SOA Watch quiere manifestar a la comunidad
internacional su rechazo a las condenas, que van
desde los 4 a los 35 años de cárcel, en que han sido
sentenciados los campesinos y campesinas en Paraguay
por el juicio de los hechos de la “Masacre de
Curuguaty” ocurridos el 15 de junio de 2012 y donde
resultaron muertos 6 policías y 11 campesinos en una
acción de desalojo ordenada por las autoridades.
Estos lamentables hechos, recordemos, se utilizaron
como argumento para iniciar un juicio político
“express” al presidente Fernando Lugo, sin las
debidas garantías de un juicio justo e imparcial, y
que terminaron destituyéndolo del cargo lo que por
muchos ha sido considerado un verdadero golpe de
estado.
Es importante mencionar, sobre el juicio a las y los
campesinos, que ningún oficial de la policía
paraguaya fue investigado por la justicia por la
muerte de los campesinos en la “Masacre de
Curuguaty” pese a la presunción que pudieron haber
sido ejecutados extrajudicialmente, posteriormente,
varios de los campesinos muertos.
Debemos recordar que una Misión
de Observación de SOAW visitó el Paraguay, en abril
del 2013, donde expresamos nuestra preocupación por
este caso señalando en un Informe Público que:
“No se puede privar de su libertad a personas por
acusaciones genéricas, sin elementos concluyentes ni
certeza de individualización de los presuntos
ejecutores. Consideramos un grave atentado a los
derechos humanos mantener en prisión a personas sin
tener pruebas y en varios casos de manera
arbitraria”.
La Misión de Observación de SOAW recibió
testimonios de torturas en contra de los campesinos
detenidos y “diversos testimonios, así como
investigaciones paralelas a la de la fiscalía, que
denuncian la ejecución sumaria de varios de los 11
campesinos fallecidos”.
“Consideramos que la tragedia de Curuguaty, desde
las gestiones jurídicas que la posibilitaron, tienen
graves irregularidades que demuestran la
instrumentalización del Estado por poderes fácticos
y mafiosos. Según han declarado Ministros de la
Corte Suprema de Justicia, las tierras de Marina Cué
no son propiedad de la Familia Riquelme sino que
fueron donadas por la Industrial Paraguaya al Estado
Paraguayo, quien nunca, sin embargo, tituló a su
nombre las tierras. Es decir, ni el Estado ni los
Riquelme tenían los títulos de la propiedad. De esta
manera, la incursión policial (disfrazada de
allanamiento) para desalojar a los ocupantes es a
todas luces ilegal”, señalamos en el informe
cuestionando la legalidad del procedimiento policial
el que llevó a esta masacre.
Luego de más de cuatro años de estos hechos, debemos
decir que la justicia no ha llegado para las y los
campesinos condenados.
Uno de sus abogados defensores, Víctor Azuaga, ha
señalado a la prensa que la condena es lamentable
por la falta de pruebas: “No hay medios probatorios.
Y las pruebas materiales tampoco son fiables. Las
armas que fueron incautadas, según la propia
Fiscalía, no (fueron las que) dispararon, ya que la
prueba de la parafina realizada a los campesinos
muertos (y que supuestamente habrían disparado a los
policías) fue negativa y eso quiere decir que no
pudieron ser responsables de los hechos punibles”.
Por lo anterior, queremos expresar nuestra
solidaridad con las y los campesinos condenados, con
sus familiares, y con las organizaciones sociales y
de derechos humanos que los han acompañado todos
estos años clamando por justicia.
Nos sumamos a nuestros aliados de SERPAJ
Paraguay que
rechazan de “forma rotunda la sentencia” y pedimos,
junto a ellos, “la revisión de la causa y la nulidad
del juicio por vicios de origen que le impiden
responder adecuadamente a condiciones básicas de
imparcialidad y exhaustividad”.
Finalmente, sigue pendiente que el Estado del
Paraguay responda de manera clara y objetiva ¿Qué
pasó en Curuguaty?
Sigue pendiente que llegue la justicia…
En solidaridad,
SOA Watch
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Foto de: http://latincorrespondent.com/2016/07/campesinos-carcel-masacre-curuguaty/
