Misi�n 
					internacional de observaci�n de denuncias de violaciones de 
					derechos humanos en el caso Curuguaty y monitoreo de 
					elecciones en Paraguay
					
					17 al 22 de abril de 2013
					
					SOA WATCH
					
					
					
					Informe en PDF
					
					Introducci�n
					
					Desde el 17 al 22�de 
					abril, la Misi�n de Observaci�n de� derechos humanos�de la 
					SOA Watch (Observatorio de la Escuela de las Am�ricas) 
					realiz� una visita al Paraguay reuni�ndose con organismos de 
					derechos humanos y agrupaciones sociales para conocer in 
					situ la situaci�n de los derechos humanos y que preocupan a 
					la organizaci�n internacional.
					
					Curuguaty
					
					La Misi�n de 
					SOA Watch visit� a los�y 
					las campesinas/os judicializados/as por el caso de la 
					masacre de Curuguaty, los que se encuentran en situaci�n 
					carcelaria�en 
					Coronel�Oviedo.
					
					
					
					Visitando a los campesinos en 
					C�rcel de Coronel Oviedo
					
					La delegaci�n 
					fue acompa�ada�por 
					el premio Nobel alternativo de la Paz, Mart�n Almada.
					
					Tambi�n 
					realiz� una visita a la ciudad de Curuguaty, para conocer el 
					sitio de la Masacre de junio de 2012 en Marina Cu�, y 
					poblaciones afectadas como Br�tez Cue e Yvy Pyta, as� como a 
					las personas que se encuentran con prisi�n domiciliaria.
					
					A nivel 
					internacional, a organismos de derechos humanos han llegado 
					denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos 
					arbitrarios, torturas y�la 
					parcialidad de la investigaci�n desarrollada por la fiscal�a 
					general de Paraguay en el caso.
					
					
					Antecedentes
					
					11 campesinos 
					y 6 polic�as murieron en un intento de desalojo que conllev� 
					a una balacera en Marina Cue, en la localidad de Curuguaty, 
					250 km al noreste de Asunci�n. Esto, durante la incursi�n de 
					una comitiva policial fuertemente armada. Los campesinos y 
					campesinas hab�an ocupado las tierras alegando que hab�an 
					sido usurpadas al Estado por parte del empresario y pol�tico 
					colorado Blas N. Riquelme.
					
					La derivaci�n 
					principal de la masacre fue�el 
					�juicio pol�tico� al entonces presidente Fernando Lugo. La 
					destituci�n ha sido cuestionada por la comunidad nacional e 
					internacional por no respetar las normas de un debido 
					proceso.
					
					Recientemente, 
					el informe del Comit� de derechos humanos de�las 
					Naciones Unidas sobre Paraguay, ha expresado su preocupaci�n 
					por este caso (Curuguaty) �por la informaci�n recibida que 
					demuestra falta de imparcialidad e independencia en los 
					procesos de investigaci�n desarrollados�.
					
					Naciones 
					Unidas tambi�n �expresa su particular preocupaci�n por los 
					recientes homicidios de Vidal Vega, l�der campesino y 
					testigo en el caso Curuguaty, y de Benjam�n Lezcano, 
					Secretario General de la Coordinadora Campesina �Dr. Gaspar 
					Rodr�guez de Francia�.
					
					Tras la 
					matanza, la fiscal�a se aboc� a investigar solo a los 
					campesinos. Hay 14 acusados por asociaci�n criminal, 
					invasi�n de inmueble y homicidio doloso (tentativa en 
					algunos casos); y frustraci�n de la persecuci�n y ejecuci�n 
					penal. La investigaci�n oficial se basa en un testigo cuya 
					identidad se ignora, y sostiene la tesis de que hubo una 
					emboscada de parte de los campesinos hacia polic�as.
					
					Tras los 
					encarcelamientos, los campesinos y campesinas han llegado a 
					optar por medidas extremas como la huelga de hambre, para 
					exigir justicia y denunciar irregularidades.
					
					Elecciones
					
					La Misi�n de 
					Observaci�n de SOA Watch a Paraguay tambi�n estuvo 
					monitoreando el desarrollo de las elecciones nacionales de 
					este domingo 21 de abril que dio por ganador a Horacio 
					Cartes, de la Asociaci�n Nacional Republicana (Partido 
					Colorado).
					
					Dichas elecciones se dan luego de la cuestionada destituci�n del 
					presidente Fernando Lugo�de 
					junio de 2012.
					
					Consideraciones y preocupaciones
					
					En relaci�n a 
					las denuncias e informaciones recibidas, tras reunirse con 
					organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, 
					v�ctimas, presos, presas y familiares, la SOA Watch 
					manifiesta lo siguiente:
					
					1-Preocupa 
					la falta de asistencia por parte del Estado a los familiares 
					y v�ctimas de la masacre de Curuguaty.
					
					Un caso 
					concreto es el de Juana Evangelista Mart�nez viuda de Ru�z, 
					quien perdi� a su marido, quedando con 6 hijos, y 
					pr�cticamente sin posibilidades de ingresos econ�micos para 
					sostenerlos. Las edades de los ni�os oscilan entre 6 y 12 
					a�os. Actualmente vive de espor�dicos ingresos que le genera 
					lavar ropas a sus vecinos, y gracias a la solidaridad de 
					algunas organizaciones que les asisten con algunos v�veres.
					
					Otros casos 
					resaltantes son los de Luis Olmedo, su esposa Dolores L�pez, 
					y Fanny Olmedo (hermana de Luis). Ellos viven junto a la 
					madre de los Olmedo, dos ni�as menores y el reci�n nacido 
					hijo de Dolores y Luis. Se encuentran con prisi�n 
					domiciliaria de manera �preventiva� (aguardan juicio), y no 
					se les permite ir ni a la despensa que est� en frente. 
					Debido a esta condici�n, no pueden salir a trabajar y 
					generar ingresos para subsistir. Tambi�n deben sobrevivir 
					gracias a la solidaridad de algunas organizaciones.
					
					Fanny est� en 
					los �ltimos meses de embarazo, mientras Dolores dio a luz el 
					15 de abril, y se encuentra aun en puerperio. Ambas 
					estuvieron presas en violaci�n al C�digo Civil paraguayo, y 
					liberadas tras la denuncia por parte de organizaciones 
					sociales y ciudadanos asociados a la causa, en organismos 
					internacionales, y mediante la realizaci�n de una huelga de 
					hambre por parte de los presos que exig�an la liberaci�n de 
					las mismas. �
					
					El Estado 
					tiene la obligaci�n de brindarles asistencia. Pedimos la 
					reparaci�n gubernamental para las familias, a fin de que 
					puedan proteger sus necesidades b�sicas.
					
					2-Preocupa 
					la situaci�n de los presos del caso Curuguaty. No se puede 
					privar de su libertad a personas por acusaciones gen�ricas, 
					sin elementos concluyentes ni certeza de individualizaci�n 
					de los presuntos ejecutores.
					
					Consideramos 
					un grave atentado a los derechos humanos mantener en prisi�n 
					a personas sin tener pruebas, y en varios casos de manera 
					arbitraria.
					
					A modo de 
					ejemplo citamos el caso de Felipe Ben�tez, quien ni siquiera 
					era ocupante de Marina Cu�. El mismo hab�a ido a visitar a 3 
					sobrinos al campamento, donde se qued� a pescar y pasar la 
					noche, el d�a antes de la tragedia.
					
					Tanto Ben�tez, 
					como Adalberto Castro y Arnaldo Quintana, quienes se 
					encuentran en la Penitenciaria de Coronel Oviedo, adem�s de 
					negar haber participado en enfrentamiento alguno, 
					testimonian haber sido torturados (estando heridos de bala 2 
					de ellos) por polic�as al ser arrestados y llevados al borde 
					de la ejecuci�n sumaria por parte sus captores. Diversos 
					testimonios campesinos, as� como investigaciones paralelas a 
					la de la fiscal�a denuncian la ejecuci�n sumaria de varios 
					de los 11 campesinos fallecidos.
					
					Hemos 
					constatado a trav�s de las declaraciones p�blicas de las 
					autoridades, que no se respeta la presunci�n de inocencia de 
					los campesinos y la existencia de una manifiesta 
					parcialidad.
					
					Llamamos al 
					gobierno, al Poder judicial, a mostrar evidencia concreta, o 
					de manera contraria darles la libertad como corresponde.
					
					3-Consideramos 
					que la violaci�n de un derecho fundamental, estipulado en el 
					art�culo 114 de la Constituci�n paraguaya, que garantiza la 
					distribuci�n y tenencia de tierras de manera equitativa a 
					trav�s de la Reforma Agraria, �es el principal detonante de 
					la tragedia de Curuguaty. La injusta condici�n social a la 
					que est�n sometidos muchos campesinos y campesinas de 
					Paraguay. El 80 % de las tierras cultivables est�n en manos 
					de 2 % de propietarios, mientras unos 300 mil labriegos no 
					tienen d�nde cultivar.
					
					Citamos 
					nuevamente el caso de Juana Evangelista Mart�nez, quien vive 
					en un terreno prestado donde no pueden cultivar. La 
					condici�n de despose�dos llev� a su marido a la decisi�n de 
					sumarse a los ocupantes de Marina Cu�, 8 d�as antes de la 
					imprevista matanza, �por querer alimentar a su familia�, 
					seg�n dice la viuda.
					
					Tambi�n es el 
					caso de Luis Olmedo, quien vive en un peque�o terreno, 
					�sitio�, que no tiene t�tulo ni espacio para cultivos.
					
					4- 
					Consideramos que la tragedia de Curuguaty, desde las 
					gestiones jur�dicas que la posibilitaron tienen graves 
					irregularidades que demuestran la instrumentalizaci�n del 
					Estado por poderes f�cticos y mafiosos. Seg�n han declarado 
					d�as atr�s Ministros de la Corte Suprema de Justicia, las 
					tierras de Marina Cu� no son propiedad de la Familia 
					Riquelme. Fueron donados por la Industrial Paraguaya al 
					Estado Paraguayo, quien nunca titul� a su nombre las 
					tierras. Es decir, ni el Estado ni los Riquelme ten�an los 
					t�tulos de la propiedad. De esta manera, la incursi�n 
					policial (disfrazada de allanamiento) para desalojar a los 
					ocupantes es a todas luces ilegal.
					
					Esta condici�n 
					deja sin argumentos a uno de los principales puntos de 
					imputaci�n de los campesinos y campesinas, la �invasi�n de 
					inmueble�.
					
					Una 
					investigaci�n imparcial deber�a apuntar a los sectores de 
					poder que manipularon la justicia para sus intereses 
					particulares. Entre ellos: el propietario que orden� el 
					desalojo y el juez que dio la orden.
					
					Es sumamente 
					sospechoso que el principal instigador del desalojo ilegal, 
					el fallecido Blas. N. Riquelme, sea del mismo partido 
					pol�tico que posteriormente utiliz� la tragedia para 
					impulsar el juicio pol�tico a Fernando Lugo. Deben ser 
					objeto de investigaci�n tambi�n los sectores pol�ticos 
					beneficiados por la tragedia, cuyos referentes se conoce que 
					realizaron gestiones a trav�s del Congreso paraguayo para 
					desalojar a los campesinos y campesinas de Marina Cu�, y 
					beneficiar a Riquelme.
					
					Su vinculaci�n 
					con el sector pol�tico de la familia Riquelme, desautoriza 
					al fiscal del caso Jalil Rachid, amigo de la familia e hijo 
					del tambi�n pol�tico colorado Bader Rachid (a su vez amigo 
					del Fallecido Blas N. Riquelme). Lo desautoriza como figura 
					neutral para investigar un caso con intereses tan complejos.
					
					Lamentamos que 
					por intereses mezquinos se haya producido la p�rdida de 17 
					vidas humanas.
					
					Los sucesos 
					del 15 de junio de 2012 demuestran la existencia de una 
					conducta pol�tica y jur�dica preeminentemente abocada a la 
					defensa de sectores poderosos, y en contrapartida, dedicada 
					a reprimir y judicializar a sectores vulnerables que 
					reclaman sus derechos, y que son mayor�a.
					
					La 
					movilizaci�n de 300 efectivos policiales, acompa�ados de un 
					despliegue b�lico, con helic�ptero, armas de guerra, montada 
					y ambulancias, para desalojar de manera ilegal a unos 45 
					campesinos pobres demuestran el poder�o de los sectores que 
					manejan la justicia para sus intereses particulares.
					
					5-Encontramos 
					insostenible la tesis de la fiscal�a respecto a la presunta 
					emboscada organizada por los campesinos. La situaci�n de 
					precariedad y la presencia de mujeres embarazadas y ni�os en 
					el campamento hacen poco cre�ble la versi�n de que se haya 
					premeditado un campo de batalla.
					
					Elecciones
					
					La SOA Watch 
					tambi�n estuvo monitoreando las elecciones nacionales de 
					este domingo 21 de abril en Paraguay.
					
					En ese 
					sentido, reconocemos la tranquilidad con la que se 
					desarroll� el sufragio.
					
					No obstante, 
					dejamos constancia de nuestra preocupaci�n por el retorno al 
					poder de un sector pol�tico que implant� por 35 a�os una 
					dictadura que materializ� violaciones de derechos humanos, 
					persecuciones, exilio, torturas y cr�menes de lesa 
					humanidad.
					
					Un signo 
					pol�tico bajo cuyo gobierno de �transici�n democr�tica� se 
					mantuvo un modelo econ�mico-pol�tico clientelista y corrupto 
					que tuvo excluido de sus derechos b�sicos a los sectores m�s 
					vulnerables de la poblaci�n paraguaya. Se mantuvieron 
					tambi�n actos de represi�n contra organizaciones sociales, 
					que quedan constatadas en los m�s de 100 l�deres campesinos 
					fallecidos en el marco de la lucha por la tierra.
					
					Nos preocupa 
					fuertemente la simpat�a y la reivindicaci�n de la dictadura 
					expresada en medios de prensa durante su campa�a por parte 
					del presidente electo Horacio Cartes. Este reivindic� la 
					�Paz y progreso� (slogan de la dictadura) que �brind� el 
					Partido Colorado en sus 60 a�os anteriores en el poder. 
					Tambi�n vemos preocupantes sus expresiones de desprecio 
					hacia las personas con distinta opci�n sexual, los 
					sindicatos y sus intenciones de instalar en el poder a su 
					partido �para siempre�, las que denotan aspiraciones 
					excluyentes y totalitarias. Todo esto sin contar con sus 
					v�nculos con sectores retardatarios.
					
					Las denuncias 
					de sus v�nculos con sectores ilegales como el narcotr�fico, 
					el contrabando y el lavado de dinero, deja mucha duda 
					respecto a que el mismo pueda o quiera cambiar el modelo 
					pol�tico y econ�mico que estableci� su partido por 60 a�os.
					
					Expresamos 
					nuestro deseo de que Paraguay no retorne a los a�os m�s 
					oscuros de violaci�n de derechos humanos.
					
					Respecto al 
					desarrollo de las elecciones, acotamos como hecho irregular 
					el anuncio por parte del Ministro del Tribunal Superior de 
					Justicia Electoral Juan Manuel Morales, quien en horas de la 
					ma�ana estaba indicando quien iba ganar las elecciones. En 
					flagrante violaci�n del C�digo Electoral, desanimando a que 
					algunos sectores acudan a votar.
					
					Sobre SOA 
					Watch
					
					SOA Watch, con 
					oficina en Washington DC, y tambi�n en Venezuela�y 
					Chile, fue fundado en 1990 por el sacerdote Maryknoll Roy 
					Bourgeois. Es una organizaci�n de activistas no violentos 
					preocupados por los derechos humanos y que monitorean el 
					comportamiento de soldados latinoamericanos, egresados e 
					instructores, que son entrenados por el Ej�rcito de Estados 
					Unidos en la Escuela de las Am�ricas. La Escuela de las 
					Am�ricas, denominada tambi�n "Escuela de asesinos" o 
					�Escuela de los golpes�, fue el centro de formaci�n de los 
					m�s grandes represores y torturadores de las dictaduras 
					latinoamericanas, y sigue en funciones.
					
					
					Observadores de la Misi�n SOA Watch en Paraguay fueron:
					
					Theresa 
					Cameranesi
					
					Susan Lagos
					
					Emily Creigh
					
					
					Cristian S�nchez
					
					
					Frank Schneider
					
					
					Gary Hagermann
					
					
					William Karr