Otro
graduado de la SOA, Teniente Coronel Mariano Mendoza,
quien se desempeño como subcomandante del Primer
Batallón de Fuerzas Especiales, y un asesor legal
sugirieron a los soldados el testimonio para dar a los
investigadores.
En base de eso, los soldados inicialmente dijeron a los
investigadores que no estuvieron en la zona.
Seis oficiales militares son acusados del encubrimiento
y violación a los deberes de los funcionarios o abuso de
autoridad.
A pesar de su papel en encubrir la muerte de un joven
inocente, varios de estos oficiales fueron nombrados a
puestos mas altos este año.
Por ejemplo, Fúnes Ponce, quien cambió las armas, fue
nombrado Comandante del Comando de Operaciones
Especiales y Teniente Coronel Mendoza fue nombrado
Comandante del XVI Batallón de Infantería.
Además, las acusaciones en su contra están considerados
delitos en perjuicio de la administración pública y no
en perjuicio de la víctima. Así que el representante
legal de la víctima esta excluido del caso.
Con el sistema judicial, conocido por corrupción y
influencias, se deja el caso donde el gobierno, el juez,
y el ejército, llegan a un acuerdo entre ellos.
Como explica el Comité de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), esto es una manera
de facilitar la impunidad y “negar a las víctimas su
derecho inalienable de participar en el proceso
criminal”.
De hecho, sin la lucha incansable del papa de Ebed,
Wilfredo Yanes, este caso nunca hubiera visto la luz. El
joven Ebed hubiera sido uno de las tantas víctimas de
asesinato en Honduras cuyos casos nunca se investigan.
Cuando Wilfredo no pudo encontrar a su hijo el domingo
en la mañana, él y su esposa le fueron a buscar. Al
final, le encontraron en una morgue, donde le dijeron
que fue víctima de un asesinato en la calle.
Wilfredo no lo creyó y empezó a investigar. Encontró
testigos que vieron soldados encapuchados perseguir a su
hijo, le dieron una descripción del vehículo,
y casquillos.
Wilfredo fue al Comisionado Nacional de Derechos
Humanos, quien se negó a recibir su denuncia. También
fue a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, quien
recibió la denuncia pero no tenían vehículo para
investigar el caso entonces Wilfredo les llevó en su
carro.
Wilfredo y COFADEH han pedido la derogación del decreto
que permite que las Fuerzas Armadas patrullen en la
calle.
Después del golpe de estado militar en 2009, las Fuerzas
Armadas fueron parte de la fuerte represión en contra el
pueblo.
Luego vino decreto 223-2011 que faculta a las Fuerzas
Armadas para ejercer labores de policías en el marco de
un estado de emergencia de seguridad pública.
Desde que se declaró este estado de emergencia, en
noviembre de 2011, ha sido renovado cada vez que va a
vencer. Uno no tiene que manejar lejos para encontrar un
reten militar en la calle como el reten donde mataron a
Ebed.
Los EEUU sigue dando millones de dólares en ayuda
militar a Honduras, a pesar de las violaciones de
derechos humanos y las niveles altos de impunidad – lo
cual se manifiesta en la ascensión de militares que
encubrieron la muerte de este joven y la falta de
responsabilidad por la muerte de otros civiles
inocentes.
La influencia de intereses poderosos en el sistema
judicial de Honduras es profundo.
En el caso de la muerte de Ebed, aun con el testimonio
de soldados que ahora son víctimas protegidos, solo una
persona ha sido acusada de homicidio.
Convenientemente, no es el subteniente Sierra, quien fue
entrenado por los EEUU, parte de la unidad certificada
por los EEUU, y encargado del vehículo donado por los
EEUU – aunque el dio la orden de disparar y disparó el
mismo.
Únete a COFADEH en su campaña en contra de la impunidad
en Honduras y mandar un postal a las autoridades
Hondureñas para exigir justicia por Ebed y la derogación
del decreto 223-2011.
B.Gynther
