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EEUU: fin a las redadas y el trato inhumano con los migrantes

Comunicado de prensa

Organizaciones estadounidenses religiosas, de derechos humanos, de derechos de las personas migrantes, y de solidaridad con América Latina denuncian las redadas;
 

Hacen un llamado al alivio administrativo y al fin de las políticas estadounidenses que conducen al desplazamiento forzado de personas de Centroamérica y México    

En los días anteriores a la reunión del vicepresidente Biden con los presidente de Honduras, Guatemala y El Salvador, programada para el 14 de enero y dedicada a las conversaciones sobre el polémico “Plan Alianza para la  Prosperidad”, más de veinte organizaciones estadounidenses e internacionales emitieron un pronunciamiento exhortando a la administración de Obama a revisar y reconsiderar las políticas estadounidenses que contribuyen al desplazamiento de decenas de miles de personas de Centroamérica, así como el cese inmediato de las redadas de la agencia ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) dirigidas hacia los migrantes y refugiados de la región.

Laura Carlsen, Directora del programa CIP Americas, describe las redadas como “parte de una prolongada guerra en contra de las familias de migrantes de las partes más violentas y económicamente desfavorecidas América Central.”

Al hacer el llamado para la protección humanitaria de los migrantes centroamericanos a través del alivio administrativo, Oscar Chacón, Director Ejecutivo de Alianza Américas, comentó, “El Presidente Obama y el Secretario Jeh Johnson tienen que ser lamentablemente ignorantes de las terribles circunstancias que han obligado a estos niños y familias a emprender el peligroso viaje a los Estados Unidos en busca de refugio. Nuestro sistema actual no protege a las familias que huyen de la violencia en los países del ‘Triángulo Norte de Centroamérica.’”

La carta señala dos políticas estadounidenses que han contribuido a la crisis humanitaria en la región:  la guerra militarizada contra el tráfico de drogas y “un modelo de desarrollo que reduce las regulaciones del mercado y debilita las protecciones laborales para atraer la inversión extranjera directa que termina beneficiando a unos pocos, y erosiona los servicios del sector público.”

Las organizaciones concluyen que la respuesta militarizada de los Estados Unidos al tráfico de drogas de “combatir el fuego con el fuego ha resultado en una explosión de violencia armada que ha alcanzado niveles insoportables en las comunidades pobres,” despertando alarma sobre la decisión reciente del Congreso de duplicar la ayuda militar y de seguridad en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2016.

Políticas económicas como las privatizaciones amplias y la extracción de recursos naturales a gran escala, citadas por el grupo como generadores de inestabilidad económica en la región, son elementos fundamentales de la propuesta económica del Plan Alianza para la Prosperidad que Biden ha estado promoviendo desde noviembre del año pasado.

“El plan de Biden aparece tener un enfoque primario en atraer formas inestables de inversión extranjera directa que generan trabajos precarios con sueldos de miseria y que pueden resultar en grandes desplazamientos de trabajadores y trabajadoras,” afirma Alexander Main, un analista con el Centro de Investigación de Economía y Política.  

En abril del año pasado, en una carta entregada a los presidentes de los Estados Unidos, México, El Salvador y Guatemala en la Cumbre de las Américas, más de 75 organizaciones de protección del medio ambiente, derechos humanos y derechos de la mujer de los Estados Unidos, México y Centroamérica expresaron preocupaciones sobre el Plan, señalando proyectos de infraestructura como la construcción de un gasoducto transportador de gas natural extraído por “fracking”, desde México hasta Guatemala y Honduras, como un de alto riesgo a desplazar aún más la población.

“Desafortunadamente ninguna de nuestras preocupaciones han sido abordadas por la administración de Obama,” dice Kathryn Johnson, del Comité Americano de Servicio de los Amigos. “En lugar de examinar de cerca las políticas propias de los Estados Unidos, el Presidente lanzó un ataque agresivo contra miles de familias que han estado sufriendo bajo las mismas.” 

Raúl Grijalva (Arizona) y Keith Ellison (Minnesota), los congresistas líderes del Grupo Progresista del Congreso, que cuenta con 70 miembros demócratas del Congreso, también exigieron un cese inmediato a las redadas, describiendo como “inhumana”  la indiferencia de los funcionarios del Departamento de Seguridad de la Patria (DHS) a las amenazas de violencia y pobreza extremas enfrentadas por muchos migrantes recientes.”

El año pasado, el Grupo Progresista publicó recomendaciones sobre menores no acompañados que hicieron un llamado a una revisión inmediata de la ayuda de seguridad a los países del Triángulo Norte y México, incluyendo CARSI y la Iniciativa Mérida, así como una reforma de las políticas comerciales que han contribuido a la migración forzada.

14 de enero de 2016
 



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