Soldados de
la Escuela de las Am�ricas implicados en muerte de ni�o
de 15 a�os en Honduras
Hace un a�o, el 27 de Mayo de 2012, el joven Ebed Yanes,
de 15 a�os, estaba en camino a su casa, en la
motocicleta de su pap�, en la capital de Honduras,
cuando no par� en un reten de control. Siete militares
le persiguieron en un veh�culo pick up Ford 350 donado
por los Estados Unidos.
Entre ellos, el subteniente Josu� Antonio Sierra, quien
se gradu� el 2011 en WHINSEC, el nuevo nombre para la
Escuela de las Am�ricas (SOA), fue quien dio la orden de
abrir fuego mientras que tambi�n �l mismo baj� del carro
y comenz� tambi�n a disparar. El joven indefenso muri�
inmediatamente.
El subteniente Sierra es miembro del Primer Batall�n de
Fuerzas Especiales del Ej�rcito, una unidad certificada
por los Estados Unidos tras verificar que sus oficiales
ni soldados violan los derechos humanos. As�, pueden
recibir ayuda militar de los EEUU como el veh�culo que
usaron para perseguir y asesinar a Ebed.
Cuando los soldados informaron al oficial supervisor del
reten, graduado de la SOA, Teniente Coronel Juan Rub�n
Gir�n, que hab�an matado a un ni�o, el arregl� un
encubrimiento.
Soldados involucrados en la operaci�n dijeron que �l les
orden� volver al lugar para levantar las evidencias. "El
fue quien nos dijo que ten�amos que decir... que no
deb�amos decirle a nadie lo que hab�a sucedido."
Coronel Reynel F�nes Ponce, tambi�n graduado de la SOA,
fue el Comandante del Primer Batall�n de Fuerzas
Especiales, orden� el cambio de las armas para que las
pruebas bal�sticas no dieran resultados.
Funes Ponce fue certificado por los EEUU por no ser
corrupto ni violar los derechos humanos; recibi� esta
certificaci�n a pesar de su papel previo como Comandante
de la Batall�n XV, que ha sido vinculado con muchas
violaciones de derechos humanos, incluso ejecuciones
extrajudiciales de campesinos en el Bajo Aguan.
Coronel de artiller�a Jes�s A. M�rmol Yanes, quien
asisti� 3 veces a la Escuela de las Am�ricas y quien la
SOA considera un "Graduado Distinguido" dijo a los
investigadores que nunca fue informado de la muerte de
Ebed a pesar de testimonio al contrario y el registro de
esa noche.
Cuando la Fiscal�a empez� la investigaci�n, �l y F�nes
Ponce entregaron armas carabinas A2 en lugar de los
fusiles Pietro Bereta M-16 que utilizaron los militares
en el reten.
Otro
graduado de la SOA, Teniente Coronel Mariano Mendoza,
quien se desempe�o como subcomandante del Primer
Batall�n de Fuerzas Especiales, y un asesor legal
sugirieron a los soldados el testimonio para dar a los
investigadores.
En base de eso, los soldados inicialmente dijeron a los
investigadores que no estuvieron en la zona.
Seis oficiales militares son acusados del encubrimiento
y violaci�n a los deberes de los funcionarios o abuso de
autoridad.
A pesar de su papel en encubrir la muerte de un joven
inocente, varios de estos oficiales fueron nombrados a
puestos mas altos este a�o.
Por ejemplo, F�nes Ponce, quien cambi� las armas, fue
nombrado Comandante del Comando de Operaciones
Especiales y Teniente Coronel Mendoza fue nombrado
Comandante del XVI Batall�n de Infanter�a.
Adem�s, las acusaciones en su contra est�n considerados
delitos en perjuicio de la administraci�n p�blica y no
en perjuicio de la v�ctima. As� que el representante
legal de la v�ctima esta excluido del caso.
Con el sistema judicial, conocido por corrupci�n y
influencias, se deja el caso donde el gobierno, el juez,
y el ej�rcito, llegan a un acuerdo entre ellos.
Como explica el Comit� de Familiares de Detenidos
Desaparecidos en Honduras (COFADEH), esto es una manera
de facilitar la impunidad y �negar a las v�ctimas su
derecho inalienable de participar en el proceso
criminal�.
De hecho, sin la lucha incansable del papa de Ebed,
Wilfredo Yanes, este caso nunca hubiera visto la luz. El
joven Ebed hubiera sido uno de las tantas v�ctimas de
asesinato en Honduras cuyos casos nunca se investigan.
Cuando Wilfredo no pudo encontrar a su hijo el domingo
en la ma�ana, �l y su esposa le fueron a buscar. Al
final, le encontraron en una morgue, donde le dijeron
que fue v�ctima de un asesinato en la calle.
Wilfredo no lo crey� y empez� a investigar. Encontr�
testigos que vieron soldados encapuchados perseguir a su
hijo, le dieron una descripci�n del veh�culo,
y casquillos.
Wilfredo fue al Comisionado Nacional de Derechos
Humanos, quien se neg� a recibir su denuncia. Tambi�n
fue a la Fiscal�a Especial de Derechos Humanos, quien
recibi� la denuncia pero no ten�an veh�culo para
investigar el caso entonces Wilfredo les llev� en su
carro.
Wilfredo y COFADEH han pedido la derogaci�n del decreto
que permite que las Fuerzas Armadas patrullen en la
calle.
Despu�s del golpe de estado militar en 2009, las Fuerzas
Armadas fueron parte de la fuerte represi�n en contra el
pueblo.
Luego vino decreto 223-2011 que faculta a las Fuerzas
Armadas para ejercer labores de polic�as en el marco de
un estado de emergencia de seguridad p�blica.
Desde que se declar� este estado de emergencia, en
noviembre de 2011, ha sido renovado cada vez que va a
vencer. Uno no tiene que manejar lejos para encontrar un
reten militar en la calle como el reten donde mataron a
Ebed.
Los EEUU sigue dando millones de d�lares en ayuda
militar a Honduras, a pesar de las violaciones de
derechos humanos y las niveles altos de impunidad � lo
cual se manifiesta en la ascensi�n de militares que
encubrieron la muerte de este joven y la falta de
responsabilidad por la muerte de otros civiles
inocentes.
La influencia de intereses poderosos en el sistema
judicial de Honduras es profundo.
En el caso de la muerte de Ebed, aun con el testimonio
de soldados que ahora son v�ctimas protegidos, solo una
persona ha sido acusada de homicidio.
Convenientemente, no es el subteniente Sierra, quien fue
entrenado por los EEUU, parte de la unidad certificada
por los EEUU, y encargado del veh�culo donado por los
EEUU � aunque el dio la orden de disparar y dispar� el
mismo.
�nete a COFADEH en su campa�a en contra de la impunidad
en Honduras y mandar un postal a las autoridades
Hondure�as para exigir justicia por Ebed y la derogaci�n
del decreto 223-2011.
B.Gynther
